Dicen personas que tuvieron despacho con moqueta y acceso a todo lo que se cocía en las cocinas de Interior que queda mucho por saberse de lo que se ha bautizado como "Policía política", pero que nada es delictivo y que ahí se trabajaba "con sentido de Estado".

Es más, que las últimas informaciones sobre presuntas investigaciones prospectivas y por encargo "a ver si se encontraba algo contra Pablo Iglesias", en realidad "lo único que demuestran es que todo se llevó a la Fiscalía para que lo valorara, que nada se hizo en las cloacas". Es decir, que esos papeles inéditos que publicó la semana pasada el diario barcelonés La Vanguardia favorecen las versiones de esos fontaneros ocultos.

Y sin embargo, desde el regreso de Pablo Iglesias a la vida política hace sólo tres semanas, Podemos no habla de otro tema. "Parecen tres meses", dice una de las fuentes de Interior, cuyo teléfono echa humo desde que las presuntas "cloacas del Estado" volvieron a los titulares. Ahora, el líder del partido morado ha "internacionalizado el conflicto" llevando el asunto a la Comisión Europea.

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, además de Ana Miranda (BNG), Ernest Urtasun (En Comú Podem), Izaskun Bilbao (PNV) y Josep Maria Terricabras (ERC) firman un escrito en el que preguntan qué medidas aplicará la Comisión para atajar el "escándalo" de las presuntas "operaciones de espionaje y sabotaje" que fue "supuestamente orquestado" por el Ministerio del Interior durante la Administración de Mariano Rajoy. [Lea aquí el documento]

Cartel de Podemos para anunciar el regreso de Pablo Iglesias. E.E.

El contexto que ha acompañado a Iglesias en su apuesta por recuperar unos hechos de hace cinco y cuatro años ha favorecido mucho el relato. Todo comenzó con el mitin machirulo del "vuELve" el pasado 23 de marzo en la plaza del Museo Reina Sofía. Allí, el secretario general de Podemos puso la semilla contando lo que él bautizó como "la puñetera verdad", ésa que dice que "hay empresarios, familias y banqueros con más poder que los diputados".

Una operación de comunicación

A los dos días, Pablo Echenique y Noelia Vera presentaban una de las medidas del programa electoral de Podemos: que los bancos no puedan tener acciones de los medios de comunicación "por el bien de la democracia", en un ataque directo a la libertad de empresa de dudoso encaje en las leyes de competencia.

La propuesta iba de la mano de otra con la misma filosofía: que los partidos no puedan financiar sus campañas electorales con créditos bancarios. Sólo podrán hacerlo como hace Podemos, el partido morado dice recibir dinero sólo de microcréditos de sus simpatizantes.

Pablo Echenique y Noelia Vera, portavoces del Consejo de Dirección de Podemos. ADP

"Es malo para la democracia que haya esos intereses cruzados", decía Echenique aquel día... sólo dos antes de que Iglesias, por sorpresa para todos, se personara como parte afectada en una de las piezas secretas del caso Villarejo, a propuesta del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional.

El instructor de la llamada operación Kitchen, que investiga lo que el partido morado ha bautizado como "las cloacas del Estado", le propuso a Iglesias -Podemos no ha querido confirmar en qué fecha- esa personación cuando declarara como testigo en la Pieza DINA, que recibe ese nombre por estar centrada en el robo en 2015 del teléfono de Dina Bousselham, jefa de gabinete del secretario general de Podemos cuando éste era eurodiputado.

Y ahí se cerraba el círculo de "la operación urdida desde los poderes del Estado contra nosotros", que es la consigna que repiten como un mantra los dirigentes de Podemos desde entonces. Y es que, efectivamente, en plenas negociaciones para formar mayorías parlamentarias para elevar a Pedro Sánchez al Gobierno se filtraron contenidos de ese teléfono.

