Los empresarios advierten de que la exigencia de Podemos "es imposible", que "casi ninguna empresa podrá cumplirlo". Una de las medidas estrella de Podemos en las que centrará la negociación presupuestaria con el Gobierno de Pedro Sánchez es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros al mes ya para 2019. En la actualidad está en 735,90 € en 14 pagas.
El salto supone un alza del 35,88% para los más de 530.000 trabajadores que en España cobran el SMI, "una catástrofe económica" augura el director de Comunicación de CEOE. En declaraciones para EL ESPAÑOL, Javier García de la Vega advierte de la posible pérdida de empleos, de productividad y consecuentemente de actividad económica que acarrearía "una imposición como ésta".
Dando por buenas estas cifras, y más allá del detalle no baladí de que los costes laborales aún subirían más -por la parte de la cotización a la seguridad social de la que se hace cargo el empleador-, la broma le saldría a las pequeñas y medianas empresas españolas por 1.959 millones de euros sólo este año... nada menos que un 0,16% del PIB.
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Es pedirle a los empleadores que pongan de su bolsillo un tercio de los 6.000 millones de más en el déficit público que el PP y C's se niegan a aceptar. Y menos a través de las triquiñuelas del Gobierno y sus socios que han abierto una crisis institucional colando una enmienda extemporánea en una ley de violencia de género para soslayar las atribuciones del Senado en el trámite de sacar adelante los Presupuestos.
Fuentes oficiales de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) señalan a este periódico que la medida, además, acarrearía "muchas más subidas en cadena, porque esto tiene un efecto contagio". Y lo explica con un ejemplo el portavoz de CEOE: "Imagine que hay que subir a 1.000 euros lo que cobra el oficial primera de una obra... pues algo habrá que subirle también al oficial segunda, ¿o va a cobrar más el subordinado que el que tiene más responsabilidades?".
Un pacto con menos de un año
Los empresarios quieren que se respete el acuerdo firmado hace menos de un año con el Gobierno de Mariano Rajoy, que alcanzó un pacto en diciembre de 2017 con los sindicatos y las patronales para trazar una senda de crecimiento de este índice, que sirve también de referencia a muchos convenios. El plan era llevarlo hasta los 850 euros en tres años hasta 2020. "Ni siquiera a esos 1.000 que reclaman ahora y para ya", argumenta García de la Vega, "aunque sí que admitimos que el acuerdo reflejara la intención de que las empresas que pudieran lo alcanzaran".
Pero Pablo Iglesias fue taxativo este lunes en la rueda de prensa en la que presentó, junto a la plana mayor del partido, su documento de 53 páginas 'Presupuestos con la gente dentro'. "Lo que pedimos es sensato y si nos decían que la moción de censura no se podía y se pudo, esto también se puede".
El acuerdo al que se agarran los empresarios fue firmado el 26 de diciembre de 2017 por Mariano Rajoy, Unai Sordo (CCOO), José María Álvarez (UGT), Juan Rosell (CEOE) y Antonio Garamendi (CEPYME) y trasladado a real decreto tres días después. Preveía un alza progresiva del 4% para este año, del 5% para 2019 y del 10% para 2020 en el SMI. Pero tenía una salvaguarda doble: que la economía española siguiera creciendo a un ritmo interanual del 2,5% al menos y que la Seguridad Social ganara al año como mínimo 450.000 afiliados nuevos.
La desaceleración ya está aquí
Y precisamente eso es lo que, según los empresarios, está en juego con el aumento imparable del gasto público que está diseñando el Gobierno Sánchez en plena desaceleración económica.
Al poco de llegar al Gobierno, a mediados de julio, el presidente del Ejecutivo se comprometió a fijar los 1.000 euros para el año 2020 apelando a la "justicia" porque España estaba en recuperación económica: "El reparto de la renta entre los trabajadores y los beneficios empresariales está absolutamente desequilibrado", decía en una entrevista con 'eldiario.es'.
Pero, ¿sigue siendo así? FUNCAS ya advierte en su último informe de previsiones de crecimiento -publicado hace menos de dos semanas- que 2018 se cerrará con un 2,6% de alza del PIB pero que en 2019 no pasaremos del 2,2%. Además, el informe basaba sus cifras -aún optimistas- en que "no se prevé que la política fiscal altere la senda de crecimiento de manera significativa", una premisa que el Ejecutivo tampoco quiere cumplir, pues pretende aumentar el gasto en esos 6.000 millones de euros que se apuntarían al déficit.
En este contexto, las patronales levantan la voz ante lo que consideran que sería "un torpedo para cualquier pyme de este país". En España, más del 70% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas, "sobre todo en el sector servicios", apuntan desde CEOE, que es el que está presentando peor comportamiento en este este curso.
"Una medida como ésta impuesta desde el Gobierno sería una catástrofe económica", advierte el portavoz de la patronal. "Jurídicamente, no tendría un pase que nos impusieran desde los poderes públicos cuánto tenemos que pagar a nuestros trabajadores", concluye en tono incrédulo el portavoz de la CEOE. Y desde Cepyme, sin decirlo, sugieren que de llevarse a cabo, se destruiría empleo o se fomentaría la economía sumergida: "Una subida de esas dimensiones es inasumible, sobre todo para las empresas más pequeñas... nos piden lo que no tenemos".