El sector agrícola de Murcia y Alicante está en pie de guerra con el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sin que se haya aprobado el plan de cuenca del Tajo.
La rebaja de los volúmenes trasvasables de 38 hectómetros cúbicos a 27, cuando los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía (Castilla-La Mancha) estén por debajo del 35% de su capacidad, ha provocado tractoradas y concentraciones como antesala a la gran cita: la protesta conovaca el lunes 24, en Madrid, con las políticas hídricas del Gobierno de Pedro Sánchez en la diana.
Una de las voces que se hará sentir en la capital de España es la del presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Juan Marín.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado para mayo un trasvase de 38 hectómetros cúbicos. ¿Este anuncio busca rebajar la tensión que se respira en el sector en las últimas semanas?
Es lo que toca según el agua embalsada, pero la verdad es que se han adelantado en las fechas de anunciar ese trasvase para aplacar la movilización del día 24 en Madrid.
¿Qué mensaje quieren trasladar los productores agrícolas del sureste español al Ejecutivo con la protesta de Madrid?
Al Gobierno de España le queremos decir alto y claro que no estamos hablando de guerras de agua entre agricultores de Castilla-La Mancha y agricultores del Levante. Hay agua suficiente para todos, la agricultura es un sumidero de dióxido de carbono y esa modificación de las reglas del Tajo-Segura no se sostiene, excepto por algún peaje político.
Cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía, cada uno, están con 400 hectómetros cúbicos, con la crisis económica que se vislumbra después de esta terrible pandemia, ahora mismo no tiene sentido reducir las aportaciones hídricas al sector agroalimentario cuando hay cooperativas que tienen que organizar sus estructuras. Tú no puedes montar un invernadero, plantar frutales, limoneros o un parral si te viene un período seco de dos o tres años.
¿Cómo afectará el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a pie de explotación agrícola?
La reducción de los volúmenes de agua dulce, y económica, que sale a 11 céntimos el metro cúbico, para permutarla por agua desalada, más cara, a 60 céntimos el metro, sin contar los costes de impulsión, la verdad es que plantea una situación compleja.
Nos preocupan mucho las nuevas reglas de explotación porque habrá un 40% menos de agua y eso significa que habrá que encarecer los productos. A ver quién puede pagar eso, en una situación como la actual, con una pérdida de poder adquisitivo del consumidor, y con las cadenas diciéndonos que la crisis viene de camino. Este cambio repercutirá en el coste final para el consumidor, de un 8% a un 10%, porque el tema del agua es un capítulo importante para la producción.
Del discurso de los productores agrícolas se desprende rechazo hacia el agua desalada. ¿No le parece una postura errónea con el cambio climático?
El cambio climático es una realidad y hay que buscar alternativas con energías limpias y renovables. Hace falta un mix. En la comunidad de regantes de Lorca que presido, tenemos recursos subterráneos, agua de la cuenca del Segura y de la desaladora de Águilas.
No podemos estar en contra del agua desalada, pero esa agua a 60 céntimos el metro cúbico, al final no podremos pagarla los productores nacionales ni europeos, mucho menos cuando el propio Gobierno se comprometió a sacarla a un precio justo de 30 céntimos el metro cúbico.
Los agricultores tienen dos frentes abiertos: uno es el trasvase y otro el plan de cuenca del Tajo que prevé incrementar los caudales ecológicos. ¿Cuál es la hoja de ruta que seguirán con el asunto de los caudales?
Por ley hay que fijar unos caudales ecológicos mínimos, pues fíjense, pero lo que no tiene sentido, en plena planificación hidrológica, que se empiece por el Tajo. No sé determinar el número de ríos y afluentes que ahora mismo están circulando y recorriendo este país sin estar regulados, pues, primero, regúlense todos esos ríos, pero no empecemos por el Tajo porque el problema que tiene es que le llega un agua negra, y la solución no puede ser doblarle el caudal para diluir el agua sucia, lo que hay que hacer es depurarla como se está haciendo en el Levante.
Hay fondos europeos para mejorar la depuración y podemos pagar algún céntimo para que nuestros compañeros se puedan beneficiar de que llegue un agua de mayor calidad.
Tractorada celebrada este fin de semana en protesta a los cambios normativos en el Trasvase Tajo-Segura.
¿Cree que a la Región de Murcia le penaliza a nivel hídrico el tener un Gobierno de derechas y que el Ejecutivo central sea una coalición de izquierdas?
Al sector agrícola de Murcia lo que siempre le ha penalizado es estar en una comunidad uniprovincial que no tiene peso en el Congreso de los Diputados. No entendemos cómo se puede penalizar a una región pequeña con un sector agroalimentario que aporta un 30% al PIB, porque detrás hay miles y miles de familias que trabajan en los campos, en los almacenes, en las cooperativas, en las agencias de transporte... No quiero pensar que nos penaliza estar gobernados por unas politicas liberales, más de derechas, porque eso sería una irresponsabilidad.
