La mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el gobierno autonómico catalán va camino de convertirse en uno de los artefactos políticos más extraños y ciclotímicos del actual escenario político español. Un artefacto cuyas enormes ambiciones, las de solucionar si no para los restos sí para dos o tres ciclos electorales un conflicto que cuenta con 150 años de historia a sus espaldas, contrastan con los cicateros y muy coyunturales intereses políticos de los negociadores implicados.
La mesa de diálogo sólo se ha reunido una vez. Fue el pasado 26 de febrero, apenas dos semanas antes de la declaración del estado de alarma, y su balance final fue el previsible cuando una de las partes exige lo que la otra no puede dar y esta finge estar dispuesta a debatir aquello que sabe innegociable. El resultado fue una declaración conjunta en la que ambas partes acordaban acordar una nueva reunión. La irrupción de la epidemia quebró todos los planes. La mesa no se ha vuelto a reunir desde entonces.
Ese 26 de febrero, Gobierno y Generalidad tomaron la decisión de reunirse una vez al mes. Pactaron también hacerlo de forma alternativa en Madrid y Barcelona, como correspondería a una cumbre bilateral entre gobiernos extranjeros mútuamente recelosos. También acordaron una reunión semestral de mayor calado y a modo de recapitulación en la que estarían presentes tanto presidentes como vicepresidentes.
La susceptibilidad nacionalista
A día de hoy, sigue sin saberse quién encabezará, por parte del separatismo, las reuniones de trabajo mensuales en las que Quim Torra y Pere Aragonès no estén presentes. Y el problema no es menor porque lo que se debate en ese mesa no es sólo la amnistía de los presos del procés y un posible referéndum de secesión, sino quién ocupa el puesto de portavoz del independentismo frente al Gobierno una vez Quim Torra sea apeado de la presidencia de la Generalidad por el Tribunal Supremo.
El pasado 26 de febrero, Gobierno y partidos separatistas acordaron también que todas las decisiones adoptadas por la mesa se "formularían" en el marco "de la seguridad jurídica", un eufemismo ya habitual –fue visto por primera vez en la Declaración de Pedralbes– con el que el Gobierno pretende sortear el rechazo que los nacionalistas sienten por los términos 'Constitución' y 'constitucional'.
El trampantojo provoca escozor en la oposición, pero ninguno en el Gobierno. La tesis oficial del Ejecutivo es que en una negociación como esta debe "huirse de etiquetas que limiten el diálogo". Desde el punto de vista utilitarista del Gobierno, el fin de desbloquear el conflicto catalán justifica los medios consistentes en evitar todos los términos que puedan actuar como disparadores de la susceptibilidad nacionalista.
Mesa y Presupuestos
Pero la epidemia no ha sido el único factor que ha congelado la convocatoria de una segunda reunión de la mesa de diálogo.
La proximidad de las elecciones catalanas, que Torra podría anunciar antes de la previsible confirmación en septiembre de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo, impide cualquier gesto por parte de ERC y JxCAT que pueda ser interpretado por sus votantes como pactista o connivente con el Gobierno español. Más aún después de la anulación por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Barcelona de los beneficios penitenciarios del tercer grado concedidos a cinco de los nueve presos del procés.
Ayer domingo, Pere Aragonès hizo explicita la amenaza que EL ESPAÑOL avanzaba en exclusiva el miércoles pasado: sin mesa de diálogo, es decir sin medidas claras y explícitas encaminadas a la amnistía de los presos del procés, que es de lo que ERC habla cuando habla de mesa de diálogo, no habrá Presupuestos Generales del Estado. "Para que haya un segundo acuerdo se ha de cumplir el primero, y el primero es la mesa de diálogo, que no es sólo hacer reuniones por hacerlas, sino contenido y negociación política" dijo el vicepresidente de la Generalidad.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la mesa de diálogo es la herramienta con la que forzar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado. Pero también la que le está permitiendo alargar el chicle del diálogo, sin tomar decisión relevante alguna que vaya más allá de las 44 medidas propuestas originalmente, hasta que las urnas repartan nuevas cartas en Cataluña y se aclare el peso relativo de ERC y JxCAT. Desde el punto de vista del Gobierno, en el lado de la mesa separatista hay al menos un partido destinado a convertirse en cadáver político tras las próximas elecciones autonómicas. ¿Para qué negociar nada con él?
Si del PSOE dependiera, el ganador de esas elecciones sería ERC dado que su apoyo es imprescindible para que el presidente del Gobierno no dependa en última instancia de los votos de PP y Ciudadanos. ERC es, dicho de otra manera, la garantía de que los Presupuestos de Cristobal Montoro no serán sustituidos por los Presupuestos de Pablo Casado e Inés Arrimadas.
