La ‘dolce vita’ de Mas: 115.000 € al año, veraneo en Menorca, chófer... y que otros le paguen las multas

Ni un rasguño y dedicado a la 'dolce vita'. Mientras el resto de líderes del procés esperan en prisión su sentencia o languidecen como prófugos de la Justicia en Bélgica, Suiza y Escocia, Artur Mas ha salido indemne del golpe contra la democracia ejecutado por los partidos nacionalistas durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

La multa a la que le condenó el Tribunal de Cuentas ha sido pagada por la Caja de Solidaridad y su inhabilitación por 13 meses expira el próximo mes de febrero. El procés es obra original de Mas, pero el precio lo han acabado pagando otros. 

Los últimos datos fiables acerca del patrimonio de Artur Mas datan de 2015, cuando el expresidente hizo públicos sus bienes de cara a las elecciones autonómicas de aquel año. Su vivienda señorial de la calle Tuset de Barcelona, de casi 200 m2 construidos y aproximadamente 160 útiles, se valoró en 230.000 euros, aunque su valor real de mercado supera hoy con total seguridad el millón de euros.

Además de ella, Artur Mas declaró 127.000 euros en cuentas de ahorro, un plan de pensiones por valor de 213.000 euros y 45.000 euros en acciones. 

Entre esos bienes no aparece la vivienda de Fornells, una pequeña localidad costera de apenas 1.000 habitantes en Menorca, que está a nombre de su mujer, Helena Rakosnik, y en la que Mas y su familia suelen veranear. Tampoco otra de las viviendas de las que suele disfrutar el expresidente, un inmueble de tres pisos en la localidad catalana de Vilassar de Mar que perteneció a su abuelo paterno y cuyo uso comparte ahora con el resto de sus hermanos, pero que no está a su nombre. El coche familiar está registrado por su mujer.

El salario de Mas

Artur Mas recibe también, como expresidente de la Generalidad, un sueldo anual de 115.000 euros, además de coche oficial, servicio de seguridad y chófer. Cuando cumpla 65 años –ahora tiene 63– ese sueldo se verá reducido, pero sólo hasta los 90.000 euros.

La Generalidad también paga los casi 19.000 euros de alquiler anual de un ático del mismo edificio en el que Artur Mas reside para su utilización por el equipo de escoltas que tiene asignado el expresidente.

Además, Mas disfruta de su oficina de expresidente en el Palau Robert y del equipo de ayudantes que la acompaña. Por esa oficina la Generalidad no paga nada dado que se encuentra en un edificio propiedad del Gobierno autonómico. 

¿Y esto, quién lo paga?

"¿Y todo esto, quién lo paga?", dijo Josep Pla cuando visitó Nueva York y vio los rascacielos de Manhattan iluminados por decenas de millones de luces. La respuesta a esa misma pregunta hoy en Cataluña es "la Caja de Solidaridad", el fondo creado por las asociaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para hacer frente a los gastos derivados del procés. Es decir, a las fianzas y multas judiciales impuestas a sus responsables por los tribunales españoles. 

Ha sido la Caja de Solidaridad, que teóricamente se nutre de las donaciones anónimas de partidos, asociaciones civiles y miles de catalanes, la que ha pagado finalmente los dos millones de euros que restaban por pagar de la fianza de cinco millones impuesta por el Tribunal de Cuentas a Artur Mas y otros altos cargos de su Gobierno –Joana Ortega, Irene Rigau o Francesc Homs, entre ellos– por los gastos derivados de la organización del referéndum de autodeterminación ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Una "injusticia manifiesta"

Los tres primeros millones de la fianza fueron abonados en su momento, en dos pagos distintos, también con fondos procedentes de la Caja de Solidaridad. Los dos restantes fueron garantizados mediante el embargo de los bienes de los condenados después de que el Tribunal de Cuentas permitiera ampliar el plazo de pago. 

