PP y Vox han exigido este jueves al Gobierno que identifique a la docena de expertos del Ministerio de Sanidad que se encargarán de valorar junto con los responsables de salud pública de las comunidades autónomas qué provincias, islas u otras áreas geográficas cumplen o no los requisitos para avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma, como prevé el plan de transición por fases diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
"La sociedad tiene derecho a saber quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto", ha denunciado la portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, durante la comparecencia semanal del ministro Salvador Illa, a quien ha advertido de que está obligado por ley a hacer públicos estos nombres.
La diputada ha citado en concreto la Ley de Transparencia (artículo 13) y la Ley General de Salud Pública que, en su artículo 11, ha leído la diputada, dice que es obligatorio hacer pública la composición de los comités que evalúen acciones.
"Expertos encapuchados"
También el representante de Vox Juan Luis Steegmann ha reclamado "luz y taquígrafas" al respecto y que ese comité y sus decisiones sean públicos, como ocurre en Francia. Los españoles tienen derecho a conocer el currículo de estas personas, para que puedan colegir si su futuro está o no "en buenas manos".
Y es que Steegman ha indicado que sólo se conoce a tres de ellos porque firmaron unos informes técnicos y eran "tres residentes de Medicina Preventiva, dos de ellos con una encomienda a la empresa Tragsatec". "¿El paso a una nueva era va a ser a través de unos expertos encapuchados?", se ha preguntado.
Cs también quiere los nombres
La formación de Inés Arrimadas también quiere que el Gobierno facilite los nombres del equipo que decide el cambio de fases. La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagaza ha solicitado a la Comisión Europea que “se pronuncie sobre la restricción establecida por el Gobierno español respecto al nombre de los expertos del Comité de Técnicos para la Desescalada”. Pagaza señala que “puede afectar a la libertad de prensa y a necesaria transparencia de la administración pública”, a la vez que subraya que “estos expertos influirán con su decisión en la libre circulación del mercado interior”
“Esta limitación impide a la oposición y a los medios de comunicación hacer el control necesario de la acción de gobierno”, ha advertido, “y atenta contra el principio de transparencia de la administración pública”.
Illa no da nombres
Pese a la petición de información de los diputados, Illa no ha aportado ningún nombre y ha señalado que en la Administración pública la responsabilidad recae en los altos cargos, que son los que en última instancia van a emitir los informes correspondientes. Tampoco quiso hacerlo el miércoles el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cuando se le preguntó en rueda de prensa y rechazó identificarlos para que "puedan trabajar con la suficiente libertad" y evitar presiones por parte de "la sociedad" y de "los medios de comunicación".
El diputado de Vox también ha pedido la dimisión de Simón, pero el ministro Illa ha reafirmado su confianza en él afirmando que, si estuviera en su mano, le volvería a nombrar para el mismo puesto, en el que está desde el año 2012.
El ministro ha puesto el acento en que la decisión sobre el paso a la siguiente fase de los diferentes territorios en función de las peticiones que han hecho llegar al Gobierno las Comunidades Autónomas se tomará de forma conjunta (entre el Gobierno y las CCAA) y buscando que la decisión sea "prudente". "Yo no voy a imponer nada", ha asegurado, después de que el Gobierno aceptase una enmienda del PNV en la última prórroga del estado de alarma que fuerza al Ejecutivo a tomar esta decisión junto con el Gobierno autonómico.
En la redacción original de la solicitud de prórroga redactada por el Gobierno, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, se permitía ya a las CCAA hacer sus propuestas, pero se dejaba claro que la última palabra la tenía Illa, que podía adoptar una decisión sin que coincidiera con los deseos de la administración autonómica.