El PP quiere suspender las ruedas de prensa del Gobierno de los viernes posteriores al Consejo de Ministros. Así lo ha reclamado el partido de Pablo Casado ante la Junta Electoral Central, alegando que incumplen, a su juicio, la legalidad. El Ejecutivo socialista "aprueba y difunde en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de unos Decretos-Leyes de marcado contenido político y social, que van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores" en las próximas generales.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico y que puede consultar aquí, el diputado del Grupo Popular Juan Carlos Vera también solicita que se "aperciba" al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento, con una multa que puede llegar a los 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios.
El PP, de momento, recurre ante la Junta Electoral, pero no descarta otros escenarios, como denunciar ante el Tribunal Constitucional.
Los "viernes sociales" electoralistas
Los populares hacen mención a las declaraciones de la ministra María Jesús Montero del pasado día 25 de febrero, cuando anunció los llamados "viernes sociales". "Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas", comentó la titular de Hacienda en aquel momento.
Recuerdan desde el PP que en la primera batería de decretos-leyes en el Consejo de Ministros se aprobaron dos referidos a la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación y el referido a vivienda, "que no había sido convalidado en diciembre en su trámite ordinario" en el Congreso. También rememoran que diferentes dirigentes socialistas expresaron "la oportunidad de la aprobación de estos Decretos-Leyes de cara a la campaña electoral".
Una vez que el BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, el PP alude a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que, desde la convocatoria de comicios y hasta la celebración de los mismos, "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".
Según explica, esta prohibición se incardina dentro del "deber de neutralidad electoral" que se exige a los poderes públicos y que constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva la igualdad que ha de ser observada en el sufragio.
No sólo durante la campaña
En este sentido, subraya que la propia Constitución alude al principio de objetividad en su artículo 103.1 como principio rector referido a cualquier Administración Pública y que comporta la "prohibición de influir en la orientación del voto o de los electores, según ha tenido ya ocasión de señalar el Tribunal Supremo en varias ocasiones". Se trata, prosigue, de "evitar la incidencia de los poderes públicos en las campañas electorales mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras", y "reducir la publicidad y la propaganda electoral durante el periodo electoral". Y deja claro que no se ciñe solo a los 15 días de campaña sino a todo el periodo comprendido desde la convocatoria de elecciones.
El PP considera que esta campaña de "de aprobaciones y su difusión, tiene un claro tinte electoralista y puede condicionar la formación de la voluntad de los electores ante los comicios del próximo 28 de abril". Además, censura que el Gobierno quiera convalidarlos en la Diputación Permanente, "hurtando" a los partidos que no están representados en este órgano su debate y votación.
Además, el PP dice en su escrito que, como recogen distintos acuerdos de la Junta Electoral en casos similares, estas aprobaciones del Consejo de Ministros, y sobre todo su publicidad y difusión, "no son imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos", algo que, a su juicio, viene a "remarcar la intención puramente electoralista del Gobierno en su aprobación, divulgación y publicidad, siendo, por tanto, actuaciones prohibidas por la Instrucción y la LOREG".
Piden una multa de hasta 3.000 euros
Por todo ello, el PP solicita a la JEC que se tomen "las medidas necesarias para suspender durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a estas medidas electoralistas que se pretenden con la aprobación de estos Decretos-Leyes y cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean, que se quiera dar de la aprobación de los mismos, ya que es un acto prohibido por la LOREG".
Además, el PP pide que "se aperciba al Gobierno de la nación, sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento" conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LOREG, que establece que multa de 300 a 3.000 euros "si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares."