Las claves
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En todo 2025 y en las primeras semanas de 2026 la Xunta ha controlado la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC), a los que los taxistas denuncian por intrusismo e incumplimiento de la ley gallega, y registrado más de 450 actas de infracción. La mayoría se deben a circular en un mismo término municipal, algo que no les permite la ley, ya que deben hacerlo entre concellos.
La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, informó este viernes sobre este dato en el Parlamento gallego e instó a los ayuntamientos a "ejercer sus competencias en la regulación y control de los VTC".
"Hacemos la labor de inspección y remitimos los resultados a los concellos afectados para que ejerzan sus competencias sancionadoras", recalcó Fontela.
El pasado mes de octubre, cuando la Xunta también informó acerca de las primeras actas de infracción, cifró 116 en Santiago de Compostela, 112 en A Coruña, 17 en Vigo y dos en Culleredo. Cuatro meses después no concreta por municipios.
El Concello de A Coruña, por ejemplo, donde taxistas ajenos a las dos asociaciones del sector se han movilizado en las calles y reclamado sanciones, el Gobierno local, a instancias de la Xunta, ha notificado más de una decena de multas por importe de 16.000 euros.
Pero el Ayuntamiento no tiene competencias ni en materia de inspección ni de sanción, ya que no cuenta con una regulación específica que recoja la actividad de los VTC que realizan compañías como Uber, Bolt o Cabify.
El Concello acaba de iniciar un proceso de consulta pública para recibir aportaciones de ciudadanos y colectivos afectados con las que elaborar, también gracias a informes técnicos, la futura ordenanza.
Competencia municipal para otorgar y multar
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reclamado a la Xunta que no tramite nuevas autorizaciones mientras los ayuntamientos redactan sus respectivas normas con las que ordenar la convivencia entre taxis y VTC.
La directora xeral de Mobilidade ha señalado hoy que la Xunta tramita las autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en la comunidad "por delegación de competencias del Estado" siempre que se cumplan los requisitos y criterios ambientales.
Fontela ha añadido que la normativa estatal también prevé la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen licencias urbanas, por lo que la ley gallega establece que las entidades locales puedan otorgar los permisos para prestar servicios urbanos de alquiler de vehículos con conductor "a quien disponga previamente de la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia".
La responsable autonómica de movilidad también recuerda que "es competencia municipal sancionar cuando se detecte la realización de tráficos urbanos".
