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El Juzgado número 13 de Sevilla ha archivado la investigación contra tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud por los contratos de emergencia durante la pandemia.
La denuncia, presentada por el PSOE y apoyada por Podemos, acusaba al Gobierno andaluz de adjudicar irregularmente 242 millones de euros en contratos.
El juez no aprecia delito en el uso sistemático de la contratación de emergencia, incluso cuando decayó el decreto ley que lo permitía durante la Covid-19.
Los investigados defendieron que actuaron para atender las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia y con el respaldo técnico del SAS y la Consejería de Salud.
El Juzgado número 13 de Sevilla ha archivado la investigación contra tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de la actual, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel García Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega.
Estos estaban siendo investigados por los contratos de emergencia de obras y servicios que adjudicó el Gobierno de Juanma Moreno durante la pandemia de la Covid-19 tras una denuncia interpuesta por el PSOE.
Según reza en el auto consultado por EL ESPAÑOL, el titular del juzgado ha resuelto que no aprecia delito en la utilización sistemática de la figura jurídica de la contratación de emergencia cuando ya había decaído el decreto ley establecido durante la pandemia. Este permitía saltarse los procedimientos ordinarios para hacer frente a la crisis sobrevenida.
El PSOE interpuso la denuncia al considerar que el Gobierno andaluz habría gastado 242 millones de euros en contrataciones adjudicadas irregularmente. A esta denuncia se sumó posteriormente Podemos.
Durante la instrucción el juez tomó declaración en calidad de investigados a los tres investigados, quienes aseguraron que actuaron siempre con la conformidad de los servicios técnicos del SAS y de la Consejería de Salud.
Señalaron que mantener estos contratos de emergencia sólo respondió a la necesidad de seguir atendiendo todas las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia, ya que el sistema "seguía sufriendo una enorme tensión".
Precisaron además que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no decretó el fin de la pandemia hasta el año 2023.
Por su parte, en la denuncia los socialistas se basaban en dos informes elaborados por sendas interventoras del SAS en los que alertaban de que utilizar la contratación de emergencia como método recurrente para la adjudicación de obras y servicios "carecía de base legal".
Sin embargo, en el citado auto el juez no aprecia delito en la utilización sistemática de la figura jurídica creada para atender las urgencias de la pandemia.