El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella contra Miguel Ángel Frontera Díaz, "que se autoproclama como instigador de las protestas ilegítimas ante el domicilio particular" que se vienen sucediendo "diariamente" desde al menos el pasado 15 de mayo. El escrito ha sido presentado este mismo miércoles ante el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba en Madrid.

Según el escrito, Iglesias imputa seis delitos al querellado: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Con penas entre el mes y los cuatro años de cárcel, acumuladas, la condena que podría afrontar Frontera Díaz oscila entre los dos años y nueve meses, en el grado más bajo de cada una de los ilícitos, y los 14 años de prisión como máximo.

Se da la circunstancia de que durante los más de dos meses de acoso a su domicilio, Iglesias ha visto redoblada la protección policial que le ofrecía la Guardia Civil en el entorno de su domicilio, un chalet situado en una urbanización del municipio de Galapagar, en la sierra madrileña. Hace un par de semanas, la Policía Nacional asumió la vigilancia 24 horas de la vivienda, si bien los altercados que se puedan producir durante las concentraciones y caceroladas que sitian la casa del vicepresidente seguirán siendo atendidas por la Benemérita.

"No es libertad de expresión"

Iglesias, que saltó a la fama como tertuliano y organizador de escraches en la Facultad de Politicas de la Universidad Complutense de Madrid -el primero de ellos, a la entonces presidenta de UPyD Rosa Díez-, alega que lo que ocurre ante su hogar no es un escrache.

En ese contexto, y usando terminología jurídica, explica que en su caso hay un "marcado carácter de gamberrismo, intromisión y lesión a los derechos de la familia" y de los vecinos, que "no pueden ser confundidos con el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión" porque "no es una protesta política sino una animadversión personal y de odio al  vicepresidente del Gobierno de España y su familia".

Es su condición de "cargo público de innegable importancia" una de las razones que explica la querella para que los presuntos delitos tengan especial relevancia. Y que "en estos momentos de crisis nacional", Iglesias -y "su conviviente"- "se debe a su trabajo y a su concentración", por lo cual "esta actividad delictiva [...] que es insistente, reiterada, difundida por las redes", le está causando "una grave alteración de la vida cotidiana [...] que inevitablemente hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía a la víctima".

Los abogados Miguel Ángel Garrido y Elena Vázquez detallan en el escrito de 17 páginas, citando jurisprudencia y aportando hasta 15 documentos probatorios -entre fotografías y vídeos-, las circunstancias de cada uno de los delitos.

Así, el presunto delito de coacciones lo detalla la querella ligándolo a "la intromisión y penetración en el entorno personal de la víctima". Es decir, que "se les vigila, se toman grabaciones amenazantes y datos de su entorno personal, como decimos en el propio domicilio". Iglesias apunta que el rodeo contante a su domicilio "le impide a la familia salir o entrar al domicilio en las horas en que se concentra [el qurellado y sus seguidores] en las mismas".

Además, los abogados de Iglesias e Irene Montero -pues en varias ocasiones se refieren a "los querellantes" o "nuestros patrocinados"- aseguran que Frontera Díaz "ha confesado por su parte que no va a cesar en su actuación". Y que "no cabe duda de que el querellado violenta el domicilio de nuestro patrocinado, buscando intimidarlo e impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, por ejemplo salir de su casa a pasear con sus hijos menores, restringiendo de hecho el derecho a la libertad deambulatoria".

Confinamiento

La libertad deambulatoria es un elemento importante de esta querella, pues Iglesias acusa al querellado del delito de desobediencia a las autoridades, porque "se desplazaba cada día desde su domicilio en Brunete" hasta Galapagar, en pleno confinamiento. El documento apunta a que se habrían "quebrantado las medidas legislativas tomadas ante el estado de alarma. Al menos estuvo incumpliendo dicha normativa desde el 5 de junio hasta el 20 de junio ambos inclusive".

El tercer delito, el de acoso, es descrito como reiterado e insistente, además de haber causado "una grave alteración de la vida" del líder de Podemos. Según el escrito acusatorio, esa figura se une a la de descubrimiento y revelación de secretos -cuarto delito- cuando "Miguel Ángel Frontera ha llegado a subirse a la valla del domicilio y grabar el interior del domicilio familiar, lo que supone una intromisión ilegitima que además de en la intimidad, incide en los datos personales especialmente protegidos" de Iglesias, en cuanto que miembro del Gobierno.

La alteración del orden público la justifica Iglesias en que Frontera Díaz "se ha dedicado a jalear y a recaudar fondos para sumar cuanto mayor multitud mejor sin ningún tipo de protesta democrática y legitima sino con la intención de importunar".

El "garrapata"

Pero llama más la atención el sexto y último delito que Iglesias atribuye a su "stalker", como lo llega a definir en un momento de la querella.

Para acusarlo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el vicepresidente alega que se interpreta el himno de España y el Cara al Sol a gran volumen, "sin importarle" que "en el entorno de la vivienda" de Iglesias y Montero "se encuentra el Parque Nacional de Guadarrama especialmente protegido y que se ve dañado por las emisiones de ruido no autorizadas del querellado".

Algunos de los ejemplos que cita el escrito acusatorio incluyen expresiones especialmente vejatoria que el querellado proferiría utilizando megáfonos. Con el "volumen alto", utilizaría estos artilugios para llamar "garrapata" a Iglesias y acusar a la ministra de Igualdad de ser una "analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas".