Éxito de las 13 marchas contra la "ley socialista de imposición lingüística" en la Comunidad Valenciana

Miles de personas se han reunido en Orihuela (Alicante) y otras diez localidades de la Comunidad valenciana contra la ley lingüística del Gobierno de Ximo Puig, líder del Partido Socialista en la Comunidad valenciana, que ejerce en coalición con Compromís y la rama regional de Podemos.

A la concentración ha acudido la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha afirmado que espera que el president de la Generalitat le llame el lunes "para pactar una nueva ley" tras la "masiva respuesta" que se ha dado este sábado en la manifestación contra la Ley de Plurilingüismo convocada en Orihuela.

Según la Asociación Hablamos Español en Valencia, esta ley "deja el español en un 25%", mientras que "un 50% de las asignaturas con mayor carga lingüística y mayor transmisión de conocimientos se destina al valenciano". La norma, que ha entrado en vigor definitivamente este curso en infantil y en primaria, "niega la libertad de elección" que hasta ahora existía para la lengua vehicular principal en las zonas con mayoría castellanoparlante. El curso que viene se impondrá en Secundaria y FP.

La líder de los populares valencianos ha acudido a la marcha "contra la imposición de la ley lingüística del Consell" acompañada de la vicesecretaria de acción social del PP, Cuca Gamarra; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y numerosos diputados y cargos locales, provinciales, autonómicos y nacionales, ha indicado la formación en un comunicado. Además, acompañaban representantes de Ciudadanos y de Vox. Todos los partidos han aceptado eliminar su símbolos políticos, a petición de la plataforma convocante, Hablamos Español.

Al final de las concentraciones se ha leído un manifiesto en el que se reclamaba que "se diga la verdad sobre el contenido de los tratados internacionales, como la Carta Europea de las Lenguas. Según el texto, "los países felicitados por el Consejo de Europa son aquellos que permiten a los padres elegir la lengua vehicular en la enseñanza".

Para los organziadores, "la ley que regula el uso de las lenguas en la enseñanza en la Comunidad Valenciana" y otras leyes de inmersión similares, hoy en vigor en varios lugares de España, "no están pensadas para beneficiar a nuestros niños y jóvenes, sino para satisfacer los intereses políticos y económicos de quienes las promueven".

Lamentan que "ni siquiera se tiene en cuenta a los pequeños con necesidades especiales", según acusa Hablamos Español, "donde hemos tenido que asesorar a más de una familia en estas circunstancias".

"Defendiendo la libertad"

La presidenta del PPCV ha señalado: "Estamos aquí en la Vega Baja defendiendo el ADN del PP, que siempre ha sido la defensa de la libertad, en este caso, la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación y la lengua en la que quieren educar a sus hijos".

Así, Bonig ha pedido a Puig que "derogue la ley del plurilingüismo y ofrezca de nuevo la libertad de los padres a la hora de elegir lengua". "Desde el PP no queremos una confrontación, lo sabe Puig. Por eso le vuelvo a tender la mano para que entre PP y PSPV pactemos una ley donde se respete esa libertad. Estamos dispuestos a ayudarle para establecer un plan de fomento del valenciano voluntario en las zonas castellano hablantes porque no renunciamos a hablar valenciano y tampoco renunciamos a hablar castellano", ha agregado.

Bonig ha indicado que "esta es una comunidad con la suerte de tener dos lenguas, el castellano que nos une a todos, y el valenciano que también une a Castellón, Valencia y Alicante". "Hay muchas formas de sentirse valenciano. También en la Vega Baja la forma de expresarse y de sentirse valenciano es hablando castellano y aprendiendo valenciano sin imposiciones", ha señalado.

La líder del PPCV ha indicado que la ley del plurilingüismo "pretende que el curso que viene alumnos de ESO y Bachiller escolarizados en castellano hasta ahora den materias troncales, al menos el 25%, en valenciano".

"Estamos hablando de matemáticas, geografía e historia, historia del arte... Eso supone un retroceso pedagógico y una evidente desigualdad para alumnos que se van a enfrentar a una prueba de acceso a la universidad, donde se debate su futuro. Estamos a favor de la libertad, de las líneas en castellano, de las líneas en valenciano, y también de que se respete la exención, que con la actual ley no se respeta", ha aseverado.

"La vía de los tribunales"

La líder 'popular' ha indicado que "desde el PP tendemos la mano, pero si el gobierno de Puig quiere confrontación y no está dispuesto a sentarse con el PP y pactar una ley que respete la libertad, el PP seguirá vía tribunales". "Ya tienen a estas alturas 40 sentencias condenatorias. Ponemos nuestro servicio jurídico a disposición de las AMPAS y equipos directivos para conseguir lo que Puig parece que hasta ahora no ha respetado que es la libertad", ha manifestado.

"Espero que Puig, después de esta masiva manifestación, me llame el próximo lunes y nos sentemos para contar con una educación de calidad, fuera de la batalla política, y logremos ponernos de acuerdo en materia educativa, y desde luego garantizar la libertad de los padres. Tenemos la mano tendida", ha aseverado.

Satisfacción de los convocantes

Según los convocantes, las 13 concentraciones han sido "un éxito" en Orihuela, Requena y Utiel. Así como en las otras 10 localidades en las que equipos de la asociación "han acercado la libertad de elección de lengua a las puertas de colegios en institutos". Hablamos Español anuncia que se está organizando para "comenzar la recogida de firmas" para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que "en breve esperan será aceptada por las Cortes Valencianas".

Gloria Lago, presidenta de la asociación, se felicitaba por la colaboración de los partidos políticos que han acudido: "Accedieron a retirar sus distintivos de partido para no desentonar en la protesta transversal". Según Lago, las concentraciones no eran contra nadie, sino "a favor de un sistema respetuoso con la lengua de elección del alumnado, único que compatible con el cumplimiento de tratados internacionales y la Constitución Española".