Un colectivo de piratas informático ha hackeado hoy las cuentas en redes sociales de la asociación HazteOír, en protesta por su campaña contra los menores transexuales. Además, los hackers han publicado varios paquetes de archivos extraídos desde los ordenadores de la organización. En ellos, hay documentos personales del polémico presidente de la entidad, Ignacio Arsuaga, facturas de compra de hormonas que los hackers acusa de dar a sus hijos para "prevenir" la homosexualidad, documentación interna de la organización ultrareligiosa El Yunque y pruebas de cómo los miembros de HazteOír intentaron frenar una investigación periodística sobre los miembros de este colectivo religioso.

El hackeo arrancó a primera hora de la mañana, cuando las distintas cuenta en redes sociales de HazteOír publicaron un mensaje que anunciaba el acceso de los activistas informáticos a sus contraseñas. En esas mismas cuentas, los responsables del ataque anunciaban que la intrusión respondía a la campaña que la organización declarada de utilidad pública por el exministro Jorge Fernández Díaz mantiene en contra de los menores transexuales.

A partir de ahí, la información sobre los archivos personales de varios miembros de la organización han sido publicados en distintas cuentas de redes sociales, controladas por el equipo informático responsable del ataque, compuesto por cinco personas. Poco después, los hackers han subido los archivos en distintas carpetas a una web alojada en un servidor seguro. Allí en encuentran ahora las pruebas de los intentos por parte de HazteOír de frenar las investigaciones periodísticas contra la organización El Yunque, la recolección de distintos tweets para presentar una denuncia frente a la policía, manuales del colectivo religioso  El Yunque para ganar adeptos y la denuncia presentada ayer por Ignacio Arsuaga contra uno de los miembros del colectivo responsable del Hackeo.

En un comunicado público, la dirección de Hazteoir mantienen que la información liberada hoy  es "falsa" y ha sido manipulada y que los responsables del ataque intentaron chantajear y extorsionar a Arsuaga, que vincula también la intrusión con su campaña sobre el llamado por ellos "Bus de la Libertad": es decir; el autobús prohibido por la Justicia a petición de la Fiscalía tras considerar que su mensaje -en contra de los menores transexuales- podría ser constitutivo de un delito de menosprecio a la dignidad de las personas por su orientación sexual.