El Gobierno ha pulsado el cronómetro. Cuenta atrás para exhumar a Francisco Franco. Este viernes, el Consejo de Ministros ha puesto en marcha el proceso administrativo que cristalizará en el desentierro del dictador. Entre hoy y mañana, el Ejecutivo socialista enviará la notificación a los siete nietos del general y a los benedictinos que, como partes interesadas, dispondrán de quince días hábiles para presentar alegaciones.

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El decreto ley elegido por Sánchez evita, de momento, un recurso en los tribunales por parte de los Franco, que intentarán en una segunda fase y vía contencioso administrativo probar una supuesta inconstitucionalidad de la medida y una profanación en caso de que se exhume a pesar de un “no” de los benedictinos –custodios de la Basílica–. Sobre este punto, el Gobierno ha recalcado que dispone de “instrumentos jurídicos suficientes” para actuar.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado que los plazos siguen siendo los previstos: trasladar al dictador “a final de año”. En cuanto a las posibles trabas legales preparadas por los franquistas, ha respondido: “Las amenazas no servirán de nada”. El Consejo ha celebrado la cuenta atrás y ha reiterado una determinación irrevocable: “Vamos a ello. No puede haber un mausoleo en honor a un dictador. Arreglar el pasado ayuda a diseñar un proyecto feliz y justo para todos”.

El proceso es el siguiente. Según las fuentes consultadas, la ausencia de una posición uniforme por parte de los Franco obliga al Gobierno a enviar una notificación a los siete nietos. Una vez llegue la última, empezará ese plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones. La familia ya ha aclarado que, “por supuesto”, se hará cargo de los restos de su ascendiente, aunque no ha especificado dónde los inhumará. Por tanto, queda descartado que sea el Ejecutivo quien decida el lugar de destino del dictador.

Sánchez ya ha designado instructor para la gestión de las alegaciones. Se trata de la subsecretaria de Estado del Ministerio de Justicia. Transcurrido el tiempo para las reclamaciones, el Gobierno deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento y la Comunidad autónoma que acogerán la exhumación. En este punto, los socialistas no esperan problemas, sino puro trámite.

Será entonces cuando se acojan las últimas alegaciones posibles, con un plazo máximo de diez días. Transitado el camino, el Gobierno, en un Consejo de Ministros similar al celebrado este viernes, estampará la firma que dicte la exhumación.

Otra de las novedades expresadas por Celaá ha sido la transformación del decreto en un proyecto de ley –una vez convalidado lo primero– para permitir el debate entre los grupos y las consecuentes enmiendas. Con esta maniobra, Sánchez ha evitado el recurso en los tribunales de los Franco y podrá negar la mayor cuando le acusen de haber hurtado la capacidad legislativa a la Cámara, como le han recriminado PP y Ciudadanos.

Moncloa no quiere incidentes el día de autos. Por eso tratará de ocultar la fecha. No obstante, deberá avisar a la familia, que podría convocar a sus afines para fabricar un pobre sucedáneo de funeral de Estado. Tal y como ha informado este diario, son varias las asociaciones afines a la dictadura dispuestas a las guardias, los retenes y la “resistencia organizada”.

Este mismo viernes, horas después de iniciarse el camino al desentierro, los franquistas han convocado una vigilia en el Valle para exhibir músculo y mostrar su desacuerdo. El mes pasado, rondando el 18 de julio, hicieron lo propio. Decenas de participantes saludaron brazo en alto y enarbolaron banderas preconstitucionales. No hubo multas ni una actuación por parte de las fuerzas de seguridad.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que si esto vuelve a producirse, “los cuerpos del Estado intervendrán”.