En el mismo día en que la vicepresidenta primera del Gobierno presentaba una de las leyes que más "orgullo" le provocan, el vicepresidente segundo dejaba saber que ha concertado sendas entrevistas con los portavoces de Bildu y Esquerra.
Así que al tiempo que el Gobierno impulsa una Ley de Memoria Democrática que prevé la persecución de la exaltación del franquismo, al punto de que se prohibirá "cualquier asociación que exalte el golpe de Estado, la dictadura y su represión", negociará la norma más importante del año con quienes exaltaron a ETA y con los que dieron otro golpe y aseguran que "lo volverán a hacer".
El nuevo texto legal, que se anunció para julio y se fue retrasando mientras se apuntalaba bajo la dirección del equipo legal que pilotó la exhumación del dictador Francisco Franco, plantea que "no podrá haber entidades públicas o financiadas con dinero público" cuyos estatutos o actividades ofendan a las víctimas del franquismo. Ya sea por la vía del negacionismo de la subversión del "orden democrático de la Constitución de 1931" o por la glorificación del dictador.
Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso se jactaba este martes en el pleno de que "han pasado décadas persiguiendo al a izquierda abertzale y, sin embargo, aquí estamos, condicionando el Gobierno de España". Y es que este miércoles, Iglesias mantendrá sendos encuentros con la propia Mertxe Aizpurua y con Gabriel Rufián, ambos cada vez más favorables a negociar los PGE con el Ejecutivo al que auparon a la Moncloa.
"Socios de estabilidad"
Y es que ésa es la clave. Fuentes cercanas al vicepresidente Iglesias confirmaban a este diario que éste es un "gesto" del Gobierno, por la vía del líder morado, "que va mucho más allá de la negociación presupuestaria". Para la rama de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros la misma celebración de estas reuniones significa reencauzar el diálogo con "la mayoría de la investidura", que es la que debe "dar estabilidad toda la legislatura" al Ejecutivo.
El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
La ministra de Hacienda valoraba la noticia -desvelada minutos antes- de que Pablo Iglesias se reuniría este miércoles con EH Bildu y ERC afirmando que "cualquier iniciativa que contribuya" a que los Presupuestos salgan adelante "será bienvenida". Eso sí, se negó a confirmar si los encuentros habían sido producto de un encargo de del presidente Sánchez o si habían sido por iniciativa propia. "En este Gobierno ningún ministro o vicepresidente actúa por su cuenta y todos tienen iniciativas y ambas cosas son compatibles y deseables", zanjó.
Fuentes moradas advierten que ese borrador se ha estancado en las últimas fechas. Sólo después de llegar a un acuerdo y de que se solventen las desaveniencias -cada vez más evidentes-, dijo Calvo que se negociará con el resto de grupos. Éstas serñán lideradas por Montero, pero siempre de la mano del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, mano derecha de Iglesias.
Conflicto interno
Las citas del líder de Unidas Podemos con la izquierda independentista, la heredera de Batasuna y la golpista, no parecen haber sentado excesivamente bien en el lado socialista del Ejecutivo. Al menos en una parte, porque el presidente estaba informado previamente y no puso ningún impedimento, tal como ha confirmado EL ESPAÑOL. Sin embargo, la portavoz y responsable de los Presupuestos, María Jesús Montero, no se mostró muy entusiasta en Moncloa.
A su lado, Calvo asentía y confirmaba el enfoque, aunque fuentes de Unidas Podemos señalaban que, precisamente, ella no había dado cuenta previamente a los morados de su encuentro del lunes con la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Eso sí, Calvo puntualizaba que las conversaciones concretas de las cuentas públicas de 2021 comenzarán una vez que termine la negociación del borrador en el seno del Gobierno de coalición.
Sánchez, entre sus vicepresidentes Calvo e Iglesias, en el Consejo de Ministros.
En todo caso, esa incomodidad socialista es percibida en Podemos con cierta exasperación. Una circunstancia que la rama socialista describe así: "Lo que España necesita ahora es estabilidad, certidumbre". Según los morados, la realidad es que el PSOE se desvía a la derecha en cuanto puede, ya que la predisposición de Ciudadanos le facilita la paz mediática y con los empresarios.
Pero esa paz social que parecen anhelar el equipo económico socialista del Gobierno, buscando más a Inés Arrimadas que a Aizpurua y Rufián en la vía presupuestaria, se quebraba por el lado político con la vuelta de tuerca que supone el paso que da la nueva ley de Calvo.
"Aspiramos a que salga con el mayor acuerdo posible y a que todos se vean reflejados en ella", dijo la vicepresidenta. Pero al mismo tiempo recordaba que no sólo prohibirá fundaciones como la Francisco Franco, sino que impulsará la disolución de la de los Benedictinos del Valle de los Caídos y que "el texto prevé sanciones de hasta 150.000 euros" a quien lo incumpla.
Libertad de conciencia y de expresión
Siempre según las palabras de Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo plantea la norma como un trabajo "que dará paz al pasado" y que "construirá futuro". Y todo, dijo Calvo, según las bases de la Carta Magna de 1978, coloca a España en "una posición homologable a la del resto de democracias de nuestro entorno".
Pero se abren dudas -precisamente- constitucionales sobre la protección de la libertad de conciencia y de expresión con este nuevo paso que superará y derogará la Ley de Memoria Histórica promulgada por el Gobierno Zapatero en 2007.
Sí es cierto, según lo dicho por la vicepresidenta, que Alemania proscribe la exaltación del nazismo y persigue penalmente el negacionismo del Holocausto. Pero la verdad es que en Francia opera con libertad la Asociación por la Defensa de la Memoria del Mariscal Pétain.
El presidente colaboracionista de la República de Vichy cuenta, fundada sólo tres meses después de su muerte en 1951, con esta entidad que incluso logró una histórica sentencia en su favor en 1998. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló a su favor acusando a Francia de haber violado el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos en lo relativo a la libertad de expresión, tras haber sido condenada por "apología del crimen de Guerra" en 1993.