Y entre esos, y en el caso de Artur Mas, su vivienda de la calle Tuset, un piso que ni siquiera abandonó cuando fue investido presidente y tuvo la oportunidad de ocupar la residencia oficial, equivalente al 10 de Downing Street, de la Casa dels Canonges. Residencia que ha sido rechazada, de momento, por todos aquellos que han pasado por el cargo en democracia: Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, el propio Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. En la Casa dels Canonges, de hecho, sólo vivieron Macià, Companys y Tarradellas. 

El pago de los dos millones de euros que restaban por pagar supone el levantamiento del embargo que pesaba sobre los bienes de los condenados, incluido el piso de la calle Tuset del expresidente. Durante su comparecencia frente a la prensa este viernes, Mas, Ortega y Rigau anunciaron su intención de recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas ante el Tribunal Supremo. "Nuestros abogados tienen órdenes de recurrir frente al Tribunal Supremo" dijo Mas. "No nos damos por vencidos. Consideramos que la sentencia del Tribunal de Cuentas es una injusticia manifiesta. Tampoco confiamos al 100%, pero hemos de agotar todas las vías", añadió a continuación.

¿Vuelta a la política?

Junto con la multa, Artur Mas fue condenado a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia después de que el tribunal estimara en parte el recurso que buscaba rebajar la pena original, de dos años de inhabilitación, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La inhabilitación expira el próximo mes de febrero de 2020, lo que abre la puerta a un posible retorno de Artur Mas a la primera línea política.

Las especulaciones en ese sentido son insistentes en el entorno de la vieja Convergencia, huérfana de un liderazgo claro desde que Carles Puigdemont huyó de la Justicia en octubre de 2017 y frente a la evidencia de que Quim Torra nunca ha sido más que un presidente de transición a la espera de que la formación aclare sus planes para el futuro. La aparición en el escenario político de la Lliga Democràtica, una nueva formación política que pretende pescar en el caladero del catalanismo de centroderecha del que siempre se había alimentado CiU podría acelerar el proceso de toma de decisiones.

En la actualidad, la Caja de Solidaridad, que en noviembre de 2018 decía haber recaudado ya 9,5 millones de euros, ha sido rebautizada como Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad y está sometida a la tutela de los expresidentes del Parlamento autonómico catalán Núria de Gispert –presidenta de la Caja– y Ernest Benach –vicepresidente–. La elección de una representante de la vieja Convergencia y de otro de ERC no es casual. Los recelos entre ambos partidos han llegado incluso hasta la Caja de Solidaridad y los criterios para el reparto de los fondos acumulados.  

Paga la Caja

Mas recordó también el viernes que la Sala de Enjuiciamientos del Tribunal de Cuentas revocó el pasado 18 de julio la condena a Ana Botella y siete miembros de su Gobierno por la venta masiva en 2013 de 5.135 pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a fondos buitre. La sentencia les había condenado a pagar 22,7 millones de euros, que finalmente no deberán abonar. "A nosotros", dijo Mas, "no sólo nos condenaron, sino que aún nos pidieron más dinero". 

Tanto Mas como Ortega y Rigau insistieron en que la Caja de Solidaridad debe seguir recibiendo donaciones para hacer frente a las fianzas y las multas que puedan llegar en el futuro o que están pendientes de pago. Según datos de la propia Caja de Solidaridad, los fondos acumulados han servido para ayudar a más de ciento cuarenta personas "represaliadas por la lucha por la independencia de Cataluña".

Entre esas personas, y siempre según la Caja de Solidaridad, se encuentran políticos de la vieja Convergencia, el PDeCAT, JxCAT y ERC, pero también funcionarios de la Generalidad, de la Sindicatura Electoral del 1-O y ciudadanos particulares. Con esos fondos se han pagado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, por ejemplo, los 5,8 millones de euros de la multa impuesta a varios líderes del procés por los fondos presuntamente malversados para la organización del referéndum ilegal del 1-O.