La Audiencia de Sevilla condena a tres años y un día de prisión a Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, por conceder una ayuda irregular de 262.500 euros a Consyproan S.L.
El tribunal considera probado que Rivera autorizó la subvención sabiendo que no cumplía los requisitos legales y que no iba a ser fiscalizada.
El administrador de Consyproan también ha sido condenado a 22 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por su cooperación y por aportar documentación falsa.
La empresa no justificó el uso del dinero, ni se realizó control posterior. Consyproan devolvió el importe íntegro de la ayuda tras entrar en concurso de acreedores.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una nueva pieza del caso ERE.
El motivo es la concesión de forma irregular de una ayuda pública de 262.500 euros a la empresa Consyproan S.L., con sede en Lebrija.
La sentencia, dictada por la Sección Tercera y notificada este lunes, considera probado que Rivera autorizó la subvención pese a conocer que no cumplía los requisitos legales y que no iba a ser sometida a fiscalización previa.
El tribunal lo condena por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, además de imponerle seis años y un día de inhabilitación absoluta.
También ha sido condenado el administrador único de Consyproan, que reconoció los hechos durante el juicio y aceptó las penas pactadas con la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia le impone 22 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por cooperar en la concesión irregular de la ayuda y aportar documentación falsa para aparentar legalidad.
Problemas de solvencia
Según recoge la resolución judicial, la empresa atravesaba problemas de liquidez por la crisis del sector de la construcción y solicitó inicialmente una ayuda de 2,2 millones de euros para afrontar pagos de nóminas y seguros sociales.
Aunque la cantidad finalmente aprobada fue muy inferior, 350.000 euros, la Junta llegó a abonar un primer pago de 262.500 euros a través de la Agencia IDEA.
Los magistrados sostienen que la concesión de la ayuda se realizó "al margen de los procedimientos legalmente establecidos" y sin expediente administrativo real. De hecho, la sentencia afirma que el supuesto expediente era apenas "un hato de papeles" que no alcanzaba siquiera la categoría de expediente administrativo.
El tribunal considera acreditado que en las resoluciones firmadas por Rivera se introdujeron afirmaciones falsas para dar "apariencia de legalidad", asegurando que la ayuda había sido fiscalizada y que la documentación era conforme a derecho, algo que nunca ocurrió.
La Audiencia destaca además que, tras recibir el dinero, la empresa no justificó el destino de los fondos y que tampoco se realizó ningún control posterior por parte de la Dirección General de Trabajo.
Consyproan entró en concurso de acreedores en 2011. Durante el proceso concursal se devolvió a la Junta la mitad del dinero recibido y, antes del inicio del juicio, el administrador de la empresa consignó el resto de la cantidad para completar la devolución íntegra de la ayuda pública.