Bruselas

La estrategia que está detrás de la huida a Bruselas del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro exconsellers comienza a quedar al descubierto. Quieren demostrar que los tribunales españoles están politizados y hacen imposible un juicio justo, frente a las garantías que sí les ofrece Bélgica. Y para ello esgrimen la libertad vigilada que ha decretado para ellos el juez de instrucción belga que tramita las euroórdenes de España, frente a la prisión incondicional contra sus antiguos compañeros de Gobierno en Madrid.

Ni Puigdemont ni los exconsellers quisieron hablar con la prensa tras abandonar anoche la Fiscalía de Bruselas en una furgoneta blanca con los cristales tintados. Pero este lunes han lanzado una tormenta de mensajes concertados a través de Twitter para hacer visible su estrategia. "En libertad y sin fianza. Nuestros pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática", ha escrito el ex presidente de la Generalitat.

En  la misma línea se expresaba la ex consejera de Agricultura, Meritxell Serret. "En Bélgica nos conceden libertad sin fianza, mientras que en España estaríamos en prisión", ha resaltado. El juez belga considera que no hay riesgo de fuga "inminente". Sólo ha impuesto tres condiciones a los cinco políticos catalanes: no pueden abandonar Bélgica mientras se tramita la euroorden, deben comunicar un domicilio fijo y tendrán que presentarse en persona a todas las citaciones. Eso significa que podrán hacer campaña desde Bélgica para las elecciones del 21-D.

El exconseller de Sanidad, Toni Comín, ha reclamado a la justicia española que libere también a sus antiguos colegas de Gobierno en Madrid. "En libertad sin fianza. Exigimos que las mismas garantías que se nos reconocen a nosotros se reconozcan también a nuestros compañeros injustamente encarcelados en España", ha escrito.

Por su parte, la antigua titular de Enseñanza, Clara Ponsatí, se ha limitado a tuitear una foto de postal de la capital belga. "Buenos días desde Bruselas".

La euroorden de España contra Puigdemont pasa ahora a la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial en Bélgica. En los próximos días, probablemente la semana que viene, la Cámara del Consejo convocará al expresidente catalán para escucharle y decidirá en 15 días sobre su entrega. Puigdemont puede recurrir a otras dos instancias judiciales. El plazo máximo para decidir es de 60 días, prorrogables a 90.

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