Podemos y José Manuel Calvente, exabogado del partido, han llegado a un acuerdo en el que la formación ha reconocido el despido improcedente del que fuera su coordinador legal. Calvente, que denunció el montaje del 'caso Dina', fue despedido en enero acusado de acoso laboral y sexual a una subordinada del equipo legal, Marta Flor Núñez.
El letrado renuncia a pedir la nulidad del despido y finaliza su relación con el partido liderado por Pablo Iglesias, del que recibirá una indemnización. "Con este acuerdo queda liquidada y finiquitada mi relación laboral con el partido, con la satisfacción de que finalmente Podemos ha reconocido que mi despido fue improcedente y que no existían las causas que alegaron para cesarme, es decir, que el acoso sexual contra mi excompañera de trabajo jamás existió", explica en un comunicado.
El abogado denunció también la financiación irregular del partido, por lo que el Instrucción 42 de Madrid estudia posibles irregularidades. Calvente ha defendido que las acusaciones vertidas sobre él por el partido tuvieron lugar por su investigación respecto a estas cuentas. En este sentido, promete seguir "colaborando con la Justicia para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en Podemos".
Según asevera, se reserva el derecho a tomar "acciones legales para reclamar la indemnización" que le "corresponde por la vulneración de se reserva el derecho a tomar "acciones legales para reclamar la indemnización" que le "corresponde por la vulneración de mi honor, por las falsas acusaciones" de miembros de Podemos.
Señala especialmente a Iglesias por unas declaraciones "el 6 de diciembre de 2019". El vicepresidente del Gobierno defendió que el despido fue ocasionado por "un caso de acoso sexual muy grave" y quiso desafiar a "todo el que acuse a Podemos" de irregularidades o delitos a que acudiesen "a los tribunales y que diriman".
La negociación como parte del acto de conciliación previo al juicio ha tenido lugar en el Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona. En el escrito recuerda que solicitó la nulidad de su despido "por vulneración de derechos fundamentales y, subsidiariamente, la improcedencia del mismo por no existir las causas justificativas alegadas en la carta de despido".