En pocos años, el elevado precio del alquiler y los problemas de acceso a la vivienda han pasado a ser la principal preocupación de los andaluces (22%) y el resto de españoles (55%).
Una situación que en última instancia ha detonado la convocatoria de elecciones generales y cuya solución divide a los gobiernos central y andaluz desde hace por lo menos un trienio.
Los decretos 'Maricarmen' son el último episodio de varios desencuentros entre ambas administraciones, con recursos cruzados, amagos de denuncias y visiones casi contrapuestas.
Diseñados al calor del desahucio de Maricarmen Abascal y las 'acampadas' en la Puerta del Sol, con extensiones en las capitales andaluzas, los dos decretos de vivienda del ejecutivo de Pedro Sánchez fueron tumbados por el Congreso.
Tras anunciar las elecciones del 29 de noviembre, Sánchez ha aprobado las iniciativas en la Diputación Permanente, algo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "fraude" y "trampa a la democracia".
El Gobierno andaluz no está dispuesto a pasar por alto este procedimiento y ha anunciado que recurrirá los decretos, según avanza la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.
Lo hace por dos motivos: por inconstitucionalidad al invadir competencias autonómicas y por "vulneración de derecho a la propiedad privada".
La consejera considera que "ya se está viendo" el efecto pernicioso de los decretos 'Maricarmen' con la retirada de viviendas del mercado y señala que el gabinete jurídico de la Junta cree factible que el recurso de inconstitucionalidad prospere.
'Guerra' de leyes
El asunto de las competencias y los estándares de regulación están en la base de buena parte de los desencuentros entre los equipos de Sánchez y Moreno en estos últimos tres años.
En 2023, la Junta llevó la Ley Estatal de Vivienda al Tribunal Constitucional, justamente por la invasión de competencias. El TS estimó parcialmente las quejas de Andalucía, aunque avaló la mayor parte de la norma.
Dos años después, fue el equipo de Sánchez el que protestó ante la Ley de Vivienda de Andalucía y alegó problemas de constitucionalidad. El Ministerio anunció un recurso, que finalmente se evitó con una comisión bilateral que pactó una serie de "ajustes técnicos".
Las discrepancias en la solución al problema de vivienda se han exacerbado en los últimos meses. Mientras Moreno apuesta por la construcción y la "gestión" para equilibrar oferta y demanda, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, ha abanderado la "intervención del mercado".
Ciudadanos o "buitres"
Montero acusa a la Junta de no aplicar la ley estatal y poner trabas a los ciudadanos en favor de los "buitres" y "especuladores".
En cambio, el Gobierno andaluz abandera una política fiscal que contribuya a abaratar los precios y en septiembre anunció una nueva rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 6,75%, que beneficiará 147.000 andaluces.
La Junta apuesta también por la desregulación para facilitar la construcción de vivienda frente a las trabas y el "infierno burocrático" de los socialistas, que obstaculizaría al mercado.
Moreno accedió a su tercer gobierno consecutivo el pasado mes de julio con la idea de hacer de esta la "legislatura de la vivienda" y la promesa de construir 20.000 pisos "asequibles".
Mientras, el Gobierno andaluz denuncia que en dos legislaturas Sánchez solo ha construido 800 viviendas públicas.