Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le pasa que empieza a ver el final del camino demasiado pronto. Y la limitación de sueldo, demasiado rígida. Ahora que ha llegado al Gobierno seis años después de la fundación del partido morado, le tocaba empezar a pensar en irse, pues los estatutos marcan que sólo se puede acumular dos mandatos de cuatro años, prorrogables a cuatro más en caso excepcional.

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Iglesias quiere acabar con la limitación de mandatos y perpetuarse en el poder de Podemos. O, al menos, poder hacerlo. Pero sobre todo, va a cargarse la principal bandera de la formación de los círculos: la limitación de sueldos a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para todos los cargos internos y electos.

Así, la candidatura Un Podemos contigo que él encabeza, y que se ha presentado este domingo en la Fundación Diario Madrid, propone un nuevo código ético que borra estas "garantías democráticas" con las que desde Podemos se atacaba a Más Madrid, el partido de su exfundador, Íñigo Errejón

Clases sociales en Podemos

¿Adónde iba el dinero sobrante por encima de esos tres SMI? Teóricamente, a "fines sociales"; en realidad, la inmensa mayoría servía para financiar al partido.

Utilizando el argumento de que "debido al incremento del SMI desde la llegada de Podemos a las instituciones, y ante la perspectiva de que este continúe aumentando, el SMI deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial", el nuevo Podemos de Iglesias propone una redacción que sigue hablando de límites, pero no los concreta: "A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas", añaden.

Iglesias y los suyos defienden que "todos los cargos electos y todos los cargos internos de Podemos aceptarán la limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la obligación de rendir cuentas públicamente y con la consiguiente aceptación del compromiso de total transparencia".

Es decir, diferentes niveles de limitación. Las "clases sociales" de las que hablaba el domingo por la mañana Iglesias, pero dentro de Podemos. Y todo, con la excusa de que el SMI ha subido mucho, pero sin dar detalles que aclaren lo que antes era uno de los principales pilares éticos del partido.

Mandatos eternos

Además, Iglesias ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los 12 años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta. Así, en contra de lo que indicaba él mismo hasta hace poco, se podría estar alejando el "asunto sucesorio". Fue el propio Iglesias el que dijo que no quería "irse de la política" sin entrar en el Gobierno. Ahora ya es vicepresidente, y tampoco parece querer abandonar su plataforma de poder, Podemos.

Es decir, su documento ético establece "la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años" como hasta ahora, pero añade que, "más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas".

Así consta en la propuesta de Código Ético que ha presentado el equipo 'Un Podemos Contigo' que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno para la III Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos que culminará el 21 de marzo, en la que el líder 'morado' sacará adelante sin problemas sus iniciativas, ante la falta de competencia.

Empresas públicas

Quizás a modo de compensación, el nuevo código ético añade una salvedad contra las puertas giratorias. Así esta cláusula obliga a los miembros de Podemos a renunciar "a cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia -derivada del ejercicio de sus funciones públicas- a los consejos de administración de algún ente u organismo público".

El resto del texto reproduce prácticamente en los mismos términos el Código Ético vigente actualmente, que fue el que se aprobó en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II en febrero de 2017.

Así, por ejemplo, se mantiene la obligación de renunciar "a cualquier plan o fondo de pensión que cualquier Administración Pública pudiese haber contratado, al margen de a los que tengan derecho los empleados públicos".

"No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos", señala el texto.

También conserva la obligación de renunciar "a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante y, desde la responsabilidad como cargo público, al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial".