La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho sobre la orden municipal de precintar su chalé por carecer de licencia de primera ocupación, que el "laberinto burocrático" en el que ella y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, llevan inmersos nueve años ni "Kafka lo hubiera imaginado".
Desde su perfil en Twitter, la arquitecta y presidenta de Vox en Madrid explica que, "ante la campaña de intoxicación de ciertos medios" se ha decidido a relatar el "tortuoso proceso" que ambos portavoces del partido vienen "sufriendo desde 2013 para lograr la famosa licencia de funcionamiento para mi despacho profesional".
Este miércoles, EL ESPAÑOL explicaba todos los detalles del sótano en el que Monasterio instaló su despacho profesional tras adquirir la vivienda en el año 2010. "Una vieja casa" que tenía "una edificabilidad no agotada", explica la líder política. Al año siguiente, la demolieron "con la preceptiva licencia". Mientras, pagaron y solicitaron la licencia de obra nueva con despacho profesional en una parte del sótano, que les fue concedida en agosto de 2011, asegura Monasterio.
En 2012-2013 en la construcción de la casa tuvieron problemas con el constructor que cometió "graves errores", aunque finalmente le pagaron "el 95% del presupuesto acordado". En 2013, surge "el primer conflicto con el constructor por las cantidades restantes", por lo que en 2014 cogieron a nuevos contratistas para remates y correcciones, continúa.
Tras pagar las tasas de licencia de primera ocupación y funcionamiento, el Ayuntamiento exige "el certificado de fin de obra, suscrito por el arquitecto y el aparejador" el cual no respondió, según la portavoz madrileña de Vox.
Nuevo IBI, pero no llega la licencia
Añade que, en 2015, hicieron la nueva inscripción en el Catastro y el Ayuntamiento de Madrid les cobró un nuevo IBI "por la totalidad de los m2 construidos. El nuevo IBI es 5 veces más que por el anterior". El pasado mes de enero EL ESPAÑOL entrevistó a la dirigente de Vox en ese mismo sótano y pudo comprobar realmente la calidad de la factura de la estancia, así como de la vivienda.
Hablando sobre España con Rocío Monasterio
En 2016 el aparejador "sigue sin responder", hasta que finalmente consiguen que "vise el final de obra". En julio de 2016 vuelven a pagar la tasa para obtener licencia de primera ocupación, asevera.
El año pasado, el Ayuntamiento les requirió actualización de los planos y modificación de la licencia original, y según Monasterio lo hicieron.
"El litigio con el constructor se judicializa. Y además el propio constructor nos denuncia ante el Ayuntamiento por la falta de licencia de actividad en el despacho que él mismo ha estado bloqueando", asevera.
Mientras, el Ayuntamiento les exige cerrar el despacho, lo que recurren administrativamente, pero en ese tiempo caduca la licencia de obra de 2010.
Este verano desde Urbanismo les comunican "el precinto de la oficina" salvo que regularicen las licencias pendientes. "Llevamos nueve años cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso. Años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)", continúa Monasterio para quien se trata de "un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso".
Muchos españoles "conocen la sensación de que la burocracia les asfixia", por ello desde Vox piden "simplificar procesos y reducir la burocracia", concluye en una larga secuencia de tuits que se alternan con fotos de las solicitudes de licencias.