El Ayuntamiento de Valencia ha prohibido a los funcionarios dependientes del Departamento de Servicios Sociales dar información o hacer declaraciones a medios de comunicación en un momento en el que se está cuestionando la gestión pública de la pandemia por parte de los responsables locales y autonómicos.

En una circular remitida por el consistorio y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL "se comunica a todo el personal adscrito al servicio de bienestar social e integración de este Ayuntamiento que, en ningún caso, se puede proceder a facilitar información o a efectuar declaración alguna ante medios de comunicación audiovisual o escrito, en representación del Ayuntamiento de Valencia en calidad de funcionario o funcionaria municipal, sin disponer de la correspondiente autorización de la Concejalía de Servicios Sociales".

Además, les ordenan que comuniquen a la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano (Compromís), cualquier contacto por parte de profesionales de la comunicación con empleados del consistorio porque será la concejal la encargada de decidir si pueden hablar con los medios. 

Circular Ayuntamiento de Valencia. E.E.

"En el caso que alguno de los citados medios establezca contacto directo con algún empleado o empleada al efecto de acordar una entrevista para recabar datos sobre las actuaciones que se desarrollan en el marco de los diferentes programas municipales de Servicios Sociales o sobre el funcionamiento u organización del sistema, ha de reorientarse la demanda hacia la citada Concejalía, desde donde en el ejercicio de sus competencias, se adoptaran las decisiones que se consideren oportunas sobre este tema", dice la orden. 

La instrucción de la Concejalía de Servicios Sociales llega poco tiempo después de que un medio entrevistara a un trabajador municipal que habló de la "descoordinación" en el Departamento. Y, por el momento, no se hace extensible al resto de empleados del consistorio: solo a los del Departamento que está en manos de Compromís.

El Ayuntamiento de Valencia está cogobernado por Compromís y PSOE, con Joan Ribó al frente. Su compañera Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, también ha recibido críticas por su gestión de la Covid-19 como responsable de las residencias de ancianos. 

La Comunidad Valenciana ostenta malas cifras de personal sanitario infectado (17%), por encima incluso de la media española (15%). El Ejecutivo autonómico llegó a comprar y distribuir mascarillas de albañil y que no protegían del coronavirus entre los profesionales de los centros hospitalarios.

"Censura"

El Partido Popular, principal partido en la oposición, se ha mostrado muy crítico tanto con el gobierno regional como municipal, aunque de momento no piden dimisiones. Tilda de "censura" la decisión de prohibir que los funcionarios hablen con los medios y creen que es para encubrir la gestión de la crisis sanitaria.

"Esta práctica, propia de regímenes dictatoriales como Venezuela, que tanto gustan a Ribó debe desaparecer de nuestro Ayuntamiento. No se puede coartar su libertad a los trabajadores municipales para que no cuenten la realidad que se vive en la ciudad de Valencia", señala la líder de la oposición, María José Catalá.

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