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Las claves

El Gobierno andaluz quiere cerrar la polémica generada tras hacerse cargo Vox de las competencias técnicas del área de Justicia vinculadas a la violencia de género como las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), que las seguirán haciendo médicos forenses.

"El compromiso es firme y claro", ha asegurado la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Andalucía, Loles López. De este departamento seguirán dependiendo el resto de cuestiones, como la prevención, las ayudas y la detección de los casos.

El nivel ha subido después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya remitido este jueves una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para pedirle una reunión urgente y "una rectificación".

En la misiva, la ministra ha trasladado "la profunda preocupación" de su departamento ante esta situación y la consejera le ha pedido "lealtad institucional".

Además, en su red social X la consejera le responde también a la ministra recordándole que su gobierno aplicó la Ley del Sólo es Sí "poniendo en la calle a violadores" y el fallo de las pulseras y del sistema Viogen.

Además, desde la Junta remarcan que "las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan actualmente con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral".

En concreto, el servicio en cuestión es el de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), unos informes que seguirán siendo realizados por los profesionales, como médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, sujetos a normas técnicas y deontológicas.

Además, los jueces seguirán siendo los responsables de valorar las pruebas y adoptar las decisiones pertinentes.

Además, todo ello deberá hacerlo siempre dentro de los límites legales y respetando la normativa estatal sobre violencia de género y las funciones que los Institutos de Medicina Legal tienen atribuidas por la normativa estatal.

Porque en ningún caso Vox no podrá modificar la ley, aunque sí podrá decidir sobre los presupuestos de la Consejería. Por el momento, desde Vox han declinado pronunciarse al respecto.

El PSOE andaluz también ha entrado en liza. La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha registrado una petición de comparecencia urgente en el Parlamento autonómico para que el nuevo vicepresidente de Vox aclare cuáles son sus planteamientos en torno a la violencia de género en Andalucía.

Medidas contra la violencia de género

Por su parte, la Junta ha insistido en un comunicado en las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Junta contra la violencia de género.

La consejera recuerda que el Gobierno de Juanma Moreno Andalucía ha aprobado por primera vez la prestación económica para los hijos e hijas menores de edad de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Una ayuda que ha recibido medio centenar de personas y que desde el pasado 1 de enero se ha ampliado a todas aquellas huérfanas y huérfanos hasta que alcancen los 26 años.

Además, ha destacado la apertura de los ocho centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y la formación a más de 4.000 profesionales de todos los sectores implicados -personal sanitario, servicios sociales, de juventud, empleo, Protección Civil…-

También la elaboración de un Catálogo de recursos de la Junta de Andalucía y el acuerdo de colaboración entre el teléfono andaluz de atención a las mujeres, el 900 200 999, y el sistema de emergencias 112, entre otros.

A su vez, ha puesto en valor el trabajo permanente en la sensibilización y concienciación con campañas periódicas. Desde la pasada legislatura se han puesto en marcha 25 campañas, doce sobre igualdad y trece sobre violencia de género, muchas de ellas centradas en la juventud y el mundo digital.

"Recursos, programas y servicios que vamos a seguir consolidando, mejorando y ampliando para mejorar la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos", ha asegurado.

Por último, la consejera ha defendido "la unidad de toda la sociedad, la lealtad institucional entre administraciones y la altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas como elementos imprescindibles para desterrar esta lacra de la violencia machista que impide a las mujeres ser libres e iguales".