PSOE y Ciudadanos han pedido el adelanto electoral en la Región de Murcia porque consideran que no es legítimo el nuevo Ejecutivo autonómico que lidera el PP con tránsfugas de Cs y expulsados de Vox. ¿Cree que deberían adelantarse los comicios?
Es un tema de los políticos: han dado un verdadero espectáculo en los últimos meses, tanto a nivel regional como nacional. No me voy a pronunciar porque eso a los ciudadanos no nos compete. Espero que haya sentido común. Creo que los partidos políticos, en general, no han estado a la altura de una región seria, como es Murcia, y un país serio, como es España.
¿Cómo valora Proexport los 1.000 millones de euros que el Ministerio de Agricultura ha asignado al sector agroalimentario dentro de los fondos europeos del plan de recuperación?
Son insuficientes, son insuficientes y son insuficientes. Nuestras empresas han evolucionado de tal manera que son auténticas fábricas de alimentos sanos donde estamos instalando plantas fotovoltáicas, mecanizando procesos, robotizando, digitalizando... Todo eso no se puede canalizar solo desde Agricultura: tienen que involucrarse el resto de ministerios para que al final, esos fondos de recuperación consigan mejorar la competitividad durante los próximos 25 años.
Le estamos reclamando más ayudas a las distintas consejerías autonómicas y ministerios porque se trata de empresas que reinvierten en productividad, en empleo y desarrollo. Si han destinado 1.000 millones de euros, pues lo que hace falta, multiplicado por cinco, se quedaría corto (5.000 millones).
¿Los productores agrarios han solicitado vacunar a sus trabajadores a través de las mutuas para evitar brotes de Covid en sus empresas y almacenes?
Lo hemos pedido por activa y por pasiva. Se lo pedimos a la Comision Europea, al Ministerio y a nivel de las consejerias regionales del país porque somos un sector esencial, pero la verdad es que la disparidad de criterios que ha habido a la hora de tomar decisiones, pues no ha favorecido nada. No hemos tenido suerte.
Creo que es un tema que debería haberse abordado a nivel europeo porque se ha hecho en Estados Unidos y en Reino Unido. Ahora mismo hay más vacunas que personal habilitado para vacunar y creo que eso es un verdadero disparate cuando la única solución es vacunar y eliminiar el número maximo de personas que esté expueto al coronavirus. Es un error del Gobierno no utilizar todos los medios disponibles.
¿Qué opina Proexport de la denuncia de la Fiscalía al Gobierno murciano por no sancionar a diez empresas agrícolas que han causado daños de tipo medioambiental al Mar Menor?
Es un tema muy complicado que está sub iudice. No lo conozco de primera mano. Parece ser que son sanciones mínimas. Hay que analizar el caso, es un sector muy grande y seguro que habrá algún incumplimiento, estoy convencido de que alguno habrá, pero lo que tienen que hacer es analizar el tema y la mayoría quedará en sanciones administrativas. Entonces, realmente, no ha habido unos vertidos que se puedan justificar y demostrar.
Vamos a confiar en que la Justicia ponga las cosas en su sitio y que este populismo y este ataque generalizado al sector agroalimentario, que no está pasando en niguna parte de España ni de Europa, solo en Murcia, pues que pase y que la Justicia haga lo que tenga que hacer.
Juan Marín, presidente de Proexport, durante su intervención en la asamblea general.
Proexport ha celebrado recientemente su asamblea general. ¿Cuál es el balance que han hecho de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus?
Ha habido un ligero incremento en cuanto al volumen de exportación porque la gente ha querido comer más sano, para mejorar su sistema inmunológico. No había movilidad, había que cocinar y comer en casa, y la verdad es que ha habido un incremento del volumen de ventas de frutas y verdurs frescas, de un 5% a un 12%, en función del producto, pero el problema es que ese aumento no ha repercutido en cuanto a los resultados positivos de nuestras empresas porque hemos tenido que asumir incrementos de transporte, el Brexit, reestructurar nuestras empresas para adaptarlas a la pandemia y en algunos momentos los costes se elevaron un 20%.
¿Qué retos se marca Proexport para el último semestre del año?
Le estamos pidiendo al Gobierno que en la nueva Politica Agraria Común se incluyan las frutas y hortalizas que se quedaron fuera de la última revisión y que no haya ayudas para productos cuya actividad no redunde en generar empleo y en el PIB. Y estamos luchando en una Europa megaverde, que ha puesto sobre la mesa la cuestión de la sostenibilidad del campo a la mesa.
Hay que hacer una agricultura verde, pero una agricutura verde con números rojos no se sostiene. Tienen que darnos un periodo de transición y ayudar a adaptar nuestras explotaciones porque no podemos inventarnos una falsa ecología, que reduzca la producción, y luego provoque que en un periodo de diez años entremos en una situación de falta de suministros.