La cita en Moncloa se anunció antes de que la jueza de guardia de Lérida decidiese que el confinamiento de Lérida y otras siete poblaciones, decretado por la Generalitat de Cataluña, no era legal. Pero en Presidencia ya había "preocupación" por la proliferación de brotes por todo el territorio, según fuentes del Gobierno. Sanidad rechaza imponer el estado de alarma en la comarca del Segrià. Ni en Lérida ni en ningún territorio se plantea el Gobierno tomar el control. 

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El Ministerio de Sanidad, que presenta esta tarde a las Comunidades Autónomas un nuevo Plan de Control y Respuesta Temprana ante la pandemia, "descarta intervenir" porque dice que no le toca, y le recuerda a la jueza y a la Generalitat que "las Comunidades tienen instrumentos" y que, de hecho, "son las que deben actuar en esta fase". Es más, el Gobierno pone como ejemplo otras decisiones previas de confinamiento "quirúrgico" decretadas en Ordizia (País Vasco), Aragón, A Mariña (Galicia)... "donde no hubo problemas judiciales".

El auto le dijo a Quim Torra y su Gobierno que para lo que estaba pidiendo era necesario decretar el estado de alarma en la zona. Y que su única competencia en ese punto es solicitárselo al Gobierno y que lo ratificara, luego, el Congreso de los Diputados. La cita en Moncloa se anunció antes... pero cobró mucho más sentido después: ¿Se puede controlar el más de un centenar de rebrotes desde la "cogobenanza" de las Comunidades Autónomas?

Eso es lo que debe hacer en su ámbito el presidente de la Generalitat, según fuentes del Gobierno, que aseguran con contundencia que "son necesarias más medidas" de control en la ciudad y los siete municipios afectados.

Ante el auto de la jueza, Torra ha decidido que lo ignorará y que en la tarde de este lunes su gobierno aprobará "un decreto ley" que incorpore un plan para poder actuar "con contundencia" ante rebrotes como los del Segrià (Lérida). Ésta es una de las opciones que planteaban las fuentes del Gobierno español: "o recurso judicial, o reelaboración de la orden de confinamiento o el desarrollo legislativo".

La realidad es que el Govern no se va a saltar la ley ni a la jueza, pese a que su tono sea desafiante. Torra, en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha rechazado la decisión judicial: "No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas".

"No olvidemos"

Las consecuencias que se derivan son simplemente que se aprobará un decreto, y que seguirán los contactos de la consellera de Salud con el ministro Illa. De hecho, las fuentes citadas confirman que ambos han estado en contacto toda la mañana del lunes "en varias ocasiones".

Salvador Illa, ministro de Sanidad. ADP

No habrá enfrentamiento de poderes, no habrá peleas entre el Gobierno central y las CCAA, pero el Ejecutivo las señala. "Ellas deciden, y por ahora han actuado adecuadamente controlando los brotes, dicho sea con prudencia".

Porque prudencia y preocupación son las palabras que imperan en el ánimo del Ejecutivo, con los más de 100 rebrotes que se diseminan por España "y con imágenes que estamos viendo que no deberían ocurrir. Por ejemplo, aficionados de clubes de fútbol y baloncesto que parecen haber olvidado lo que ha pasado".

Sánchez, preocupado

Que una jueza haya puesto negro sobre blanco el término "estado de alarma" ha puesto en rojo todas las de Moncloa, que hasta ahora se limitaba a admitir que "no se cierra a esa posibilidad si es necesario", pero que "de momento no se contempla".

Pedro Sánchez despachó este lunes a primera hora con el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el director del CCAES, Fernando Simón, y otros miembros del Comité de seguimiento del coronavirus y de su equipo para recibir información sobre la situación epidemiológica, según fuentes de Moncloa.

Lo hizo en el Palacio de la Moncloa y pocos minutos antes de tomar un avión para irse a Países Bajos a tratar de convencer al primer ministro holandés, Mark Rutte, de que España necesita el fondo europeo de recuperación... y que él también. Por aquello de que el bien de uno es el bien de todos, sobre todo en un mercado único. También en este campo hay preocupación, admite el Gobierno.

Pero si el presidente convocó esa reunión de emergencia no fue para mostrarse como un gobernante dedicado, ni para llevarle la foto del mismo al líder de los cuatro países frugales que no quieren que la UE suelte tanto dinero y, menos aún, sin condiciones. Sino porque en Moncloa la preocupación ante el crecimiento de los brotes, que sea por toda la geografía española y que muchos de ellos ya estén en la fase de "transmisión comunitaria" -es decir, sin control ni conocimiento del origen de cada contagio- pone en riesgo todo el trabajo hecho hasta ahora.

"España es un país seguro", "salimos más fuertes", "hemos controlado la epidemia"... o "todo controlado", como ha llegado a decir en la mañana de este lunes la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. En realidad, no son más que mensajes de ánimo, la moral de victoria aplicada a la reconstrucción de la moral y a la confianza de los mercados, los turistas extranjeros, la inversión empresarial... y a los mandatarios europeos. A ésos también.