Derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP. Es, o era, uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez desde la moción de censura que depuso a Mariano Rajoy. La promesa que el líder socialista encomendó a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se quedará finalmente en el balance de lo no aprobado.
El propio presidente del Gobierno lo admitía anoche en un mitin electoral en Ciudad Real. Admitía que una de las cosas que más le ha "dolido" es finalizar la legislatura sin haber derogado la reforma laboral.
A cambio, el Gobierno ha tenido un nuevo "viernes social" más descafeinado, el primero desde la disolución de las cortes y la convocatoria en el BOE de las elecciones anticipadas el 28 de abril. El Ejecutivo de Sánchez ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que incluye el subsidio para parados mayores de 52 años y el registro horario de la jornada laboral.
De esta manera, ni la recuperación de la ultractividad ni la prevalencia del convenio colectivo sobre el de empresa serán aprobados. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra Valerio ha rechazado hablar de "fracaso" y asegurado que el Gobierno ha tenido que ser "realista". La reforma que habían querido no habría tenido "apoyos suficientes" en la diputación permanente.
La regulación del control horario de la jornada laboral se estaba barajando dentro de otro decreto ley, el que iba a revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012 y que cada vez tiene menos visos de salir adelante por la falta de consenso político para su convalidación.
Sánchez ya avanzó que la aprobación del decreto también conlleva el incremento de la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza y a 588 euros para las familias en situación de pobreza severa.
Fuentes del Ejecutivo han añadido que, además del decreto ley, el Consejo de Ministros tiene previsto la aprobación del Plan de Retorno a España y el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, así como el I Informe sobre la evaluación periódica del sistema de atención a las víctimas del delito (2017).
Según el proyecto presupuestario, el subsidio para mayores de 52 años tiene 114.000 potenciales beneficiarios que se sumarían a los 260.000 que lo cobran en la actualidad, y un coste de 388 millones solo para este año.
El registro horario entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).