La tarjeta del dispositivo contenía información interna de la formación, claro, al tratarse del teléfono de la asesora principal del líder. Pero también guardaba otras cosas: presuntamente fotos íntimas de Bousselham y los registros de algunos chats privados a través de la red Telegram, que fueron publicados por varios medios digitales. En uno de ellos, Iglesias se autodefinía como un "macho alfa", en otro confesaba que la periodista Mariló Montero le gustaba tanto que "la azotaría hasta que sangrase" y en uno más algunos dirigentes de Podemos se reían de la discapacidad de Pablo Echenique, por entonces rival de Iglesias por el control del partido.

¿De dónde partía esa información? De las manos del excomisario José Villarejo, hoy encarcelado y cuyas conversaciones -todas- están grabadas -por él mismo- al tiempo que se van desentrañando en la investigación de la causa... y se van publicando en diversos portales de información.

¿Los únicos espiados?

Salpicados por esas filtraciones han quedado hasta el momento, la Casa Real -las cintas de Corinna-, el BBVA -Francisco González pudo haber espiado a sus rivales empresariales y políticos-, el PP de Rajoy -por su responsabilidad y por los presuntos manejos de María Dolores de Cospedal-, el Gobierno de Pedro Sánchez -cuya ministra de Justicia, Dolores Delgado, supo y hasta aplaudió que Villarejo montara una red de prostitución para recabar lo que llamaba "información vaginal" sensible- y el propio Iglesias, como hemos visto.

Entonces, ¿por qué ha logrado Podemos que haya quedado la idea de que son ellos los únicos perjudicados de las cloacas y nadie más? 

Para empezar, al mismo tiempo que se elaboraba todo este relato, se publicaba un libro, El director, en el que se supone que se explican los "secretos inconfesables del periodismo" y cómo "presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos del dinero, comisarios y periodistas" manejan "los hilos que gobiernan España". Antes de la publicación de este volumen firmado por David Jiménez, que ejerció un año escaso como director de El Mundo, Iglesias ya lo estaba utilizando como argumento de autoridad en una entrevista con Ana Pastor en laSexta.

Recién llegado de tres meses de barbecho, con el partido hundido en las encuestas de intención de voto y necesitado de reubicarse mediáticamente, el secretario general de Podemos acusó ante sus propias cámaras a Atresmedia -Antena 3, laSexta, Onda Cero- de amparar "a ese periodista de cloaca"; a Mediaset -Cuatro, Telecinco-, de ser propiedad de "un corrupto condenado por prostitución de menores", a TVE de boicotear sus actos... Y quien así habla se perfila como socio principal de Sánchez tras el 28-A.

Pero Sánchez no se libra

Con los hechos aún sin juzgar han llegado las primeras consecuencias políticas. Esta semana ha dimitido el número dos de la Secretaría de Estado de Comunicación, Alberto Pozas, poco antes de ser imputado por el magistrado que instruye la pieza DINA.

Según la investigación, Pozas parece ocupar el puesto de "eslabón perdido", o al menos uno de ellos, en la "trama" que "la casta" urdió para perjudicar a Podemos. El periodista era director de la revista Interviú en 2016, cuando una copia de los datos de ese teléfono robado fueron ofrecidos a la publicación... y esa copia acabó en manos de Villarejo. Y luego en las portadas.

Podemos ha llegado a acusar a Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de seguir tapando esas supuestas cloacas amparando no sólo a Pozas hasta que cayó, sino a policías de aquel equipo "corrupto". El lunes, Echenique señalaba con nombres y apellidos al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que "implicado en esta trama de guerra sucia, sigue trabajando y cobrando un sueldo público".

Iglesias ha sabido mezclar todo esto con un discurso que fuerza los hechos ocurridos hace cerca de un lustro. Dice que "se quiso evitar que Podemos entrara en el Gobierno". Y que detrás de todo está "una policía patriótica" que "inventó noticias falsas para perjudicar" al partido morado. La investigación judicial sigue abierta.