La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que registraron conjuntamente PSOE y Unidas Podemos este martes en el Congreso encierra varias claves.

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A las de su más que posible inconstitucionalidad en el ámbito jurídico hay que añadir las políticas. Dada la conformación actual del Parlamento, y teniendo en cuenta que se trata de una ley orgánica -que precisa de mayoría absoluta para su reforma-, los dos proponentes, formaciones que conforman el Gobierno de coalición, deberán buscar la alianza de los grupos independentistas para sacar adelante la iniciativa.

Hace ahora dos semanas, Pedro Sánchez ya logró reunirlos a todos en una iniciativa extraña, la firma de un "manifiesto" contra la "grave irresponsabilidad" del Partido Popular por "bloquear la renovación de las instituciones". Una mayoría del Congreso en la que PSOE y Unidas Podemos lograron el apoyo de ERC, JxCat, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canaria (187 escaños), exigió al PP "que, de manera inmediata, cese el bloqueo y colaboren en la renovación de las principales instituciones del Estado". 

El manifiesto criticaba a la formación de Pablo Casado alegando que "ningún interés partidista o sectario justifica tal comportamiento que contraviene el interés general de manera flagrante". Y a pesar de que en el documento firmaban partidos independentistas catalanes como Esquerra y JxCat, impulsores del golpe del 1-O de 2017, uno de los argumentos que asumían era que los afectados "son organismos que ejercen un papel fundamental para el funcionamiento normalizado del Estado de derecho". 

"Ya vale de filibusterismo "

Ahora, será con ellos con quien negocie el Gobierno la tramitación de esta reforma. Este periódico pudo confirmar la buena predisposición del PNV al desbloqueo, "a la espera de estudiar el texto de la proposición de ley" y el interés de JxCat por apoyar la iniciativa. Además, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, otro de los firmantes, declaró a EL ESPAÑOL que su partido "ve bien" la propuesta: "Ya está bien de filibusterismo político", añadió.

La norma actual exige una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado para que cada Cámara elija 10 vocales de los 20 que conforman constitucionalmente el Consejo: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio y seis provenientes de la carrera judicial.

Para lograr esos tres quintos hacen falta los votos del PP, que rompió las negociaciones a finales de verano alegando que "los ataques de Unidas Podemos a las instituciones, a la judicatura y a la Monarquía" le hacen imposible acordar nada con la coalición que forman con el PSOE.

Aquel manifiesto fue el primer ensayo del Ejecutivo en la estrategia urdida desde Moncloa para burlar la negativa de los 'populares' a mantener las negociaciones mientras Unidas Podemos participara de ellas y del reparto. Una semana después, fuentes del Gobierno filtraron la posibilidad de sortear la necesidad de contar con el PP para la renovación parcial del CGPJ como un globo sonda que empujara a los de Casado a la mesa de negociación.

Entonces, fuentes de Justicia rechazaban que ése fuera el camino elegido por el presidente. Y atribuían al interés político de Unidas Podemos en colocar a un representante suyo en el órgano de gobierno de los jueces que alguien estuviera planteando esa opción en el seno del Gobierno. Finalmente, fue el propio Pedro Sánchez el que desde Bruselas anunció "los trabajos" conjuntos de Unidas Podemos y el PSOE para "llevar al Congreso" esta reforma.   

Separación de poderes

Y es que haber logrado la reunión de una mayoría de los diputados de nueve formaciones distintas dio alas a una iniciativa que ha sido como apretar el botón nuclear. Nominalmente, el documento se dirigía "al resto de los grupos", aunque la realidad es que para la mayoría de tres quintos que precisa la renovación de las instituciones concernidas quien basta y tiene la llave es el Partido Popular. 

Y fue su presidente, Pablo Casado, el que este martes estallaba con unas declaraciones de guerra abierta: "Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos".

Su tuit llegó poco después de la rueda de prensa conjunta Adriana Lastra y Pablo Echenique, portavoces respectivos de los socialistas y de los morados en el Congreso. En ella presentaban la reforma legislativa que busca renovar sólo por mayoría absoluta el CGPJ, "tras dos años de bloqueo" de este órgano "por la negativa del PP a negociar los vocales". Lastra y Echenique aseguran que a pesar de este cambio, igualmente se mantiene la "legitimidad democrática" de la institución.

Pero lo cierto es que -más allá de la situación de interinidad de la que el propio CGPJ se ha lamentado por boca de su presidente, Carlos Lesmes, en más de una ocasión- la proposición busca un subterfugio legal para lograr un objetivo que le resulta inalcanzable al Ejecutivo.

Como explica José María Macías, vocal del CGPJ en ejercicio, esta reforma "supone la voladura incontrolada de nuestra arquitectura constitucional". El magistrado en excedencia llega a advertir de que"disminuir así el estándar de neutralidad exigible" es una conducta que "coincide con los planteamientos de ruptura del sistema constitucional y europeo de [los] partidos de ultraderecha".