Tres campañas electorales bajo sospecha. El juez que investiga el caso Taula, Víctor Gómez, ha ampliado las pesquisas sobre posibles irregularidades en el gasto electoral de las campañas de Rita Barberá hasta los comicios de 2007. El juzgado de Instrucción 18 mantenía abierta una pieza separada para dilucidar si hubo blanqueo de dinero en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia (el conocido ‘pitufeo’), una pieza que posteriormente amplió al ámbito del delito electoral tras una denuncia de Comproís. Ahora, el juez ha ampliado hasta 2007 la investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de las campañas de la exalcaldesa.
El magistrado llevaba más de un mes realizando esta investigación en secreto, concretamente desde el 10 de noviembre, después de recibir información que el diario digital Valencia Plaza puso en disposición de la fiscalía. Según esta documentación revelada por el propio diario, la empresa encargada de la campaña electoral de 2007, Laterne, recibió cerca de tres millones de euros en ‘donaciones’ de empresas para los actos electorales. Algunas de estas empresas están imputadas en el caso Taula que investiga si el PP cobró mordidas. Laterne había sido contratada por 150.000 euros para esa campaña, así que el gasto, de acreditarse, superaría en veinte veces lo establecido.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el juzgado estaba investigando toda esta documentación en secreto no solo para determinar si pudo cometerse delito electoral en 2007, sino también para, en todo caso, completar la investigación sobre el posible blanqueo de dinero en el seno del grupo popular municipal. Este mismo martes, el juez ha emitido un auto para informar a las partes de esta nueva vía.
En un anterior auto por el que el magistrado abrió la investigación de blanqueo al delito electoral (lo que se conoce como financiación ilegal), el magistrado hablaba de un posible delito continuado que no se limitaría solo a 2011 y 2015, sino que sería anterior en el tiempo, pero apuntaba entonces que no se investigaban movimientos anteriores porque el supuesto delito habría prescrito. La investigación de la documentación y facturas referentes a Laterne vendría a reforzar la pieza principal de blanqueo.
Años atrás, los grupos del PSPV y de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia ya habían advertido de posibles irregularidades de la empresa Laterne y el dinero que recibía del consistorio a través de otros organismos. Compromís llegó a llevar una denuncia por un posible desvío de dinero para un acto electoral, pero la fiscalía acabó por archivarla.