"Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas". Así reza el punto número 70 del programa electoral de Vox. Un asunto que se ha situado en el centro de la batalla política en Andalucía después de que la formación que lidera Santiago Abascal haya lanzado un órdago al pacto alcanzado por Ciudadanos y Partido Popular y que hace peligrar el cambio de signo en el Palacio de San Telmo tras 40 años de socialismo.

Rodeado de banderas de España durante la celebración de La Toma -cada 2 de enero Granada festeja el día en que Boabdil devolvió la ciudad a los Reyes Católicos en 1492-, Javier Ortega Smith, secretario general del partido, anuncio que Vox no concederá apoyo alguno al pacto del centro-derecha a menos que se retire la dotación destinada a la Ley de Violencia de Género y ésta sea sustituida por una "Ley de Violencia Intrafamiliar". Vox se presenta como el partido "contra todas las leyes que atenten contra la libertad y contra la igualdad de los españoles" y argumenta que la LVG "ha conculcado los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres". Pero van más allá.

Smith (Vox) ve necesario eliminar leyes que tratan sin igualdad a los hombres

Para Abascal y compañía existe un "chiringuito de la ideología de género" y, según fuentes de la dirección de Vox consultadas por este periódico, se proponen "acabar con ese negocio improductivo" porque "se quieren cargar las familias. Pretenden llevarnos a una ruina moral y social".

Toda esta argumentación choca frontalmente no sólo con el punto número 84 del pacto de gobierno firmado por Ciudadanos y PP para Andalucía sino que se dirige directamente contra el gran Pacto de Estado firmado por todos los partidos logrando una de las pocas leyes que se han aprobado por unanimidad en España. Un órdago contra uno de los mayores avances democráticos de la historia de España al que ni el PP ni Ciudadanos pueden renunciar, pues supondría negarse a sí mismos, y al que ya han dicho que no van a ceder.

"El PP no va a renunciar a la protección de las mujeres", ha dicho Javier Maroto, secretario de organización de los populares. Por su parte, Pablo Casado ha confirmado las palabras de Maroto. "El compromiso del PP por erradicar la violencia de género es innegable", ha dicho antes de recordar que su partido "estando en el Gobierno dotó con 1.000 millones de euros para luchar y combatir esta lacra".  

Y en la misma línea se ha manifestado Albert Rivera, líder de la formación naranja: "Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el Pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las CCAA que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian".

Un no rotundo que, probablemente, ya esperaban en Vox en el momento de lanzar su ultimátum y que podría no tener un mayor recorrido que el logrado este miércoles, por lo que el objetivo de la formación de Abascal iría más allá de retirar la dotación que el pacto PP-Cs ha asignado para "impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género [...] con dotación presupuestaria suficiente".

Francisco Serrano, el exjuez cabeza de lista de Vox en Andalucía, es un firme defensor de la eliminación de la Ley de la Violencia de Género y del "síndrome de alienación parental", además de ser partidario en su época de magistrado de la custodia compartida incluso en los casos de violencia de género con padres maltratadores.

La opción de plantear un órdago sin opciones de conseguir una victoria dirige la mirada hacia las elecciones generales y a una búsqueda de mayor exposición mediática que se traduzca en una ganancia de votantes ahora que el partido se encuentra en la cresta de ola y completamente ebrio de éxito tras los resultados en las autonómicas andaluzas y las últimas encuestas nacionales.

La otra posibilidad remite al mismo interés de ganar más votos, pero concretamente en Andalucía y aunque fuera a costa de embarrar lo máximo posible la arena política para desembocar en una nueva convocatoria de elecciones autonómicas en las que Vox intuye que mejoraría sus 400.000 votos del pasado 2-D. Algo que, sin embargo, podría convertir el órdago en un bumerán en contra de Vox y que la izquierda está tratando de aprovechar, pues si bien un alto cargo del PSOE de Andalucía ha señalado a EL ESPAÑOL que la petición "es una locura" desde Adelante Andalucía Teresa Rodríguez ha dado un paso más señalando a Vox como "cómplice de los asesinatos de mujeres y niños".