Hace ya un mes que la Audiencia Provincial de La Coruña sentenció que el Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, era de titularidad pública, pero que el Estado tenía que resarcir a la familia Franco por los gastos de conservación del inmueble desde el año 1975.
Si bien el Gobierno central aseguró desde el primer momento que esta sentencia era "favorable" a los intereses del Estado, tres semanas después ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo, después de que la Abogacía del Estado realizase "un estudio detallado de sus fundamentos" y apreciase "errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda".
"La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad", ha detallado el Ejecutivo central a través de un comunicado.
La sentencia de la Audiencia Provincial consideraba probada la "mala fe" durante todo el proceso de adquisición del Pazo de Meirás, aunque no la apreciaba a partir de 1975, año en que pasó a manos de los herederos del dictador, toda vez que no hay pruebas de que fueran conscientes de que el título de propiedad fuese inválido.
Ante esta situación, el Gobierno entiende ahora que la "necesaria" interpretación del Tribunal Supremo y "la eventual corrección de estos errores" permitirán "sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio".
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado este lunes que la Asesoría Jurídica del Gobierno gallego estaba estudiando junto a la Abogacía del Estado "si procedía o no" presentar un recurso de casación contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Frente a este posicionamiento de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia, otras administraciones implicadas, como la Diputación de La Coruña y los ayuntamientos de Sada y La Coruña, habían expresado su voluntad de recurrir la sentencia y recuperar la "unidad jurídica" que había acompañado a todo el proceso para recuperar el pazo.