Jorge Sáinz Javier G. Jorrín

El Gobierno ha puesto en marcha las negociaciones para cumplir sus compromisos de déficit y, para lograrlo, ya está planteando una subida de impuestos que rechazó durante la campaña. Su intención es elevar el IVA de la hostelería y el turismo en los Presupuestos de 2017 para apuntalar el ajuste de 5.500 millones de euros que exige Bruselas. Actualmente todo el sector hostelero se beneficia de un tipo reducido del 10%, frente al 21% general.

El Ejecutivo tiene dos opciones: elevar el IVA del sector hasta igualarlo al 21% general o crear un segundo IVA reducido para situarlo en algún porcentaje intermedio. La Comisión Europea permite que haya un máximo de dos tipos reducidos que sean superiores al 5%, además del superreducido para algunos productos básicos, por lo que tiene vía libre desde el punto de vista legal. Sin embargo, la propuesta no ha sentado nada bien en Ciudadanos, socio preferente en la negociación.

Rajoy sobre la posible subida de impuestos: "No hay tomada ninguna decisión"

Mariano Rajoy dejó entrever este viernes en Berlín que el Gobierno estudia tocar los impuestos, aunque no quiso concretar las áreas. España debe reducir su déficit del 4,6% del PIB de este año hasta el 3,1% en 2017 y tiene total voluntad de cumplir con ese compromiso. El presidente aseguró que la decisión todavía no está tomada y que, en cualquier caso, sería una cuestión que hablará antes con otros partidos que pudieran apoyar los Presupuestos del próximo año.

"No hemos tomado ninguna decisión sobre el asunto. Cuando la haya, la comunicaremos", dijo ante la prensa. El Partido Popular repitió durante toda la campaña electoral que no subiría los impuestos, de hecho prometió que bajaría el IRPF, pero ya está rectificando. En realidad, el Ejecutivo no tiene muchas alternativas si quiere cumplir con lo que prometió a Bruselas, ya que recortar más el gasto de la Administración Central parece complicado.

El problema de gravar este impuesto es que afectará a uno de los motores de la economía española que se ha tratado de proteger desde siempre: el turismo. Este sector genera en España en torno al 11% del PIB y más del 12% del empleo, según los datos del INE.

Pero el IVA de la hostelería no solo afecta a los turistas, sino a cualquier ciudadano, ya que grava todas las ventas del sector hostelero salvo el caso de las discotecas, salas de fiestas de espectáculos, o similares, que están en el 21% general. Esta medida puede afectar a todos estos servicios: hostelería, camping, balnearios, restaurantes y suministros de comidas y bebidas que se van a consumir en el acto. En otras palabras, todos los españoles tendrán que rascarse el bolsillo si llega a concretarse como pretende el Gobierno.

C's denuncia la lentitud del PP

Ciudadanos ha mantenido reuniones por separado con los ministros de Economía y de Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. Sin embargo, fuentes del partido naranja lamentan la lentitud del Gobierno en este proceso. Rajoy no ha nombrado todavía un equipo negociador, como sí ha hecho Ciudadanos, y ni siquiera existe un proyecto de borrador sobre el que trabajar.

La propuesta para hostelería y turismo, de la que ha tenido conocimiento EL ESPAÑOL, no ha gustado en Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha defendido que los Presupuestos no deben incluir subidas impuestos. La promesa de la formación a sus votantes era no subir ningún tributo (salvo la reforma de Sociedades) y, en el caso concreto del IVA, rechazaba incluso sacar ningún producto o servicio de los tipos reducidos para llevarlos a uno superior.

El equipo económico de Ciudadanos cree que es posible cumplir el déficit si se realiza un esfuerzo en la lucha contra el fraude, se recupera el dinero de la amnistía fiscal y se recorta la "burbuja política" con una auditoría del gasto público.

Una petición de Bruselas

La pretensión del Gobierno de subir el IVA de la hostelería cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. En agosto, cuando Bruselas decidió no multar a España por incumplir el déficit de 2015, envió una serie de recomendaciones al Ejecutivo para corregir el déficit estructural. Entre todas ellas subrayaba una concreta: subir el IVA reducido. Esta petición de la Comisión se puede satisfacer de dos maneras, elevando el tipo impositivo, o sacando algunos bienes y servicios del reducido y llevándolos al general o a un tipo superior, como baraja el Ejecutivo.

En cualquier caso, la recomendación de la Comisión se conoce desde agosto y el Partido Popular no habló en ningún momento de llevarla a cabo. De hecho, durante las negociaciones con Ciudadanos para el pacto de investidura no se puso sobre la mesa la posibilidad de tocar el IVA. Pero durante la campaña electoral de 2011 también prometió que no subiría este impuesto y tardó apenas 10 meses desde su victoria en incumplir su palabra.

La subida de este impuesto supondría un esfuerzo extra para los españoles. La recaudación de este tributo ya está en máximos históricos desde 2014, pero el Gobierno parece dispuesto a pedir un nuevo sacrificio. En el año 2011, último ejercicio completo sin la subida de 2012, el tipo efectivo que soportaron los ciudadanos fue del 12,68%, según los datos de la Agencia Tributaria. Dos años después, en 2013, el primero completo con el nuevo IVA, el tipo efectivo aumentó hasta el 15,53%, casi un cuarto más. Desde entonces, no ha bajado del 15% en ningún momento, y ahora podría subir más.

La reforma de 2012, unida a la recuperación del consumo, ha llevado a que uno de cada tres euros de ingresos tributarios del Estado ya procedan de este impuesto, niveles que no se habían visto. En 2015 la recaudación del IVA fue de 60.305 millones de euros frente a los 182.009 millones totales de ingresos por impuestos. Y este año el IVA volverá a marcar otro récord de recaudación, ya que hasta septiembre se habían ingresado 45.007 millones de euros, un 4,8% más que en 2015.

El Gobierno del PP ha dado una relevancia al IVA que no tenía hasta ahora, lo que acrecienta la desigualdad entre las distintas capas de la sociedad. Este impuesto (como la mayoría de los indirectos) es regresivo en cuanto a la distribución de la renta. Esto es lógico, ya que las clases bajas tienen que destinar un porcentaje mayor de sus recursos al consumo y, por tanto, a pagar este tributo. En un estudio de Fedea sobre el impacto de los diferentes impuestos concluyó que el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados incrementa "la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares aumenta en un 3,13%".