Santiago de Compostela

El Estado es depositario de todos los bienes y elementos accesorios del Pazo de Meirás. Así lo ha trasladado este viernes el Juzgado de Primera Instancia número uno de La Coruña, que mantiene el 10 de diciembre como día de la fecha de entrega del inmueble y amplía hasta el 15 de enero de 2021 el plazo dado a los guardeses para abandonar su vivienda.

De este modo, el Estado pasará a ser depositario de "todos los bienes muebles y elementos accesorios del pazo", sin prejuicio "de que se pueda permitir la retirada de aquellos objetos de estricto uso personal o que no aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural (BIC) ni comprometan sus posibles usos definitivos".

La jueza, Marta Canales, ha rechazado en su auto las medidas cautelares solicitadas por los Franco, quienes pedían un plazo mayor para entregar el inmueble y rechazaban la elaboración de un inventario, que consideraban injustificada.

"La literalidad del auto es clara y, en consecuencia, la parte demandada erra cuando dice que se le dieron 20 días para retirar todos sus bienes: sus actos fueron los de cumplir voluntariamente la resolución y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario", ha explicado.

Así, la titular del juzgado ha destacado que la decisión de prohibir retirar los bienes del recinto sin informar previamente responde a "una situación de urgencia patente", que surge "cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones".

"Son sin duda muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué", prosigue la jueza, quien entiende que era "necesario saber qué existía en Meirás" antes de permitir "trasladar todo tipo de bienes desconocidos".

En definitiva, Canales se ha ratificado en la adopción de las medidas cautelares, ya que, de no haberlas decretado, "nunca sería posible acoger una decisión futura" ya que "los bienes, simple y llanamente, ya estarían desaparecidos".

"No tiene sentido abrir ahora el debate acerca de qué bienes se integran o no en el pazo", ha proseguido la magistrada, quien ha explicado que, una vez realizado el inventario, será el Estado el que tenga que exponer "qué bienes entiende que tienen que ser entregados".

Contra este auto, emitido tras la celebración de una vista el pasado miércoles, cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Coruña.

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