La política de la Memoria está a punto de alcanzar su primer gran consenso. Y no tiene que ver con los restos de Franco. Tampoco con las placas de las calles. Se trata de los 114.000 cadáveres bajo tierra y sin identificar consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. Al contrario de lo que ha venido sucediendo, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y nacionalistas coinciden en que el Estado debe participar en la detección y excavación de las fosas del franquismo.

Ese consenso empezó a forjarse en una cumbre convocada por el Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre. Acudieron gestores y técnicos de las Comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP: Murcia, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Galicia. Uno de los participantes en esa reunión describe, en conversación con EL ESPAÑOL, el “acuerdo y las ganas de trabajar” que mostraron todos los participantes, independientemente de su color político.

El PP ha sido la formación más reticente a favor a las excavaciones. El PSOE de Zapatero las incluyó en su ley de 2007, pero nunca se acometieron. La cumbre del Ministerio de Justicia en la que los gestores del PP se mostraron proclives al acuerdo tuvo lugar dos meses después de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido. Fuentes de Génova confirman que las conversaciones se produjeron en esos términos, pero que la nueva dirección trabaja en su propia Ley de la Concordia, en la que juega un papel protagonista Adolfo Suárez Illana. "Concretaremos nuestra postura en los próximos meses". Si el "sí" se convirtiera en "no", Casado estaría enmendando la postura de sus dirigentes territoriales.

Un dirigente del partido, no obstante, cuenta que la "sensibilidad" de la nueva dirección en relación a las fosas es mayor que en periodos anteriores y confirma que "seguirán trabajando para sellar ese consenso". Prueba de ello, la posición de Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, que acaba de empezar a subvencionar la exhumación de las fosas del franquismo en su tierra.

Un plan de cuatro años

Si el Estado afronta finalmente esta tarea, estaría cumpliendo con los requerimientos de la ONU, que envió recientemente a uno de sus relatores a una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para testar los avances en la materia. "Ojalá lo consigamos. Es un reto muy bonito. Debemos avanzar sin tirarnos los muertos a la cabeza", reconocen representantes de PP y PSOE.

Pero, ¿quién paga las exhumaciones? ¿Cómo se ejecuta cada una de ellas? Habiendo constatado la existencia de consenso –algo que no había sucedido hasta ahora– el Ejecutivo socialista prepara un plan cuatrienal que será dirigido por la Dirección General para la Memoria Histórica. "El objetivo es detectar y excavar todas las fosas antes de que transcurran cuatro años", cuenta a este diario un portavoz de dicho departamento. "Sigamos o no en Moncloa, esta Dirección General ya estará en marcha y sería muy raro que alguien la detuviera", añade.

Para la elaboración de ese "plan cuatrienal", el Gobierno ha contratado a Francisco Etxeberría, antropólogo forense y exhumador de Mola y Sanjurjo en Pamplona. Una información adelantada por este diario el pasado noviembre. El prestigioso doctor, en conversación con EL ESPAÑOL, dijo haber percibido una "voluntad honesta" de excavar las fosas, algo que él lleva haciendo por su cuenta desde el año 2000, habiendo recuperado casi 8.000 esqueletos.

Este plan global, capitaneado por el Gobierno de turno, establecerá los protocolos de actuación, pero exigirá distintos convenios anuales con las Comunidades Autónomas para poner en marcha cada una de las exhumaciones.

¿Y qué ocurre si Sánchez no consigue sacar adelante los Presupuestos? La prórroga de los anteriores permite un ligero margen de maniobra para la reasignación, algo que aprovecharía Moncloa para dotar de una partida –menor de la que supondría la aprobación de unas nuevas cuentas– a la Dirección General de la Memoria Histórica.

Actualmente, este órgano ha comenzado su andadura gracias a los remanentes de los presupuestos en curso. Con esa cantidad ya se trabaja, por ejemplo, en la actualización del mapa de las fosas. El dato oficial habla de 2.470, pero el propio director del departamento, Fernando Martínez, advirtió de que "son muchas más". Puso el ejemplo de Andalucía, donde la cifra inicial, de 570, ha ascendido hasta las 700.