Nuevo conflicto de competencias en el Gobierno valenciano, y de nuevo entre Mónica Oltra (Compromís) y Gabriela Bravo (PSPV-PSOE). Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se enteró a través del Diario Oficial de la Generalitat de que la titular de Justicia ha constituido un "Foro para la Abolición de la Prostitución".
La ambiciosa iniciativa, presentada el martes por todo lo alto sin la participación de Oltra, representa una triple fricción entre las dirigentes. En primer lugar, porque Igualdad había liderado hasta ahora las principales políticas contra la prostitución, tales como un programa sociolaboral y residencial para mujeres prostituidas o brindar a las afectadas una Renta Valenciana de Inclusión (RVI) equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En segundo término, porque el planteamiento abolicionista que asumen los socialistas es objeto de un profundo debate en las formaciones ubicadas a la izquierda del PSOE. En Compromís o Podemos la perspectiva regulacionista también tiene un peso relevante. La propia Mónica Oltra afirmó en una entrevista concedida a este diario que "hay que respetar a las mujeres que prefieren prostituirse a limpiar pisos".
Y en tercer lugar, porque llueve sobre mojado entre ambas. Bravo y Oltra ya protagonizaron una disputa similar en agosto de 2018, cuando la primera impulsó una comisaría especializada en violencia de género y la segunda la acusó de "no conocer sus competencias ni las ajenas". Bravo respondió entonces que su proyecto no era "excluyente", que cabían iniciativas de ambos departamentos.
Justicia se pronuncia ahora en la misma línea sobre el Foro para la Abolición de la Prostitución. "La iniciativa aborda la cuestión desde el plano de la legalidad. El objetivo es abordar la propuesta legal para abolir la prostitución", indicaron a este diario fuentes de la conselleria. Igualdad, por su parte, rehusó a valorar la propuesta de Bravo.
La iniciativa
La resolución para la creación del foro que publicó el DOGV argumentó que lo impulsa Justicia "en el marco de las competencias referidas a la asistencia a las víctimas del delito y la promoción de los derechos y libertades reconocidas en la constitución y en el resto del ordenamiento jurídico".
"Estará presidido por la persona titular de la conselleria con competencias en materia de asistencia a las víctimas del delito", recoge el documento en la misma línea. "El nombramiento de las personas que compondrá cada uno de los grupos de trabajo se realizará por resolución de la persona titular de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública", agrega.
El órgano, según explicó Justicia el martes, pretende reunir durante 2021 "a entidades, personas expertas, juristas, administraciones e instituciones académicas" en los distintos grupos de trabajo. "Elaborarán un paquete de propuestas para acometer los cambios legales y las políticas asistenciales necesarias para erradicar esta forma extrema de violencia contra las mujeres", indicó la conselleria.
La inauguración contó con la participación de Concha Hurtado en representación del Frente Abolicionista. Asistieron también la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana -la socialista Gloria Calero-, y la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia, Teresa Gisbert. Oltra no fue invitada, si bien el departamento subraya que acudieron al acto representantes de Compromís y Podemos.
Gabriela Bravo (en el centro) durante la presentación del Foro para la Abolición de la Prostitución. EE
Justicia precisó que el foro derivará además "en otras iniciativas como una gran campaña de sensibilización y educación ciudadana para concienciar, especialmente a los más jóvenes". La continuidad de la pugna entre consellerias por el protagonismo en la materia, en consecuencia, está garantizada.
Gabriela Bravo precisó durante el acto que cada día en la Comunidad Valenciana "8.500 hombres pagan 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en las tres provincias". "Estamos hablando de 278 millones de euros al año, es decir, el 0,24% del Producto Interior Bruto valenciano", subrayó.