Los resultados del Informe PISA han revelado que Andalucía queda por debajo de la media española en las tres competencias analizadas: Comprensión Lectora, Ciencias y Matemáticas.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) de la Junta de Andalucía ya admitió que estos datos no eran buenos.
Ahora, la titular del departamento autonómico, María del Carmen Castillo, ha señalado que la comunidad se está fijando en los modelos educativos impartidos en "Inglaterra, Japón y Estonia". En este sentido, ha asegurado que la intención de su Gobierno es "aprender" como lo hacen estos "países con éxito".
Así lo señaló el pasado miércoles durante la presentación de las líneas estratégicas de la Consejería de cara a esta legislatura.
Cabe destacar que, según el citado informe, los alumnos andaluces de 15 años alcanzan 442 puntos en Matemáticas, 441 en Lectura y 462 en Ciencias, frente a los 457, 451 y 477 puntos registrados de media en el resto del país.
El estudio también refleja las dificultades para alcanzar los niveles básicos de competencia. En Ciencias, por ejemplo, más de la mitad del alumnado andaluz -en torno al 57%- no llega al nivel 2, considerado por la OCDE el umbral mínimo de rendimiento.
Por todo ello, desde el área de Educación trabajan en una hoja de ruta que está dividida en dos fases. La primera quiere mejorar el rendimiento y la segunda la evaluación.
Igualmente, la consejera ha defendido la necesidad de revisar los currículos y los mecanismos de valoración para mejorar el rendimiento académico, así como de reforzar la formación continua del profesorado y adaptarla a la creciente diversidad del alumnado.
También ha reclamado una financiación adecuada para las comunidades autónomas y una mayor autonomía de los centros educativos.
En palabras de la titular de Educación, los centros son quienes deben decidir sobre aspectos como el currículo, los horarios, la elección de los equipos directivos y la gestión de los recursos.
En este sentido, Castillo ha subrayado que "los recursos son más eficientes cuando deciden a qué se destinan quienes mejor conocen sus necesidades".
Alumnos con altas capacidades
Otra de las novedades que acarrea el inicio de esta legislatura en lo que a formación académica respecta es la incorporación de los alumnos de altas capacidades al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Con ello, ha asegurado la consejera, "se busca implicar a toda la comunidad educativa para potenciar el talento, asegurar la igualdad de oportunidades e impulsar la excelencia académica".
Castillo ha subrayado la inversión del Gobierno regional en este área.
Según ha destacado, "ante el incremento del 43% registrado desde 2018", se ha incrementado un 87%, convirtiéndose en el programa de Educación con mayor crecimiento.
En concreto, el presupuesto destinado a estos alumnos alcanza los 7.500 euros, casi 2.000 euros más que hace ocho años.
Asimismo, la atención a los alumnos con necesidades específicas se ha reforzado con la incorporación de 5.000 profesionales especializados, de los que 930 se han sumado este curso.
La plantilla alcanza ya cerca de 15.000 especialistas entre profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y Personal Técnico en Integración Social (PTIS). Este último colectivo es el que más ha crecido en los últimos años, con un incremento del 65,5 % desde 2018, hasta superar actualmente los 3.900 profesionales.
Convivencia en los centros
Entre los objetivos de la Consejería para los próximos cuatro años se encuentra también el bienestar emocional de alumnos y profesores.
La titular de Educación ha indicado que la convivencia y la prevención del acoso escolar "no es un problema exclusivo del aula".
No obstante, ha recordado algunas de las medidas implementadas por su departamento como el cambio de centro del agresor, una decisión tomada a raíz del suicidio de la menor sevillana Sandra Peña.
En lo que respecta al profesorado, el Gobierno andaluz ha reforzado su protección mediante el reconocimiento de la condición de autoridad pública y Unidades de Apoyo ante un conflicto, asistencia jurídica y psicológica para los docentes afectados.