Para el PSOE, la amenaza de unos Presupuestos condicionados por el centroderecha es electoral. Para Podemos, sin embargo, la amenaza es existencial. Si el PSOE pacta con PP y Ciudadanos, Podemos sobra en la ecuación.
Una pérdida de tiempo
Para JxCAT, la mesa de diálogo es poco más que una pérdida de tiempo en la que los herederos de la vieja Convergencia tienen mucho a perder y nada a ganar. "La confrontación con el Estado es imprescindible para el éxito de la mesa de diálogo" ha dicho el exconsejero fugado de la Justicia Toni Comín, portavoz oficioso de Carles Puigdemont. "Respeto mucho a la gente que dice que no quiere confrontación, pero han de ser honestos y reconocer que lo que están diciendo es que renuncian a la independencia".
La mesa de diálogo, desde el punto de vista de Puigdemont y sus acólitos, es un peso muerto que ERC ató al rabo de la independencia. Un peso muerto que, sin embargo, les obliga a hacer acto de presencia en dicha mesa para que ERC no acumule todos los réditos de la escenificación de un diálogo que, en palabras del mismo Comín, "ha sido un fracaso". "Ir a una mesa en la que uno puede decidirlo todo y otro no puede decidir nada no tiene ningún sentido. Si no se equilibran las posiciones entre las dos partes mejor que no haya ninguna negociación porque es una pérdida de tiempo".
La opinión de Comín no es excepcional. Josep Costa, vicepresidente del Parlamento autonómico catalán, de JxCAT, ha exigido como condición para una nueva reunión de la mesa de diálogo la figura del mediador. "Se deberían dar unas condiciones que ahora no se dan. La primera de ellas es que, como ha votado la mayoría del Parlamento catalán, haya una verificación independiente de esta mesa, que haya mediador, y la mesa tenga una utilidad y no sea una mera campaña de propaganda. No ha cambiado nada con este gobierno que se autodenomina progresista".
La alusión a la figura del mediador, que parecía definitivamente muerta tras el rechazo explícito del Gobierno a ella, ha renacido de la mano de JxCAT. Tanto Meritxell Budó, consejera de Presidencia de la Generalidad, como Laura Borràs, posible sucesora de Puigdemont a pesar de sus cuentas pendientes con la Justicia, como los mismos Torra o Puigdemont, han reclamado la presencia de un mediador en la mesa de diálogo como garantía frente al "tomador de pelo Sánchez", según la descripción que el expresidente fugado hizo de Sánchez en cierta ocasión.
Pero la exigencia de un mediador por parte de JxCAT no es, en realidad, más que un intento de boicotear la convocatoria de la mesa dada la evidencia de que el Gobierno ha rechazado de forma clara su presencia y sólo ha aceptado, a regañadientes, la de un relator. Es decir, la de un simple notario que dé fe del contenido de lo hablado y pactado en la mesa de diálogo, pero que no intermedie en la negociación entre Gobierno y Generalidad.
El tercer tripartito
Para ERC, el interés en la mesa de diálogo es doble. Garantizarse el apoyo del PSC a un futuro tripartito junto a Podemos en la Generalidad tras las elecciones autonómicas catalanas y, en el mejor de los casos posibles, negociar una salida honrosa para los presos del procés que no pase por una petición de indulto. Algo que sería visto por una parte del secesionismo como una humillación frente a lo que el nacionalismo considera la Turquía del sur de Europa.
A día de hoy, la mesa de diálogo no parece tener mayor futuro que esa Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que parecía destinada a parir unos nuevos Pactos de la Moncloa y que ha acabado dando a luz el ratón de cuatro dictámenes sin mayor poder vinculante.
Cosa muy diferente es el valor propagandístico de la mesa, todavía desconocido a la espera de unas elecciones autonómicas que podrían alterar de forma significativa el equilibrio en la región y reeditar una nueva mayoría independentista o revivir los infaustos tripartitos de la primera década del siglo XXI. Precisamente los que sentaron las bases del golpe contra el orden constitucional de 2017 generando unas expectativas irreales –e inconstitucionales– entre los ciudadanos catalanes mediante la gestación de un Estatuto de Autonomía que nadie en Cataluña pedía por aquel entonces.
Mientras la mesa de diálogo se estanca y es utilizada por unos y otros con fines propagandísticos, Iñigo Urkullu ha conseguido arrancar esta semana un acuerdo sobre el déficit que le permitirá al País Vasco el privilegio de endeudarse en casi 2.000 millones de euros más de los previstos. Un déficit a la carta conseguido en el marco de una cumbre de presidentes autonómicos a la que el presidente Torra decidió no acudir.
En la vieja guerra entre periféricos pragmáticos y periféricos maximalistas, los primeros siguen ganando todas las batallas dada la resistencia de los segundos a reconocer que la guerra siempre ha estado perdida.