Podemos propone la venta directa desde el campo y las granjas a los colegios para evitar intermediarios

Unidas Podemos va a poner sobre la mesa la venta directa de productos agrarios en los colegios de las zonas rurales. Una medida con la que pretenden paliar parte del problema de subsistencia del campo español.

Según el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, serían al menos cinco las ventajas de esta medida: daría salida a las frutas, verduras y producción cárnica en origen saltándose a los intermediarios, "las grandes distribuidoras que se están enriqueciendo a su costa"; cerraría esos mercados a la mercancía importada "que no cumple con la misma normativa europea impuesta" a los agricultores españoles; ayudaría a fijar la población en el medio rural; serviría para la "educación alimentaria"; y contribuiría a la lucha contra el cambio climático.

Ahora que tiene responsabilidades de Gobierno, Podemos ya no es tan maximalista. Sus ministros confiesan que los proyectos de ley que presenten al Consejo de Ministros "se parecerán" a las proposiciones que llevaban al registro del Congreso cuando eran oposición o mero sostén del primer Gobierno de Pedro Sánchez, producto de la moción de censura. Pero que no serán iguales, ya que son muchas las obligaciones que ahora les competen.

Del programa al Gobierno

Y también pasa con su grupo parlamentario, ahora sujeto al protocolo firmado con el PSOE por el que sus diputados deben someterse a la iniciativa del Ejecutivo y, sobre todo, aceptar que la política con responsabilidades significa menos lemas de pancarta y más atender realidades.

Por eso cuando Mayoral, parlamentario y también portavoz del partido morado, se reunía este lunes con dos asociaciones agrarias, Anseprim y Aseprex, hacía todo lo posible por no defender el punto 37 de su programa electoral: el "precio mínimo por ley para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios".

La polémcia en el campo estalló cundo a los pocos días de constituirse el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lograba el acuerdo con los sindicatos y la patronal para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros en 14 pagas.

"Dejar España sin comida"

El alza acumulada de casi un 30% en los últimos dos años provocó una reacción de estos pequeños y medianos productores. Se negaban a aguantar por la vía de los gastos aún más presión de la que ya sufren por la vía de los ingresos. "Los precios que nos pagan los mayoristas no cubren la producción", lamentaba este lunes Salvador Marqués, portavoz de Anseprim. "Ahora que somos noticia cada día, si hace falta que dejemos a toda España sin nuestros productos lo haremos", terciaba Juan Francisco Rodríguez, portavoz de Aseprex.

Al principio, la preocupación y hasta las movilizaciones del sector primario español recibieron incluso el apoyo del presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara... pero eso fue los primeros días. Hubo huelgas, producción arrojada a las cunetas y manifestaciones reprimidas por la Policía. Hasta que primero el ministro José Luis Planas y luego el presidente Pedro Sánchez desviaron el foco de la noticia. En un corrillo con periodistas en Bruselas, Sánchez dijo: "Las grandes distribuidoras tienen que reflexionar sobre sus políticas de precios".

Y algo muy parecido defendía Mayoral este lunes en el Congreso, antes de verse con los representantes de los produtores agropecuarios. "Hay que empezar a mirar la posibilidad de arbitrar mecanismos que garanticen precios justos, ésa es la reivindicación".

Precios mínimos por ley

Entonces, ¿ya no se habla de precios mínimos, de intervenir el mercado como con los alquileres? "Lo que queremos es acabar con los desequilibrios entre las grandes superficies y los pequeños productores. En nuestro programa electoral, nosotros proponíamos una ley de precios sostén, pero estamos abiertos a hablar de otros mecanismos". 

Ahora, este asunto es una "política de Estado" que hay que "discutir con el sector". Pero a la mesa se sentaron Mayoral, las diputadas de Unidas Podemos Isa Franco y Marisa Saavedra, e Irene de Miguel, portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento extremeño, con la idea de la venta directa a los colegios en las zonas rurales bajo el brazo.

Los agricultores levantaban la voz contra la competencia "desleal" que viene del exterior. "Hay grandes empresas y multinacionales que invierten en terceros países y nos traen sus productos, que emplean mano de obra casi esclava y que no cumple las normativas europeas", reclamaba Marqués. "Nosotros nos comprometemos a abastecer a toda Europa, pero si nos pagan la inversión".

Podemos admite -aunque ahora con la boca pequeña, porque es un asunto que compete al Gobierno del que forma parte- que hace falta mayor control en frontera e inspecciones más eficientes. Pero "la tecla" está en "el desequilibrio de que unos pocos se enriquezcan con el trabajo de muchos que llevan en situación desesperada ya mucho tiempo".

Transición ecológica

El ya citado programa de Podemos proponía que "la PAC forme parte de la estrategia para la transición ecológica y el futuro del medio rural" y que se destine "al menos el 10%" de los fondos europeos "a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado".

Y Mayoral lo concretaba en esa venta directa desde el campo y las granjas a los colegios de las zonas rurales: "Queremos garantizar la soberanía alimentaria evitando que los chavales coman comida ultraprocesada transportada desde lejísimos y que los pequeños y medianos agricultores de donde viven los chavales puedan llevarle sus productos".

Es lo que Podemos llama "el ciclo corto". Una intervención del mercado en proximidad que "aporta a los chicos productos de primera calidad, que permite ademas una educación alimentaria y evita el transporte de miles de kilómetros que también afecta a la transición ecológica... hay que acabar con la uberización también del campo".