Pedro Sánchez no acudirá esta semana al Parlamento a rendir cuentas después de que el Gobierno aprobara en dos consejos de ministros -el domingo y este martes- una batería de medidas que cambian radicalmente la vida de millones de españoles que desde el lunes no pueden salir de casa ni siquiera para ir a trabajar. El reglamento del Congreso da una horquilla de un mes para que se convaliden estas medidas excepcionales, que saldrán adelante solo si recibe más síes que noes en la votación.
La Mesa del Parlamento se reunió este martes virtualmente para ordenar el trabajo parlamentario pendiente y calificar los escritos acumulados, pero no trató este tema porque el Gobierno no ha enviado todavía los reales decretos aprobados el domingo 29 ni los del martes 31, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
Fuentes internas del Parlamento reconocen que "aún hay un margen" de cuatro semanas para que el Gobierno acuda a defender su batería de medidas económicas con las que busca paliar los efectos económicos de esta crisis pero, de momento, no hay ningún pleno a la vista para la semana que viene.
Además, el Ejecutivo ya no se va a encontrar a su lado a la oposición en bloque, como sucedió el pasado miércoles, cuando el Congreso dio luz verde al primer plan de choque del Gobierno con 321 votos a favor y 28 abstenciones -la de los grupos independentistas-, sin ningún voto en contra. Los grupos rivales se han revuelto ante lo que consideran una falta de lealtad por parte de Pedro Sánchez: nadie del Gobierno informa previamente a los grupos de la oposición de los reales decretos que se aprobarán y que necesitan su voto favorable para que el Congreso los autorice.
Ampliar las medidas
Pablo Casado fue el primer líder de la oposición que el lunes ya amagó con votar en contra de este paquete de medidas si el Gobierno no rectifica y amplía alguna de las medidas para dar más cobertura a pymes y autónomos. De hecho, los conservadores creen que el nuevo decreto que el Ejecutivo ha aprobado este martes "sigue dejando a millones de españoles desprotegidos" porque "sigue sin abordarse" el fondo del problema generado por la pandemia: "la falta de liquidez en las empresas, y hay que inyectar liquidez de forma inmediata a las empresas, pymes y autónomos" para garantizar el 100% del empleo de los trabajadores.
El PP también pide al Gobierno que se eliminen los impuestos a todos los españoles que no tengan ingresos como consecuencia del estado de alarma y un aplazamiento de pago "de todos los impuestos a septiembre: tanto el IRPF como el de sociedades". De momento, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con los conservadores para escuchar sus sugerencias ni para pedir el voto afirmativo a la convalidación.
Congelar impuestos
En la misma línea se muestra Ciudadanos, que también congelar los impuestos y la cuota de autónomos durante el estado de alarma. Además, los naranjas exigen ayudas a empresas para mantener sueldos e incentivos que eviten despidos o un subsidio extraordinario para los temporales que acaben su contrato. La propia Inés Arrimadas adelantaba este martes en redes sociales que el plan de recuperación del Ejecutivo sigue siendo insuficiente: "El Gobierno ha cobrado hoy la cuota de marzo a autónomos. No debería haberlo hecho, muchos no pueden ingresar nada y están ya al límite".
La oposición en bloque se lamenta que el Gobierno no les toma en cuenta para nada: "Simplemente reclamamos queremos saber antes qué medidas se van a tomar para poder sumar: para enmendar, para sugerir mejoras. Sánchez simplemente nos pide el apoyo porque sí, y eso no puede ser", critica uno de los portavoces que la semana pasada se puso al lado del Ejecutivo.
