Valencia

El abogado y portavoz socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, explicó este miércoles que será uno de los defensores del empresario inmobiliario Jaume Febrer, considerado el cabecilla de la 'operación Azud'. Se trata de la causa que investiga una presunta trama corrupta de comisiones a cambio de favores urbanísticos. Los hechos transcurrieron durante el gobierno popular de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, pero tres políticos socialistas se encuentran también entre los imputados por su supuesta colaboración.

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"Es legal, creo que es ético garantizar su derecho de defensa, e incluso creo que es estético", manifestó Mata este miércoles ante los medios de comunicación. El portavoz del PSPV-PSOE, la formación del presidente valenciano, Ximo Puig, realizó el anuncio tras conocerse que se había reunido presencialmente con Jaime Febrer en la cárcel de Picassent, tal y como reveló el diario Las Provincias. El empresario es uno de los tres detenidos que se encuentra en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas, tal y como decretó el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia.

Como no podía ser de otra manera, la defensa de Mata en este caso ha levantado todo tipo de suspicacias. La oposición interpreta que existe una gran preocupación entre los socialistas por la imputación de tres de sus dirigentes en una causa que puede marcar el devenir político de la legislatura, tanto en la ciudad de Valencia como en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

Se trata de Rafael Rubio, quien fuera líder de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia durante los hechos investigados y subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez hasta el momento de su detención el pasado 13 de mayo. En la actualidad Rubio se encuentra todavía bajo prisión provisional. Los investigadores sospechan que pudo cobrar mordidas a cambio de favores, e incluso a cambio de silencio.

También está investigado Pepe Cataluña, histórico responsable de Finanzas del PSPV-PSOE, de quien sospechan que pudo facilitar contactos a Febrer. El tercero es José Luis Vera, ex alto cargo del PSPV-PSOE y todavía jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra -dependiente de la Diputación de Valencia que gobiernan los socialistas-. La firma y el partido lo mantienen en el cargo pese a la gravedad de los hechos investigados.

¿Acceso directo?

Otra interpretación del movimiento de Mata es que los socialistas quieran tener acceso directo a la información sobre el caso para controlarla. Pese a la supuesta implicación de tres socialistas, se trata de unos hechos que ocurrieron con un ejecutivo del PP en el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, el investigado principal es José María Corbín, cuñado de Rita Barberá. También está imputado -y, de momento, en prisión provisional- Alfonso Grau, quien fuera vicealcalde y mano derecha de la exalcaldesa.

Manolo Mata, preguntado al respecto, rebatió que "las teorías conspiranoicas son absurdas", y lo enmarcó todo en una estricta relación profesional. El diputado puede ejercer como letrado al desempeñar sus funciones en Les Corts Valencianes sin dedicación exclusiva. La oposición, por contra, exige explicaciones. Ha solicitado su declaración en la Comisión de Investigación de Azud aprobada por el parlamento, que comenzará cuando se levante el secreto de sumario.

No es la primera vez que Mata ejerce como penalista en un caso que afecta al PSOE. Cabe recordar que es abogado defensor de algunos de los socialistas imputados en el denominado 'caso Alquería'. Esta causa investiga la presunta malversación de 1,1 millones de euros al crear un organigrama de "cargos ficticios" en la mencionada empresa pública Divalterra.