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Las claves

Una pregunta ronda la opinión pública desde el terrible aldabonazo de Barbate, con la muerte de dos guardias civiles hace más de dos años: ¿Está perdiendo terreno el Estado contra el narcotráfico?

Andalucía, por la extensión de su costa y su ubicación estratégica, es la comunidad más expuesta, hasta el punto de que el problema abarca ya "desde Ayamonte (Huelva) a Pulpí (Almería)", en palabras de Juanma Moreno.

No es una impresión personal del presidente andaluz, sino la conclusión que se extrae de la reciente memoria de la Fiscalía General del Estado, que advierte de que los viejos 'puntos calientes' del Estrecho se han quedado cortos para los narcos.

La Fiscalía alerta también de "situaciones límite" para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la "violencia cada vez más visible" en Andalucía, con bandas, a veces extranjeras, bien pertrechadas de armamento sofisticado.

Ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez? A juicio del vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, nada "a la altura de la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico en Andalucía. El Estado hace dejación de funciones".

Sin embargo, después de una primavera en que murieron dos agentes en persecución de una narcolancha en Huelva y un verano que ha registrado tres muertos por un tiroteo entre clanes en Isla Cristina, Andalucía busca soluciones.

El narco entra en la economía y los municipios

Para empezar, Juanma Moreno ha pedido al Gobierno que recurra a la Armada para defender las costas andaluzas: "Antes de que lleguemos a una situación mucho más grave, el estado tiene que reaccionar".

El presidente tilda de "exponencial" el crecimiento de este problema y avisa de que "el narco ha entrado en la economía y ha impuesto sus normas sociales en algunos municipios de Andalucía y va corrompiendo de raíz las estructuras del Estado".

De su puño y letra salió una carta el pasado 23 de agosto urgiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reactivar la unidad de élite de lucha contra el narcotráfico de la Guardia Civil OCON-Sur, desmantelada por el propio Gobierno en 2020.

Numerosos alcaldes de municipios afectados en las costas andaluzas secundan esta iniciativa, así como el promotor de aquella unidad, el general Manuel Contreras, para quien su desactivación fue "un paso atrás".

Ante el silencio de Sánchez, el PP ha llevado al Parlamento andaluz este jueves una proposición para recuperar OCON-Sur, aprobada con sus votos y los de Vox y el rechazo de las izquierdas.

Los populares alertan de que el problema ha escalado al punto de convertirse en "estructural". "El resultado de la política de Sánchez es exhibición de narcolanchas impunes en toda la costa andaluza, narcotraficantes usando Kalashnikov y lanzacohetes contra las fuerzas y cuerpos de seguridad", señala el diputado José Ignacio Romaní.

Las aspiraciones de Andalucía han convergido con Europa en la jornada de ayer.

La Eurocámara ha aprobado una resolución, no vinculante, para que las fuerzas de seguridad en primera línea contra el narco se reconozcan como profesión de "alto riesgo".

Zonas de Especial Singularidad y juzgados 'ad hoc'

Es una demanda que vienen defendiendo PP y Vox, así como la de establecer la costa andaluza y el cauce del Guadalquivir como Zona de Especial Singularidad.

Todo ello permitiría reforzar las medidas disuasorias contra el narcotráfico en el apartado de la seguridad.

Otro frente se encuentra en los juzgados. La fiscal jefe Antidroga ha reclamado esta misma semana la creación de juzgados especializados ante el problema "estructural" del narcotráfico, como ya se hizo con la violencia de género.

Rosa Ana Morán no duda del desafío que supone para el Estado el auge de esta problemática, hasta el punto de asegurar en una entrevista en Canal Sur que "la sociedad andaluza tiene que reaccionar como ocurrió en Galicia".