"Estoy muy contenta", dice Chantal Moll. "Ya me puedo morir en paz", bromea luego. "Como profesores de Derecho, es una gran satisfacción haber ganado una sentencia en favor del derecho fundamental a la libertad de pensamiento en la universidad catalana". 

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Chantal Moll es una de las cinco personas –junto a los profesores Ricardo García, José Andrés Rozas, Rafael Martínez y el estudiante Daniel Cabrera– que en octubre del año pasado decidieron demandar a la Universidad de Barcelona cuando su claustro se adhirió a un manifiesto contra la sentencia del procés, en defensa del supuesto derecho a la secesión de Cataluña y a favor de la libertad de los políticos condenados por el Tribunal Supremo.

Al manifiesto nacionalista se adhirieron, además de la Universidad de Barcelona, otros seis centros públicos. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Pompeu Fabra (UPF), la Rovira i Virgili (URV), la Universidad de Lérida (UdL) y la Politécnica de Cataluña (UPC). 

Este lunes, con fecha de 30 de septiembre de 2020, se ha conocido la condena de la juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Barcelona a la mayor de esas universidades, la de Barcelona, por vulneración de derechos fundamentales. Y entre esos derechos, los de libertad ideológica y de expresión de sus profesores y alumnos. También el derecho a la educación de estos últimos. 

"Nosotros mismos nos hemos pagado el procurador", dice Chantal Moll. "Y todo esto para una condena a las costas de 600 euros y la publicación de la sentencia en la web de la UB. Esto ha sido como David contra Goliat. La universidad incluso ha pagado a un abogado privado, Enrique Alcántara-García Irazoqui. Me gustaría, por cierto, ver su minuta y saber cuánto le ha pagado la UB". 

Efectivamente. Enrique Alcantara, el abogado contratado por el rector de la UB, Joan Elias, es socio director de las áreas civil, mercantil y administrativa del despacho Brugueras, Alcantara & García-Bragado. También es consejero de CriteriaCaixa, el holding empresarial de la Fundación Bancaria La Caixa

"La sentencia es pionera", afirma Moll. "Porque ya nadie habla en la universidad catalana. Nadie se atreve a decir nada. Sólo se oye silencio. Así que ésta es la primera vez que se rompe el silencio en la universidad catalana. Ponemos nuestro recurso a disposición de quien quiera utilizarlo para otros casos similares. Hemos abierto la puerta para que se atrevan otros como nosotros".

Una sentencia pionera

Resulta difícil comprender lo importante que es para este grupo de cuatro profesores una sentencia como la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Barcelona.

La demanda de Moll y sus compañeros tuvo su origen en una denuncia de la asociación Universitarios por la Convivencia frente al Defensor del Pueblo y en la carta abierta a los rectores catalanes que firmaron 800 profesores exigiendo respeto a los derechos fundamentales de los catalanes. 

"Imagina", dice Moll. "En el Consejo Asesor para la Transición Nacional del procés había catedráticos de Derecho Constitucional. Los profesores catalanes beben del poder y con la euforia del procés alguno se veía ya presidente del futuro Tribunal Supremo catalán, otro ministro de Exteriores de no sé qué…". 

"La situación ha sido terrible", afirma Moll. "Los alumnos te venían en 2017 con esteladas a las clases. Los catedráticos te decían 'estoy llorando, lo estoy pasando mal'. Y la Generalidad pagaba cantidades millonarias a los profesores afines por realizar informes para el procésEl nacionalismo es barbarie. No se podían hacer actos que no fueran secesionistas, actos como el del homenaje a Cervantes en la UB fue violentamente boicoteado por CDR y los asistentes tuvimos que salir por una puerta lateral en fila india recibiendo insultos…". 

Violencia en la universidad

Existe un precedente de esta sentencia. En mayo de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la UAB por discriminación ideológica después de que impidiera inscribirse en el registro de asociaciones a la asociación constitucionalista S'ha Acabat, víctima habitual de la violencia de asociaciones radicales separatistas que no suelen tener, por su parte, ningún problema para ser inscritas.

Explica Chantal Moll que conoció a los chicos de S'ha Acabat, anteriormente militantes de SCC, en un acto de la UAB en el que comprobó de primera mano la violencia a la que están sometidos en una universidad famosa, más que por su calidad, por la radicalidad de muchos de sus estudiantes y profesores afines al nacionalismo.

"A los rectores les interesa más quedar bien con el Consejero de Universidades que con sus propios profesores. Ahora, tras la sentencia, los rectores catalanes han vuelto a sacar otro comunicado. Esta vez, sobre la inhabilitación de Torra", dice Moll.

"A pesar de respetar la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consideramos que no ayuda a vehicular el conflicto por la vía política y por el diálogo entre instituciones y gobiernos", reza el comunicado al que hace referencia Moll, firmado por los mismos siete mismos rectores catalanes del manifiesto anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Barcelona.

En esta ocasión, sin embargo, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, apenas ha tardado unos días en comparecer públicamente para amonestar a los rectores de las principales universidades catalanas. "Las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática". 

El Defensor del Pueblo ha trasladado su investigación sobre las universidades catalanas, provocada por la avalancha de quejas recibidas en su oficina, a las Cortes Generales. En la práctica, una investigación de este tipo, y más si está provocada por la supuesta violación de derechos fundamentales o de la obligada neutralidad ideológica de las instituciones públicas, supone una mancha en el prestigio de esas universidades

Las reacciones del mundo independentista a la sentencia contraria a la UB no se han hecho esperar. Lluis Llach ha llamado a "hacer limpieza" en Cataluña. Pilar Rahola ha comparado a los jueces con los grises de la Policía franquista. Otros, más moderados, han apelado a la autonomía universitaria. 

"¿Autonomía universitaria? La autonomía universitaria no puede ser la excusa para vulnerar derechos fundamentales tan esenciales a la universidad como la libertad de pensar y el derecho a la educación", dice Moll. "Este seguidismo ideológico del poder nacionalista por parte de los entes públicos en Cataluña no es solo de las universidades, sino también de los colegios profesionales. El nacionalismo pretende acaparar todas las instituciones públicas e imponer un pensamiento único".

"Ya han anunciado que quieren el rectorado de la UB y de la UAB por considerar q son unionistas" añade Moll. "En mi opinión, las universidades públicas no deben ser ni unionistas ni independentistas, sino sencillamente plurales y potenciar el pensamiento crítico. Por ello, las universidades, como entes públicos, deben permanecer neutrales políticamente".  

"Ya no hay funcionarios del Estado en la universidad catalana, no convocan plazas", dice también Moll. "Es una política que viene desde las consejerías y que les permite tener controlado el territorio. Lo impuso Andreu Mas-Colell, diciendo que éste era el sistema de Harvard".

"Así que ya no hay funcionarios. Son todos contratados laborales y para pasar de una categoría a otra te tiene que acreditar una agencia que depende directamente de la administración catalana. No tenemos derecho a ir a la agencia española. El clima es más y más cerrado cada vez. ¿Si tenemos miedo a represalias? Ya no".

La UB ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia. "Aquí ya tiene todo el poder el nacionalismo. El Estado no pinta nada. El ministro de Universidades, ¿qué competencias tiene? Pero no nos hemos de callar. Cuando hablamos, les rompemos el discurso. A ellos, que tanto hablan de derechos fundamentales", sentencia Moll.