Asumir responsabilidades. Eso es lo que el Partido Popular exige a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, después de la sentencia de los ERE que condena a 68 años de cárcel y 253 de inhabilitación a 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

"Es una causa que afecta a las principales estructuras del PSOE con penas muy serias. Es la sentencia de corrupción y fraude más dura", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en declaraciones a la SER, que recuerda que el PSOE presentó una moción de censura a Mariano Rajoy por los casos del corrupción del PP. "Les pido ahora coherencia y sentido común", afirma. 

El PP no da un paso más y no pide la dimisión de Díaz. Tampoco la de Pedro Sánchez, al que exige que comparezca públicamente. "Lo menos es que Sánchez y Susana Díaz den la cara y nos den explicaciones", añade para calificar de "terrible" el silencio de las últimas horas.

El PP pide a Sánchez y Díaz que "den la cara"

Pero las críticas se centran sobre todo en Susana Díaz, a la que Moreno pide "asumir responsabilidades" por solicitar el archivo de la causa de los ERE y la libre absolución de los acusados. "Ha hecho una obstrucción a la Justicia en vez de una colaboración con la justicia", ha dicho el presidente andaluz, que recuerda que Díaz es "heredera de Griñán y Viera". 

Sobre la formación de Gobierno, Moreno Bonilla ha afirmado esta sentencia "distancia mucho más" al PSOE y al PP. "Sánchez ha optado por un Gobierno progresista y se ha echado a los brazos del señor Iglesias. La abstención solo se puede dar cuando hay una actitud proactiva", apunta. 

La Junta estudia reclamar el dinero de los ERE

La asesoría jurídica de la Junta de Andalucía estudia ya qué vía seguir para intentar reclamar la devolución de los recursos económicos defraudados en el caso de los ERE, aunque es consciente de que se trata de una actuación "compleja" porque muchas de las ayudas se dieron hace más de una década.



Después de la sentencia condenatoria de la pieza política de este caso, el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, ha señalado que el Ejecutivo tiene "la obligación" de buscar todos los recursos públicos defraudados y por ello "se ha puesto en marcha la asesoría jurídica para ver cómo se puede posibilitar la devolución".

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