Unidas Podemos lleva ya dos semanas apretando a la otra parte del Gobierno, el PSOE, para que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluyan la intervención del mercado de alquiler de viviendas. Pero fuentes del Ejecutivo confirman a este periódico que la intención del Ministerio de Transportes, competente en este campo, es la de rechazarlo de plano. Y que, en este punto, José Luis Ábalos cuenta con el respaldo de Moncloa.

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Es uno de los puntos que están firmados en el acuerdo de coalición y los de Pablo Iglesias lo quieren ya vigente. Para eso, exigen su reflejo en el proyecto de Presupuestos que se lleve al Congreso tras su aprobación en Consejo de Ministros, muy probablemente, esta misma semana. Pero Ábalos, número tres del PSOE, se niega. "Las cosas, a su ritmo y con su lógica", explica una fuente de su entorno.

Pero desde el entorno de Iglesias recuerdan que no pretenden nada nuevo. Que la política de fijación de precios máximos ya se incluyó en el proyecto de los Presupuestos no natos de 2019, aquéllos que al ser rechazados en el Congreso por los independentistas de Esquerra decayeron y dieron como resultado el rally electoral del 28-A y el 10-N. Y que en el pacto de la coalición [consúltelo aquí], éste es el primer punto que se desarrolla en el apartado 2.9) sobre política de Vivienda.

Seguridad jurídica

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el Ministerio de Transportes sí tiene previsto abordar este asunto. De hecho, en sus oficinas ya se está redactando el anteproyecto de Ley General de Vivienda. "No queremos correr", explican las fuentes ya citadas, "pero sabemos que la crisis socioeconómica provocada por la Covid nos hace ir con urgencia". Así, el entorno de Ábalos cree que a principios del mes de febrero se podría aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto para que el texto inicie su periplo parlamentario.

Aunque desde Unidas Podemos no quieren esperar. En las últimas semanas, el mismo vicepresidente segundo y su secretaria de Estado, Ione Belarra, se han reunido públicamente con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.

Pablo Iglesias y Ione Belarra, con los representantes del Sindicato de Inquilinos en la sede de la Vicepresidencia. Dani Gago / VP

Unos días después, hasta 9.000 asociaciones y entidades -entre ellas Cáritas, Cruz Roja, ONCE, FACUA, la Confederación de asociaciones vecinales o el Consejo de Juventud de España- impulsaron un manifiesto pidiendo acciones urgentes. Y éste fue secundado de inmediato por Unidas Podemos y los partidos de la llamada "mayoría de la investidura" con otro manifiesto firmado ante las cámaras el pasado viernes.

"Iglesias quiere presionar, pero éste es un tema del que se habían olvidado hasta ahora", aclaran fuentes gubernamentales, "en ninguna de las citas de negociación entre María Jesús Montero y Nacho Álvarez había salido este asunto hasta hace 10 días". Estas mismas fuentes apuntan a un interés electoral de Podemos: "Se apoyan en la ley recién aprobada por el Govern de Cataluña y recuerdan que incluir esto ahora acercaría el apoyo de Esquerra... es decir, que éste es un tema que temen de cara a las elecciones catalanas".

Por su parte, en Transportes aceptan este instrumento: "Antes de verano, ya aprobamos el Índice de Referencia de Precios, lo que demuestra que estamos en ello", apunta un portavoz cercano a Ábalos. "Eso es lo que marca el acuerdo de coalición, primero una cosa y luego las siguientes... ahora estamos con la ley, que hay que hacer bien para que dé seguridad jurídica".

La norma se basará en criterios objetivos, tomando datos del Instituto Nacional de Estadística y de las declaraciones de la renta de los inquilinos y arrendatarios: "Salvo por este momento de convulsión por la Covid, esos datos junto al Índice de Referencia, marcan muy bien la evolución del mercado. Y las leyes hay que hacerlas bien, no con prisa".

La pelea de los PGE

Montero y Álvarez llevan ya casi dos meses peleando casi cada tarde para apuntalar el acuerdo entre los socios de la coalición, previo a que se lleve el texto al Consejo de Ministros. Todas las fuentes del Gobierno -de uno y otro lado- confirman en que será esta semana. "La previsión, si nada cambia es que se apruebe el martes", apuntan en Moncloa, "pero la situación está siendo de tanta imprevisibilidad, que no se descarta un Consejo extraordinario el viernes".

Y esto es porque entre el domingo y el lunes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias habían previsto una reunión mano a mano para solventar al más alto nivel los últimos desacuerdos entre sus negociadores.

Tras el Consejo extraordinario del estado de alarma, y previendo que el del martes apruebe solicitar al Congreso la prórroga de seis meses -hasta el 9 de mayo- de la excepcionalidad del toque de queda, la atención urgente del Ejecutivo se ha desviado estos días. También la de sus propios servicios jurídicos, que deben revisar los últimos retoques al anteproyecto de ley presupuestario, para no llevar un texto con irregularidades al Congreso.

De modo que en Moncloa nadie descarta que la cita final entre el presidente y su socio se retrase unos días y lo mismo la aprobación del anteproyecto. "El único copromiso que hemos asumido públicamente es llevarlo al Congreso antes del fin de octubre", recuerdan en Hacienda. Y en esa cita, desde Unidas Podemos advierten: "El vicepresidente tratará de arrancar compromisos a Sánchez, medidas urgentes, y asegurar un techo en dignidad a las personas vulnerables, como marca la Constitución, es urgente".