¿Hay cincuenta justos entre el progresismo español? Quizá no cincuenta, pero sí un par de docenas de hombres y mujeres que han roto el silencio cómplice de buena parte de la izquierda frente al intento de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para someter a los jueces a las órdenes del Gobierno.
En un primer grupo se encuentran aquellas personalidades de la izquierda que han mostrado reparos frente a las intenciones del Gobierno con un argumento pragmático: el de que quizá no sea buena idea reformar las reglas de la democracia para permitir el control político de los jueces cuando es posible que esa misma reforma sea algún día utilizada por PP o Vox cuando estos ganen las elecciones.
De acuerdo a esa lógica, la quiebra de la separación de poderes no sería indeseable por sí misma en cuanto supone una adulteración de la democracia, sino sólo en tanto en cuanto pudiera ser utilizada posteriormente por la derecha. No es un argumento escrupulosamente democrático, pero por lo menos ayuda a introducir la duda en el seno del bloque progresista.
En este primer grupo se encuentra Íñigo Errejón, diputado de Más País, que ayer martes en su cuenta de Twitter dijo estar dispuesto a "estudiar" la reforma de PSOE y Podemos, pero recordando que "hay que gobernar pensando en que se está de paso".
En un segundo grupo se encuentran aquellos que afean las intenciones del PSOE, pero achacando buena parte de la culpa al PP. Sería el grupo del "tenemos razón, pero así no". En ese grupo se encuentra por ejemplo Pedro del Rosal, periodista de El País y vocal de ACIJUR, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos.
Del Rosal afirma que una reforma de la LOPJ a cargo del mismo partido que colocó a una de sus ministras como fiscal general del Estado merece toda su desconfianza. "Resulta difícil creer que su verdadera intención no es aumentar su control sobre el Consejo".
Aunque a la hora de escribir este artículo, Juezas y jueces para la democracia (JJpD) todavía no se ha pronunciado oficialmente, sí lo han hecho algunos de sus miembros más conocidos. Como Joaquim Bosch, por ejemplo. Lo hace, eso sí, dando una de cal y una de arena, siendo la última la ya habitual utilización del chivo expiatorio del PP para los desmanes del PSOE.
Tampoco Elisa Beni evita blanquear la maniobra del Gobierno utilizando como excusa la supuesta inacción del PP, pero su artículo en el diario nacionalista catalán El Nacional no deja lugar a dudas. En su opinión, la reforma de la LOPJ es "un error sumado a otro error".
"No es posible suscribir la reforma que presentaron los partidos que sustentan el Gobierno y que piensan aprobar con el concurso de los grupos que les validaron la investidura", dice Beni. "Siendo cierto que la postura de bloqueo de la renovación de órganos constitucionales emana de las gónadas de Casado y de una estrategia de partido outsider y no de gobierno, no puede ser que la solución sea acometer una barrabasada constitucional para sacarlos del enroque", añade.
En La contraportada de Hora 25, en la Ser, Manuel Jabois tocaba la llaga de una de las tácticas más utilizadas por el Gobierno a lo largo del último año: "El bloqueo del PP al CGPJ enseña, en este sentido, uno de los tics más comunes de la coalición de gobierno a la hora de actuar: justificar sus acciones por lo que tenemos enfrente". "Ser progresista por la mera oposición a la derecha, aunque la derecha ya esté en la oposición. Y actuar de la misma exacta manera por la que el PSOE en la oposición pondría el grito en el cielo si hubiese ocurrido al revés", añadía Jabois.
Fernando Garea, director adjunto de El Confidencial y exdirector de EFE, cargo del que fue destituido por su resistencia a convertir la agencia de noticias en "una agencia del Gobierno", ha calificado hoy en su cuenta de Twitter las intenciones de PSOE y Podemos de "asalto al CGPJ". Lo ha hecho, en cualquier caso, atribuyendo dichas intenciones "al insostenible bloqueo del PP".
Garea también da un dato interesante. La propuesta de reforma de la LOPJ habría sido diseñada "contra la opinión de varios ministros".
Desde El Independiente, Victoria Prego afirma que la reforma propuesta por el Gobierno aboca a un Poder Judicial "comprometido con el programa del Gobierno". "Pues lo han hecho, y de la peor manera además: escurriéndose de someterse a los obligados informes, no vinculantes pero sí extraordinariamente influyentes, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.
También se ha afeado, y con mucha contundencia, el proyecto de reforma de la LOPJ desde el sector de Ciudadanos más convencido de la necesidad de un pacto de los naranjas con Pedro Sánchez. Es el caso de un Luis Garicano que ayer dijo sentir una tristeza "inmensa" por la voladura de los pactos de la Transición. Inés Arrimadas, por su parte, ha calificado el proyecto de "mazazo sin precedentes a la Justicia".
En Hoy por Hoy, de la SER, Iñaki Gabilondo ha dicho que la reforma de la LOPJ es sólo "una argucia legal" del PSOE contra "una cacicada" del PP. La sorprendente afirmación ha sido corregida sin embargo de inmediato por Teodoro León Gross: "Es una cacicada contra una cacicada. Y si me apuras, la del Gobierno es peor".
El magistrado y profesor de Derecho de la Universidad de Granada Miguel Pasquau Liaño ha respondido también desde su cuenta de Twitter. "La respuesta de Sánchez al indecente bloqueo de la renovación del CGPJ por el PP es un no menos indecente 'apaño' que degradará y deslegitimará aún más al CGPJ".
Joaquín Urias, exletrado del Tribunal Constitucional, defiende la necesidad de buscar soluciones al actual bloqueo del Poder Judicial, pero califica de "muy peligrosas" las intenciones de PSOE y Podemos con un argumento irrefutable: "Basta que un partido capaz de reunir la mayoría absoluta presente sólo candidatos suyos inaceptables por otros partidos para que pueda nombrar a TODOS los vocales judiciales y, a través suyo, a los jueces del Supremo".