Ximo Puig y sus socios se han rebelado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por pactar una enmienda con ERC que excluye a la cultura valenciana "como víctima" de Franco en la ley de Memoria Democrática.
La izquierda valenciana (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) han registrado esta semana una propuesta de resolución para que las Cortes Valencianas insten al Ejecutivo de Puig y el Consell a presionar para que se incluya a la autonomía, "y cualquier ámbito territorial de España", entre las culturas perseguidas durante la Dictadura franquista.
Según consta en el texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los socialistas y sus socios subrayan que la ley debe de incluir "las lenguas propias reconocidas en los estatutos de autonomía y culturas como la valenciana, junto con otras muchas culturas y lenguas del Estado a las que no se hace ninguna mención, y en cualquier ámbito territorial de España".
[El PSOE y ERC excluyen a la cultura valenciana "como víctima" de Franco en la Ley de Memoria]
El documento está firmado por las portavoces autonómicas del PSOE, Compromís y Unidas Podemos, con mayoría en las Cortes. Todo indica que saldrá este jueves adelante durante la votación de las propuestas de resolución del debate de Política General, el pleno más importante del año junto al de los presupuestos.
La izquierda valenciana advierte de que el proyecto de Ley, en los artículos 3 y 4, solo "cita como víctimas a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos".
Por ello, consideran que lo que debería de incluir el texto legislativo es una referencia a "las lenguas propias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y culturas como la valenciana, junto con otras muchas culturas y lenguas del Estado a las que no se hace ninguna mención, y en cualquier ámbito territorial de España".
En este sentido, puntualizan que la ley, respecto a las políticas de acoso y represión, debería "contener la diversidad cultural y de lenguas del Estado".
Impulso de ERC
El pleno del Congreso aprobó en julio el dictamen de la ley de Memoria Democrática. El documento salió adelante gracias al apoyo de PNV y EH Bildu, que se sumaron a PSOE, Unidas Podemos y otras pequeñas formaciones como Compromís para sortear el voto contrario de PP, Vox y Cs, muy duros contra la norma.
El sostén no fue gratuito. El PSOE pactó más de una veintena de enmiendas transaccionales con los grupos durante la fase de los trabajos en ponencia y en comisión.
Entre ellas figuró una impulsada por ERC en la que se reconoce la opresión cultural sufrida en los territorios con lengua cooficial, salvo la Comunidad Valenciana. Pero también ignora a las comunidades en las que el castellano inspiró movimientos y creaciones artísticas perseguidas por la Dictadura.
Así, el texto reconocía expresamente "la persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen dictatorial franquista durante el periodo de guerra, así como las décadas posteriores de dictadura".
Pese a la cesión, el Gobierno no logró sumar a su cartera de apoyos a ERC y los independentistas se abstuvieron en la votación. La diputada republicana Carolina Telechea aseguró que la abstención era un acto de "generosidad" de su partido, pues la nueva ley de Memoria no deroga la ley de amnistía como exigían.
El texto de ERC
La aprobación de esta enmienda transaccional -son aquellas que se aprueban después de presentarse el texto legislativo para buscar apoyos- dejó sin reconocimiento a la mitad de comunidades autónomas e ignora el valenciano, la lengua propia de la Comunidad Valenciana, reconocida por su Estatuto de Autonomía, cuya reforma fue aprobada en 2006 y aceptada por todos los partidos.
Tampoco aparecía en el texto ninguna mención a la cultura de las Islas Baleares, aunque en este caso su Estatuto incluye la lengua catalana como la cooficial junto al castellano, sin las particularidades propias del habla en su territorio, como sí ocurre en la Comunidad Valenciana.
El texto propuesto por los independentistas catalanes únicamente reconoce como "víctimas" de la represión a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega y quienes "fueron perseguidos por hacer uso de éstas".
Al identificar lengua, cultura y territorio, el resultado es que la represión franquista que sufrieron referentes como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Antonio Machado no queda recogida en la ley porque, siendo andaluces, se expresaban en castellano. Lo mismo ocurre con autores valencianos que escribían en castellano, como el oriolano Miguel Hernández, muerto en la cárcel franquista de Alicante.
Lorca ha sido uno de los autores asesinados en la guerra más llorado y aclamado internacionalmente. También Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, que se negó a ser enterrado en la España de Franco. O Max Aub, valenciano de adopción que comprometió su escritura contra el fascismo. Todos quedaron olvidados con la enmienda transaccional apoyada por el PSOE.
La represión fue muy cruel con muchísimos referentes culturales de toda España y en el municipio valenciano de Paterna se encuentra la denominada "fosa de la cultura", donde periodistas, maestros, alcaldes y editores fueron fusilados y sus cuerpos abandonados en 1940. Su sufrimiento tampoco quedó recogido en esta ley.