Asistimos estos días en Cataluña a una nueva ofensiva nacionalista en nuestras universidades. Coincidiendo con el inicio del juicio relativo al denominado procés proliferan en los campus las declaraciones políticas institucionales de apoyo a los encausados que, en algunos casos, van acompañadas de peticiones tan ofensivas (porque resulta que los constitucionalistas también tenemos apego a nuestros símbolos) como la supresión de las festividades del 12 de Octubre y el 6 de Diciembre.
Todos estos pronunciamientos de diferentes órganos de gobierno (fundamentalmente claustros) recuerdan la asfixiante campaña impulsada por colectivos separatistas durante el otoño de 2017, cuando nuestros correos electrónicos se vieron invadidos por comunicados institucionales claramente alineados con el discurso nacionalista en torno al referendo ilegal y plagados de falacias. Esto se explica con detalle en el capítulo diez del informe Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, elaborado por la Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana y la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. No recibimos, sin embargo, por increíble que parezca, ningún comunicado relativo al golpe a la democracia que se produjo en el Parlamento de Cataluña los infaustos 6 y 7 de septiembre…
Se trata de una vieja estrategia del nacionalismo catalán, explicitada en el obsceno Programa 2000, consistente en colocar a personas afines en los órganos directivos de asociaciones, colegios profesionales o administraciones públicas para que, llegado el momento, fijen una posición política que transmita una sensación de uniformidad ideológica de todos los miembros de la entidad. Una excelente forma de arrinconar la discrepancia.
Como reacción ante esto, a principios del pasado octubre, un nutrido grupo de más de cien profesores universitarios catalanes suscribimos un manifiesto en torno al lema Universitaris per la convivència, que desde entonces da nombre al colectivo, y cuyo leitmotiv es la defensa de la neutralidad política de las universidades y, con ello, de la libertad ideológica de alumnos, profesores y personal de administración y servicios.
Alzar la voz es esencial para combatir el miedo de quienes ven cómo se pronuncian en su nombre, en contra de sus ideas
Desde entonces, diversos miembros de este colectivo hemos ido reclamando en nuestras respectivas universidades que cesen las declaraciones políticas de los órganos de gobierno, esgrimiendo para ello dos razones fundamentales:
1.- Que las administraciones (en este caso, la educativa) no tienen libertad de expresión, al ser este un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas, como ha ido reiterando la jurisprudencia constitucional (por ejemplo, las sentencias 254/1993, de 20 de julio; 14/2003, de 28 de enero y 244/2007, de 10 de diciembre).
2.- Que los representantes de los diversos colectivos universitarios en los diferentes órganos de gobierno de la Universidad no hemos sido elegidos en función de nuestro pensamiento político, por lo que carecemos de legitimidad para pronunciarnos políticamente en nombre de nuestros representados. Hacerlo implicaría vulnerar su libertad ideológica, en particular la de aquellos que no piensan como nosotros.
Alzar la voz en este sentido una y otra vez, por ingrato que resulte, es esencial para combatir el miedo al aislamiento (espiral de silencio) que sufren muchos universitarios, manifiestamente incómodos por el hecho de que la institución se pronuncie en su nombre (y en contra de sus ideas) pero que no se atreven a denunciarlo.
No obstante y afortunadamente, cada vez son más las voces críticas con este orden de cosas. Así, junto a Universitaris per la convivència, destaca la magnífica labor del colectivo de estudiantes S’ha acabat, que esta misma semana, tras difundir un vídeo que se ha hecho viral reclamando la neutralidad de los espacios públicos universitarios, emitía un comunicado totalmente alineado con los argumentos que acabo de esgrimir, en el que exigía a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad de Barcelona y a la Universidad Politécnica de Cataluña “que retiren las declaraciones a favor de la absolución de los políticos independentistas y de los huidos de la Justicia”.
En definitiva, iniciativas para la esperanza que algunos consideramos especialmente perentorias en esta Cataluña tan aturdida donde la espiral de silencio comienza a resquebrajarse en muchos ámbitos. Lo que suceda en el futuro con la libertad ideológica en nuestra universidades dependerá de cuántos decidamos que vale la pena arriesgar un poco para defenderla.
*** Isabel Fernández Alonso es profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de Universitaris per la Convivència.