Ampliar sectores básicos
El Partido Nacionalista Vasco rompió la aparente unidad que mantenía con el Gobierno cuando escuchó a Sánchez anunciar el sábado que el domingo arobaría el cierre total de los sectores no esenciales para la economía. Los vascos criticaron que apenas 24 horas antes el jefe del Ejecutivo les había comunicado que no iba a tomar una medida tan drástica y se sintieron ofendidos por no haber sido ni siquiera consultados antes de tomar una decisión de tal envergadura. El Gobierno vasco considera "imprescindible" que se considere sector esencial para la economía al sector del acero y la producción de automóviles, muy importantes para la industria vasca.
Partidos como ERC, JxCat, BNG, Más País, EH Bildu y Compromís defendieron en la tribuna de oradores de ese pleno del 25 de marzo que se paralizara toda la producción no esencial en España como medida excepcional para frenar la pandemia. Entonces el Gobierno rechazó categóricamente esta medida, pero tuvo que enmendarse a sí mismo cuatro días después. Ahora también se quejan de no ser tomados en cuenta para nada y enterarse de los pasos que va dando el Ejecutivo "a posteriori, como todos los demás: en las ruedas de prensa".
La situación tan excepcional que vive el país exige tomar medidas excepcionales y de forma inmediata. Por eso, los grupos de la oposición no comprenden por qué Sánchez elude constantemente el control del Parlamento y estira al máximo los plazos que otorga el reglamento para someter a votación los reales decretos. "Ya que no nos pregunta antes de aprobarlo en consejo de ministros, al menos que tengamos la oportunidad de debatir en el Congreso", reclaman desde la oposición.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, presidió este martes una reunión virtual de la Mesa para calificar y tramitar las iniciativas parlamentarias registradas entre los días 9 y 25 de marzo. El órgano rector, el encargado de dar entrada en el Parlamento a las medidas aprobadas por el Gobierno para su convalidación, no incluyó en el orden del día poner fecha al pleno que debatirá los reales decretos aprobados en los dos últimos consejos de ministros: el del domingo 29 y el del martes 31 porque todavía no han llegado al Parlamento.
"Normalidad dentro de la anormalidad"
En Ciudadanos tachan de “inadmisible” que el Gobierno haya generado, mediante distintos mecanismos legales, una atmósfera en la que el control parlamentario se desvanece. “Han tomado medidas controvertidas que merecen una explicación, pero no tenemos la posibilidad de preguntar como cada miércoles”, reseña una diputada liberal en conversación con este diario. Desde el gabinete de Inés Arrimadas especifican que han solicitado “a habilitación de medios telemáticos para que se pueda ejercer el control: “Exigimos la mayor normalidad posible dentro de la anormalidad. La tecnología lo permite”. Sin embargo, recalcan que se “encuentran solos” en esa “batalla”: “Nadie se suma. El Partido Popular quiere control, pero de forma presencial, y como no puede hacerse dan indirectamente una coartada al Gobierno”.
A día de hoy, aseveran fuentes naranjas, su labor de vigilancia se reduce a la petición de comparecencias y a las preguntas escritas. Estas últimas, a tenor del reglamento de la Cámara, otorgan un plazo de tres meses a cada respuesta, un plazo que para los naranjas es “ineficaz”.
"Acallar a la oposición"
La crítica al Gobierno, reseñan en Ciudadanos, está circunscrita al “paraguas de lo partidista”: “Damos ruedas de prensa y enviamos comunicados, es el único foco del que disponemos”. Para más inri, detectan que Sánchez ha renunciado a la bilateralidad de los inicios: “Creemos que no ha consultado con nadie las últimas medidas”.
Un importante miembro de Vox, en charla con este diario, califica la situación de “peligrosísima e injustificable”. La derecha radical acusa al Gobierno de “comprar medios de comunicación” y de “promocionar el ‘Aló Presidente’” para “acallar a la oposición”. Jorge Buxadé, jefe de la delegación europea, acusa a Moncloa de “aprovechar el estado de alarma para silenciar a las Cortes” y, mientras, “estatalizar los medios de producción”. El propio Santiago Abascal pidió este martes la “dimisión inmediata” de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por “amenazar la vida y la economía española”.