La Asociación de Abogados del Estado ha emitido este domingo un ambiguo comunicado en el que dice "rechazar cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones" en el caso Junqueras.

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En vísperas de que Consuelo Castro, abogada general, deba presentar su informe al Tribunal Supremo para fijar postura ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la asociación no aclara si sus representados están sufriendo esas "presiones, injerencias o amenazas" para emitir un informe que cumpla con las exigencias de Esuqerra Republicana de Catalunya, o si "rechaza" que éstas se hayan producido y niega su existencia.

Los abogados del Estado subrayan que son "profesionales del Derecho" y que, como tales, actúan "con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos". Pero la redacción de la nota pública, según informa el diario especialista en periodismo jurídico Confilegal, "no ha sido pacífica".

Según este digital, una frase, rechazando que se pueda "insinuar que el criterio de la Abogacía del Estado no podía constituir moneda de cambio" para un partido político, fue rechazada por la mayoría del Consejo Directivo de la Asociación.

'Caso Junqueras'

El consejo directivo ha emitido este comunicado haciendo referencia implícita al caso Junqueras, "ante las recientes informaciones publicadas", y subrayando que deben actuar en sus escritos procesales e informes "con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos". "Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une", concluye el comunicado.

La nota se hace pública en el día antes de que, según las informaciones filtradas, se presente el informe al Supremo. ERC ha reclamado al Gobierno en funciones "un gesto concreto" de la Abogacía, al tiempo que exigían la inmediata liberación del presidente del partido, hoy condenado a 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación y prevaricación.

La sentencia del TJUE ante una cuestión prejudicial presentada por el propio Supremo, indicó que Junqueras había adquirido su condición de eurodiputado en el mismo momento de ser proclamado electo, y que no era necesario ningún trámite ulterior para disfrutar de la inmunidad del cargo y poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el 2 de julio.

Nulidad

Así, desde ERC se entiende que el juicio del procés debería ser declarado nulo y Junqueras excarcelado de inmediato. Más allá de que la Abogacía del Estado, que es la única de las partes personadas que no ha enviado su informe al Supremo, ya tomó postura en su momento argumentando que cualquier decisión del Tribunal de Luxemburgo no tendría "efecto alguno" sobre la situación procesal del reo.

Pero la corte, con sede en Luxemburgo, dejaba claro en su fallo que, no obstante, quedaba en manos del Tribunal Supremo español "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras por el artículo 9 del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo, ahora que el exvicrepresidente del Govern ha sido condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

El plazo, en todo caso, expira el día 2 de enero. Oero tras más de una semana de dilación, medios cercanos al Ejecutivo filtraron que sería este lunes cuando la Abogacía presentaría el documento, lo cual daría tiempo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para convocar una sesión de investidura los próximos días 2, 3 y 5 de enero, como desea el PSOE de Pedro Sánchez.

Se prevé que las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado se presenten este lunes 30 de diciembre.

La Fiscalía tardó apenas unas horas en reaccionar al fallo del tribunal europeo, oponiéndose a la excarcelación del líder de ERC y solicitando a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, señaló este viernes que las alegaciones de la Abogacía "no determinan a punto final la decisión del Tribunal Supremo", cuyos servicios jurídicos estarán estudiando también cómo aplicar el fallo del tribunal de Luxemburgo.

Celaá explicó que el retraso del pronunciamiento de la Abogacía -el resto de las partes personadas en el juicio del procés ya se han manifestado- responde al "estudio profundo" que este órgano está haciendo respecto de una sentencia "novedosa" del Tribunal de Luxemburgo que "cambia la doctrina" que había hasta el momento, según la cual cada Estado miembro de la UE decidía en qué momento sus nacionales elegidos en los comicios al Parlamento Europeo obtenían la condición de eurodiputados.