Las claves

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La nueva Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor el próximo 24 de enero. La norma, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), supone un impulso a las viviendas protegidas y la reducción de burocracia en la construcción.

Además, según la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, hay otros dos puntos clave en esta nueva ley: mayor seguridad jurídica para evitar okupas y facilitar la disponibilidad del suelo para construir.

El objetivo del Gobierno andaluz, señalan fuentes del departamento que dirige Rocío Díaz, es el de "crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler".

Así, la norma crea "las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda". Ahí "se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación", indican desde Fomento.

La ley, añaden las mismas fuentes, busca la colaboración público-privada para mejorar el ritmo de construcción de viviendas y ampliar la oferta.

Comisión

Para el seguimiento de esta cuestión, el Gobierno andaluz creará, gracias a esta norma, una "comisión de colaboración público-privada".

La ley también plantea buscar "el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente".

Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos.

La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.

Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables.

En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La norma establece, dentro del marco de sus competencias, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación.

La norma incorpora varias de las medidas urgentes del Decreto-ley ya en vigor, salvo aquellas de carácter temporal (cinco años) como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

Zonas de demanda

Un Decreto-ley al que se han adherido ya cerca de 80 municipios andaluces que representan a más de la mitad de la población andaluza y que se localizan en las zonas donde se detecta una mayor demanda de viviendas.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor. Con esta ley, se busca corregir los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, que ha tenido como efectos la subida de precios, la caída de la oferta, la incertidumbre jurídica del propietario o el aumento de la ocupación.

La Ley de Vivienda de Andalucía contribuye, por último, a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.