Ya lo anunció este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Todos los Consejos de Ministros que quedan de la presente legislatura van a estar cargados de medidas". Y esas medidas tienen un evidente carácter electoralista que choca con el espíritu de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
En su artículo 50, esta norma establece "los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral", un periodo que comenzará el próximo martes, 5 de marzo, con la publicación en el BOE del decreto de convocatoria de las elecciones generales.
Así, queda expresamente prohibido "realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos" y "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".
Pero si la ley impide cortar cintas inaugurales para impedir el autobombo, ¿va a permitir la aprobación de decretos con medidas sociales que suponen un evidente guiño a los ciudadanos y que compromete miles de millones de euros?
Se altera la igualdad de condiciones
Expertos jurídicos en la materia consultados por EL ESPAÑOL consideran que el espíritu de la Ley Electoral es evitar que se produzca "una posición de privilegio que altere la igualdad de condiciones" de las distintas opciones a la hora de concurrir a las urnas. Recuerdan además que la Junta Electoral Central es "muy restrictiva" y consideran, por ello, que un recurso en contra de los anunciados decretos sociales de Pedro Sánchez podría prosperar.
Esa convicción no solo la tienen los juristas, los partidos de la oposición están evaluando ya todas las opciones legales para evitar que decretos como los de este viernes puedan seguir aprobándose a partir del martes. "Estaremos muy atentos, porque el artículo 50 de la LOREG impide que se haga campaña con fondos públicos", ha manifestado este viernes la diputada del PP María Jesús Bonilla.
Bonilla subraya también que los decretos ley sólo están justificados para casos de "extrema y urgente necesidad" y acusa a Sánchez de utilizar la Diputación Permanente -que sustituye al Parlamento en periodo electoral- para "hacer promesas a los ciudadanos que no puede pagar". Se calcula que el coste de los últimos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, como el de igualdad salarial y el del alquiler de vivienda, podrían superar los dos mil millones de euros.