El Gobierno está en funciones desde el 5 de marzo, cuando se disolvieron las Cortes para convocar las elecciones del 28-A, y, desde entonces, se han aprobado siete leyes. Todas ellas por real decreto. Es decir, sin la necesidad de pasar por el Congreso, con solo el visto bueno del Consejo de Ministros dirigido por Pedro Sánchez. Todos ellos, además, están dedicados a materia social.
El último ha servido para activar el reparto de 774 millones de euros con los que paliar los daños provocados por los incendios forestales y las lluvias torrenciales. Según informó este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, esos fondos se destinarán tanto a ayudas directas a particulares como a ayudas a corporaciones locales y reparación de infraestructuras. Esta ha sido la única ley aprobada durante la XIII legislatura de España.
Las seis anteriores se aprobaron definitivamente a principios de abril, cuatro semanas antes de la celebración de las elecciones. Fueron el fruto de lo que el propio Sánchez bautizó como "viernes sociales".
Pese a las críticas de Cs y PP, el propio presidente en funciones aseguró en su día que pensaba seguir gobernando "hasta el último minuto de esta legislatura". Además, explicó que utilizaría los reales decretos leyes para aprobar las medidas sociales que la oposición había "obstaculizado" durante meses en el Congreso.
¿Urgente necesidad?
Entre las medidas que aprobó se encontraban los decretos sobre igualdad laboral —que incluye la ampliación progresiva de los permisos de paternidad—, precariedad laboral —con los subsidios para mayores de 52 años y el registro de horario laboral—, la estiba —con cambios en contratación laboral en el sector—, inversión del superávit de ayuntamientos y comunidades autónomas, alquileres —por el que se comprometían a establecer un índice estatal de precio de referencia en el plazo de ocho meses— y medidas urgentes para afrontar el brexit.
Los decretos leyes permiten al Gobierno legislar directamente sobre cuestiones de urgente necesidad sin tener que pasar antes por el Parlamento. Se aprueban por el Consejo de Ministros, entran en vigor al día siguiente y el Congreso, que en un primer momento no puede modificar nada, puede convalidarlos o anularlos en el plazo de un mes.
Los seis decretos validados en abril contaron con la aprobación de casi todos los partidos. El PP fue el único que votó "no" en bloque, al considerar que eran normas "electoralistas". Ciudadanos, en cambio, soló votó "no" al decreto del alquiler y se abstuvo en las medidas sobre precariedad y estiba.
En las siete semanas que quedan hasta el 10-N, el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a repetir esta estrategía. Entre los objetivos de los próximos decretos leyes se especula con una nueva subida de las pensiones y con la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Promesa incumplida
En noviembre de 2015, cuando Pedro Sánchez lideraba la oposición, recriminó a Mariano Rajoy sus decretos leyes. "Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas", aseguraba el entonces líder socialista. "Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley [durante la legislatura desarrollada entre 2011 y 2015], más que ningún otro Gobierno en la democracia, convirtiendo una figura prevista para casos excepcionales en norma ordinaria de legislar, hurtando a los representantes del pueblo español su función", insistía.
Además, en esa misma declaración, Sánchez aseguró que si él era investido presidente, devolvería "al Parlamento la centralidad que merece". Para ello, se comprometía a "limitar el uso del decreto ley a las circunstancias indicadas para ello".
Pero, desde que consiguió ser investido presidente tras la moción de censura contra Rajoy, ha recurrido a ellos en 36 ocasiones. Siete de ellas con el Gobierno en funciones, incluyendo la última de este viernes. "Podía no hacer nada y resignarme, o aprobar medidas justas y sociales a través de decretos leyes", se defendió Sánchez hace unas semanas.
En los 10 meses que duró su Gobierno con 84 diputados, consiguió aprobar 57 leyes. Solo 22 sin recurrir a "decretazos". En total, de las 58 leyes aprobadas por el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente, el 62% fueron vía real decreto ley. Es decir, casi duplica las proporciones por las que criticaba a Rajoy.