Isabel Díaz Ayuso pedirá a Pedro Sánchez durante su reunión del próximo lunes la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesarios para el control de la población sometida a restricciones de entrada y salida de sus zonas de residencia

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Y más concretamente, para el control del positivo insensato. Es decir, de ese ciudadano que, a pesar de haber dado positivo en un test PCR, se salta la cuarentena y pone en riesgo al resto de la población. Un caso más habitual de lo que sería previsible, dada la gravedad de la epidemia y la dureza de las medidas adoptadas para su control.

Durante su comparecencia de este viernes frente a los medios, Ayuso hizo especial hincapié en el seguimiento de esos positivos insensatos. Las zonas en las que se aplicarán las restricciones albergan al 13% de la población de la Comunidad, pero acumulan el 24% de los casos detectados durante la última semana.

Para esos positivos que se saltan la cuarentena, la Ley General de Salud Pública 33/2011 prevé en sus artículos 57 y 58 multas de entre 60.001 y 600.000 euros. La ley considera una infracción muy grave el "incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de ésta, si éste comporta daños graves a la salud". 

Lealtad institucional 

A la vista de las declaraciones que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo llegada la tarde desde Mauritania y que confirman la voluntad de colaboración total del Gobierno central, Ayuso no tendrá mayor problema para el seguimiento de esos positivos. Tampoco para el control del resto de los ciudadanos. 

"La Comunidad Autónoma de Madrid contará con el apoyo del Gobierno de España", dijo el ministro. "Pueden estar convencidos que la Policía Nacional y la Guardia Civil, como han hecho desde el principio de la pandemia, seguirán garantizando la seguridad en el conjunto de los ciudadanos". 

Las declaraciones de Marlaska fueron ratificadas a renglón seguido por el gabinete del delegado del Gobierno durante una conversación con EL ESPAÑOL. "Lealtad institucional para lo que haga falta".

Este domingo por la mañana, y a petición de la Comunidad, se reunirán la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas madrileña, la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el 112 Madrid. En esa reunión está previsto acordar los medios que la Comunidad de Madrid necesitará para la ejecución de las nuevas restricciones.

Según ha afirmado la Delegación del Gobierno, "se le dará a la Comunidad lo que necesite: policías, guardias civiles, más controles, etcétera".

También contará Ayuso con la colaboración total del Ayuntamiento de Madrid. Su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció ayer por la tarde que intensificará la presencia de la Policía Municipal. "El lunes, entran medidas más restrictivas en algunas zonas de Madrid. Nosotros ya adoptamos en su momento la medida de cerrar los parques en toda la ciudad de Madrid a las 10.00 de la noche" dijo.

Cuarentena obligatoria

El confinamiento de los ciudadanos con infección confirmada no es optativo. Cuando un ciudadano da positivo en un test PCR, recibe un requerimiento de la autoridad médica, que firma el afectado, en el que se le conmina a un confinamiento de 14 días.

Si el infectado se salta esa cuarentena, la autoridad responsable puede iniciar un expediente sancionador. Según las fuentes consultadas, esos datos ya están en la actualidad en manos de las policías locales, que están autorizadas a vigilar el cumplimiento de la cuarentena. 

Autorización judicial

A falta de las competencias necesarias para decretar el estado de alarma a nivel autonómico, algo que Isabel Díaz Ayuso ha reclamado con insistencia durante los últimos meses, el abogado general de la Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para solicitar la autorización judicial que le permita a la administración regional ejecutar las medidas anunciadas este viernes por la presidenta.

La orden que establece esas restricciones, de rango autonómico, será publicada hoy en el Boletín de la Comunidad. Sin embargo, las medidas concretas adoptadas y las localidades afectadas pueden consultarse ya en la página web de la Comunidad

Dicha ratificación judicial es la misma que, amparándose en la Ley 29/1998 que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han solicitado ya otras autonomías para el confinamiento de algunas localidades afectadas por rebrotes de Covid-19.

Es el caso, por ejemplo, del confinamiento de Aranda de Duero (Burgos) que la Comunidad de Castilla y León solicitó el 6 de agosto y que fue ratificado, y posteriormente prorrogado, por el juzgado de instrucción número 2 de la localidad.

Ha sido también el caso de otras poblaciones españolas, como Santoña, en Cantabria; Sotillo de la Ribera, en Burgos; Lorca, en Murcia; o Bolaños de Calatrava, en Castilla-La Mancha. En la actualidad, aproximadamente 70 localidades españoles sufren algún tipo de restricción o de limitación de entradas y salidas.

En algunos casos, esas restricciones han supuesto un retorno a la "fase 1" de la desescalada, aunque en otros casos, como el de la Comunidad de Madrid, las restricciones se asemejan más a las definidas para la "fase 2" de la salida al confinamiento decretado en marzo

El gabinete de la presidenta ha confirmado a este diario que el domingo se reunirá también con los ayuntamientos afectados para solicitar su colaboración y la implicación de la policía local en el control de la población afectada