Los irregulares permisos concedidos a los presos del procés no han parecido provocar la más pequeña señal de alarma en el PSC, que no ha dudado en votar junto a ERC, JxCAT, la CUP y Podemos en contra de las propuestas presentadas por Ciudadanos que ponen en cuestión el mal uso de las competencias penitenciarias de la Generalidad en favor de los líderes separatistas encarcelados.
Sólo cuatro de los trece puntos de una moción presentada por Ciudadanos en el Parlamento autonómico catalán fueron aprobados. Ninguno de los cuatro hacía referencia al trato de favor concedido a los presos del procés.
Durante los últimos días, los líderes separatistas han recibido de mano de las Juntas de Tratamiento de las prisiones donde cumplen condena permisos que les permiten salir de la cárcel entre tres y cinco días a la semana, durante ocho o más horas diarias, para trabajar en su propia empresa –el caso de Jordi Cuixart– cuidar de sus familiares enfermos –los casos de Dolors Bassa y Carme Forcadell– o realizar tareas de voluntariado.
La llamativa diferencia entre el trato concedido a los presos del procés y el trato generalmente concedido a los presos comunes, que algunos funcionarios de los servicios penitenciarios de la Generalidad calificaron ayer de "escandalosa", era el eje del punto 5 de la moción de Ciudadanos.
Fraude antidemocrático
En ese punto 5, la formación naranja pedía que el Parlamento catalán condenara "el mal uso de las competencias penitenciarias del Gobierno de la Generalidad para vulnerar el principio de igualdad entre ciudadanos al otorgar privilegios penitenciarios a políticos de los partidos que le dan apoyo y a ciudadanos vinculados a los mismos sin reunir los requisitos de procedibilidad para los mismos y en perjuicio de los fines de las penas acordadas por los Tribunales de Justicia".
La moción fue rechazada con el voto a favor de Ciudadanos y PP, y el voto negativo de ERC, JxCAT, la CUP, Podemos y el PSC.
El PSC se negó también a condenar "las injerencias y la campaña de denigración sistemática del Gobierno de la Generalidad hacia la Administración de Justicia y sus miembros", el punto 1 de la moción de Ciudadanos. También, a "considerar un fraude antidemocrático que los políticos utilicen su cargo para dejar sin efecto las resoluciones judiciales que afectan a otros políticos", el punto 2. E incluso a "reconocer la gran labor desarrollada por los jueces, magistrados, fiscales y servidores de la Administración de Justicia", el punto 3.
Para sorpresa de muchos, el PSC votó también en contra del punto 7 de la moción, que pedía "elaborar un plan de acción para incentivar que los servidores públicos de la Justicia encuentren atractiva Cataluña para ejercer su profesión a través de incentivos en sus remuneraciones y en sus condiciones de trabajo".
Salarios públicos
En todos los puntos mencionados, el PSC votó junto a los partidos separatistas y Podemos, y en contra de los partidos constitucionalistas PP y Ciudadanos.
De los cuatro puntos finalmente aprobados por el Parlamento con el voto a favor del PSC, tres hacían referencia a salarios públicos y el cuarto, a la implantación de las Unidades de Valoración Forense Integral que asisten a las víctimas de violencia de género.
El primero de los tres puntos relativos a salarios públicos aprobados por el PSC exigía la revisión del complemento salarial que reciben los funcionarios catalanes de la Administración de Justicia. El segundo se comprometía a reintegrar a todos los funcionarios catalanes el 60% de la paga extraordinaria pendiente de 2013. El tercero pedía cumplir con "el contenido de la resolución 575/XII del Parlamento de Cataluña sobre el pago de las cantidades reconocidas a los abogados del turno de oficio y asistencia al detenido".
Promoviendo amnistías
"El punto 2 era especialmente claro" explican fuentes de Ciudadanos a EL ESPAÑOL. "En él estábamos pidiendo que Pedro Sanchez y Miquel Iceta dejen de promover amnistías y cambios del Código Penal para dejar sin efecto las sentencias judiciales". Pero el punto clave era el 5. "En él poníamos el foco en ese baremo diferente que se aplica en las prisiones catalanes según seas un preso gitano o uno con el apellido Turull".
El único punto clave en el que el PSC coincidió con PP y Ciudadanos fue en el 4, donde se pedía "recordar que todos los ciudadanos estamos obligados a acatar las resoluciones judiciales y respetar a las instituciones y personas que imparten justicia". La petición, sin embargo, fue rechazada gracias a la suma de los votos de los partidos separatistas y los comunes de Podemos.