Como ya ha hecho anteriormente con Oriol Pujol y con los presos del procés, la Generalidad ha decidido otorgar un trato diferenciado a algunos de los detenidos por los violentos disturbios de la semana pasada en Barcelona y otras ciudades catalanas.

Según fuentes penitenciarias consultadas por EL ESPAÑOL, en varias prisiones catalanas se habrían dado órdenes verbales de que los detenidos por violencia callejera permanecieran de momento en los módulos de ingreso y no fueran trasladados aún a los módulos convencionales, donde deberían convivir con el resto de los presos. 

En los módulos de ingreso se recibe a los presos a su llegada a la cárcel. Allí se les cachea, se les toma las huellas y se les toman las fotos. También es allí donde se les hace entrega de una pequeña cantidad de dinero –el peculio– que podrán luego utilizar en el economato de la prisión.

Es también en el módulo de ingreso donde los presos recién llegados pasan una revisión médica y son entrevistados por asistentes y/o educadores sociales. Después, son asignados a una celda en el propio módulo de ingresos, donde permanecen entre 24 horas y cinco días como máximo, en función de si su ingreso se ha producido en día laborable o en fin de semana.  

Un privilegio poco habitual

La diferencia entre el módulo de ingreso y los módulos convencionales a los que son trasladados luego es que en el primero los recién llegados no se mezclan con los presos comunes. Y de ahí que la permanencia en el módulo de ingreso por más días de lo normal sea considerado como un privilegio poco habitual. 

"Hemos recibido órdenes de que los presos detenidos por los disturbios de la semana pasada permanezcan en los departamentos de ingresos y no pasen a los módulos normales, donde estarían en contacto con otros presos", afirman las fuentes penitenciarias. "Estos departamentos sólo se usan durante el periodo de ingreso en prisión y legalmente son sólo para policías y funcionarios judiciales. Y para alguien con contactos, claro". 

Según dichas fuentes, la orden de ofrecer trato VIP se habría dado en varias cárceles catalanas –Puig de les Basses (Gerona), Centre Penitenciari Ponent (Lérida) y Mas d'Enric (Tarragona), entre ellas– y tanto para presos de nacionalidad española como de nacionalidad extranjera. En la prisión de Ponent, por ejemplo, la orden habría afectado a dos presos marroquíes, uno rumano y cuatro nacionales. En otras prisiones catalanas, sin embargo, otras fuentes penitenciarias confirman que los presos sí han pasado a módulos convencionales. 

Desamparo jurídico

Esta información se suma a la noticia, publicada por el diario El País, de que la Generalidad catalana ha rehusado personarse como acusación en los procesos judiciales contra los detenidos, como es habitual cuando existen Mossos d'Esquadra lesionados. Según el diario, el presidente autonómico Quim Torra ha decidido además actuar contra los propios Mossos, y para ello habría exigido al consejero de Interior, Miquel Buch, que abra una investigación por posibles abusos policiales. 

Las causas en las que la Generalidad ha decidido abstenerse son aproximadamente unas treinta. La decisión, que ha provocado un enorme malestar en el cuerpo de los Mossos, ha sido confirmada por fuentes de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de los propios Mossos. La alcaldesa de Gerona Marta Madrenas, de JxCAT, ha ido incluso más lejos anunciando que el Ayuntamiento que ella preside se presentará como acusación popular contra los agentes que se vieron envueltos en los disturbios provocados por los manifestantes separatistas. 

Entre los detenidos por los disturbios de la pasada semana se encuentra el sobrino de Agustí Colomines, el ideólogo de Carles Puigdemont, y de la diputada de JxCAT Aurora Madaula, ambos pertenecientes a la línea más dura del separatismo. Colomines, historiador y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Generalidad, es conocido por haber afirmado, durante una entrevista en televisión, que "la independencia sin muertos tardará más".